Javier Rufino Rus (Sevilla, 61 años) es desde abril el Fiscal de Sala Coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado. Su carrera en el ministerio público comenzó en 1991 y durante 14 años ejerció como fiscal delegado de Medio Ambiente en Sevilla. Ahora, con esa valiosa experiencia a cuestas, accede a este puesto de coordinación tomando el relevo al recientemente fallecido Antonio Vercher, que estuvo al frente de esta unidad desde su creación en 2006. “Fue un hombre de muchas luces, además de muy audaz”, dice Rufino sobre Vercher.
El nuevo responsable de los 200 fiscales ambientales de España lamenta la respuesta “deficiente” de algunas administraciones y confederaciones ante el robo del agua
Javier Rufino Rus (Sevilla, 61 años) es desde abril el Fiscal de Sala Coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado. Su carrera en el ministerio público comenzó en 1991 y durante 14 años ejerció como fiscal delegado de Medio Ambiente en Sevilla. Ahora, con esa valiosa experiencia a cuestas, accede a este puesto de coordinación tomando el relevo al recientemente fallecido Antonio Vercher, que estuvo al frente de esta unidad desde su creación en 2006. “Fue un hombre de muchas luces, además de muy audaz”, dice Rufino sobre Vercher.
Pregunta. ¿En qué hará usted hincapié en su mandato?
Respuesta. Fundamentalmente, en dar apoyo a los 204 fiscales especialistas en Medio Ambiente que hay en España. Eso es un apoyo policial, que tengan los recursos suficientes para que ejerzan sus funciones de dirección de policía judicial, y, sobre todo, un apoyo científico, pericial, para los asuntos de mayor complejidad, como la delincuencia organizada y los delitos transnacionales.
P. Suena a que se necesita más personal, ¿su unidad está infradotada?
R. Se ha hecho un esfuerzo muy grande por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y otras administraciones, también del Seprona. Pero las necesidades en materia de delincuencia medioambiental han crecido mucho en los últimos años y, o damos respuesta a ellas, o nos quedamos atrás.
P. ¿Se está volviendo más compleja la delincuencia ambiental?
R. Sí. También hay una mayor concienciación ciudadana y, por tanto, nos llegan más denuncias de particulares y asociaciones. Pero es que además el fenómeno de la delincuencia medioambiental tiene matices nuevos, como por ejemplo la delincuencia organizada, la más complicada de perseguir. Puede servir de ejemplo el tráfico de residuos peligrosos o el tráfico ilegal de especies exóticas.
P. Ese tipo de delincuencia mueve además mucho dinero. ¿Cree que la sociedad es consciente de ello?
R. Sí, mueve mucho. En materia de delincuencia ambiental hay temas muy graves e importantes como, por ejemplo, la sobreexplotación de acuíferos, el robo de agua y la deficiente depuración de aguas residuales. Son fenómenos que parece que al ciudadano le son algo abstractos porque no le afectan el día a día, o es difícil que vean cómo les afecta. Sin embargo, sí hay una sensibilidad muy inmediata y concreta en otros fenómenos como los delitos contra la fauna o los de maltrato animal.
P. El robo de agua en Doñana parece que nunca se logra atajar. ¿Qué ha fallado?
R. El abuso por sobreexplotación de acuíferos ha sido generalizado y la respuesta administrativa no ha sido suficiente. Y, en el caso de algunas confederaciones hidrográficas, ha sido deficiente. Hay que decirlo así. Esta tendencia está cambiando y en los últimos años hay una mayor implicación de las administraciones. Pero no solo ocurre en Doñana, ocurre también en el mar Menor y desde hace mucho tiempo en las Tablas de Daimiel. Es un problema endémico en España y tan importante que no basta un periodo de lluvias de un año, ni de tres, para recuperar un acuífero. En algunos casos se necesitan centenares de años.
P. Cuando habla de la mala actuación de algunas confederaciones, ¿se refiere al caso de Doñana?
R. Me refiero a varias cuencas. Empecé a trabajar en esto hace 21 años y he visto una mejora, aunque desgraciadamente en muchos casos a base de denuncias, querellas y noticias de prensa. Esto no debería ser así. De todas maneras, la respuesta en los últimos tiempos empieza a ser más favorable y de mayor asunción de las responsabilidades por parte de las administraciones.
P. Esta fiscalía nació en pleno boom del ladrillo, con graves problemas de corrupción y desmanes urbanísticos. ¿Puede volver a ocurrir?
R. En 1995, el propio legislador reconoció el fracaso del derecho administrativo sancionador y decidió incorporar al Código Penal esas conductas como delitos. Las iniciativas llevadas a cabo, sobre todo desde la Fiscalía con el respaldo de la Sala Segunda del Tribunal Supremo desde el principio de este milenio, han permitido que la delincuencia medioambiental haya tenido al menos su castigo y haya una concienciación mucho mayor para controlar la legalidad urbanística de los ayuntamientos. Ha habido infinidad de condenas por prevaricación, miles de condenas por delitos urbanísticos a particulares y esto ha hecho que la situación haya cambiado. Pero en absoluto es un problema zanjado. En 2025, los fiscales especialistas han impulsado 624 acusaciones por delitos contra la ordenación del territorio y se han dictado 359 condenas. No está zanjado desde el punto de vista penal y me temo que va a ser una lucha permanente. Pero los fiscales estamos no solamente empeñados en la persecución de delitos, sino en la reparación al interés público, que pasa por la restauración del medio ambiente y la demolición sistemática de las construcciones ilegales. Porque si no, todo el esfuerzo policial, judicial y las investigaciones de los fiscales no sirven para nada. Es puro derecho penal simbólico. Necesitamos ejecutar las penas y, sobre todo, las responsabilidades civiles derivadas del delito.
P. ¿Las demoliciones son una asignatura pendiente?
R. Sí, es una asignatura pendiente. En ocasiones se recurre a la autodemolición por parte de los infractores como modo de conseguir una rebaja de las penas. Pero cuando eso no es así, los fiscales de las provincias se encuentran con un problema muy grave para la ejecución de las condenas.
P. Los ayuntamientos muchas veces no quieren ejecutar las demoliciones.
R. Sí, o alegan falta de recursos materiales sin acudir a las diputaciones provinciales para que les auxilien. O los condenados alegan una insolvencia cuando en realidad la inmensa mayoría de estas construcciones eran segundas viviendas, aunque esto empieza a cambiar. Y en ocasiones el problema es la lentitud de la propia justicia, lo que no es más que un fracaso también del sistema.
P. Debe de ser muy frustrante no conseguir que se ejecuten estas demoliciones.
R. El problema es que las herramientas legales existen desde el principio, antes de que se terminen las construcciones. Si un ayuntamiento ejerce sus competencias en materia de legalidad urbanística y adopta medidas cautelares, precintando una obra o interviniendo la maquinaria, cortando los suministros de agua y luz, o impidiendo el acceso a la zona que está ilegalmente parcelada, este problema no lo tendríamos.
P. A lo mejor precintar las obras quita votos…
R. Probablemente sea eso, la cercanía del ciudadano infractor con sus autoridades municipales.
P. El pasado verano fue el peor en cuanto a incendios en España desde los años noventa.
R. Sí, el número de grandes incendios forestales de 2025 fue alarmante: 63. Esos son los incendios de más de 500 hectáreas de superficie. Ese 63 puede que no diga mucho, pero es el doble de la media de los últimos 10 años. Es un dato muy preocupante. La tendencia de aumento de los grandes incendios forestales está motivada en buena parte por el abandono de las zonas rurales, de la ganadería y la agricultura extensiva, por el aumento de la zona boscosa, por la mayor presión y, desde luego, por el calentamiento global. Me sigue sorprendiendo que haya personas que nieguen este fenómeno. No dejo de llevarme las manos a la cabeza al pensar que hay personas que niegan tajantemente la existencia del calentamiento global cuando se está produciendo esto ya un año sí y otro también.
P. ¿Para la Fiscalía cómo fue 2025 en cuanto a incendios?
P. Hubo 117 escritos de acusación, que procedían de investigaciones de 2025 y años anteriores, y 86 condenas por delitos de incendio forestal. El incendio forestal, desde el punto de vista penal, tiene un doble problema. Primero, el espacio donde se produce: en un bosque es difícil averiguar cuál es la causa del incendio. Y, segundo, por la identificación del autor. Pero cuando se habla de incendios forestales no es suficiente abordar la extinción del fuego, donde la Administración está invirtiendo muchísimo más que antes. Tampoco la respuesta es la vía penal. El problema es colectivo y tiene que ver con la educación y, sobre todo, con la prevención.
P. ¿Desde su perspectiva como fiscal, existen en España tramas de incendiarios?
R. Este asunto vuelve cada vez que hay incendios, pensando en que el problema se puede atajar desde el Código Penal. Pero creo que se exagera esta figura. Es posible que haya existido alguna trama, o que haya algunos incendios intencionados provocados por rencillas o por personas a las que ya no se les contrata para la extinción de fuegos. Pero creo que es una figura muy exagerada. Desde el punto de vista penal no nos constan esas tramas fantasmales. Sobre todo, cuando se relacionan con unas supuestas reclasificaciones urbanísticas que no son posibles con la Ley de Montes en la mano.
P. ¿Qué le parece aquella idea que surgió el verano pasado de crear un registro nacional de pirómanos?
R. Desde el punto de vista penal, no tiene un especial valor para nosotros.
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