Los abogados de Harvard y los de la Administración de Donald Trump se han encontrado este lunes por primera vez desde que empezó la ofensiva de la Casa Blanca contra las universidades. Con su plante ante las exigencias de Washington, que ha congelado más de 2.600 millones en subvenciones y contratos por la respuesta de la institución al supuesto antisemitismo en su campus, Harvard, la universidad más antigua y rica del país, se ha convertido en símbolo de la resistencia en una guerra que va más allá de las proclamas propalestinas proferidas en la gran movilización estudiantil contra la guerra de Gaza que recorrió EE UU en la primavera de 2024, y que amenaza con yugular la libertad de expresión e incluso la de cátedra.
La Casa Blanca, que ha congelado 2.600 millones de dólares a la universidad con el argumento de que tolera el antisemitismo en su campus, insiste en que puede repartir las subvenciones como desee
Los abogados de Harvard y los de la Administración de Donald Trump se han encontrado este lunes por primera vez desde que empezó la ofensiva de la Casa Blanca contra las universidades. Con su plante ante las exigencias de Washington, que ha congelado más de 2.600 millones en subvenciones y contratos por la respuesta de la institución al supuesto antisemitismo en su campus, Harvard, la universidad más antigua y rica del país, se ha convertido en símbolo de la resistencia en una guerra que va más allá de las proclamas propalestinas proferidas en la gran movilización estudiantil contra la guerra de Gaza que recorrió EE UU en la primavera de 2024, y que amenaza con yugular la libertad de expresión e incluso la de cátedra.
En un tribunal federal de Boston, y ante la jueza Allison Burroughs —nombrada por el demócrata Barack Obama—, los abogados de la universidad han argumentado que la congelación de fondos no sólo es ilegal y debe revertirse, sino que los recortes amenazan investigaciones vitales en medicina (como tratamientos para el cáncer y la enfermedad de Párkinson, entre otras), ciencia y tecnología. La demanda tiene como objetivo bloquear el deseo de la Administración republicana de retener ese dinero “para obtener el control de la toma de decisiones académicas en Harvard”.
Uno de los abogados de Harvard argumentó que la Administración republicana ha violado algunas de las normas legales más esenciales del país en su ataque a la universidad, es decir, una “violación flagrante e impenitente de la Primera Enmienda”. Harvard fue representada por varios letrados, entre ellos uno que participó como asesor en la investigación especial sobre el manejo de documentos clasificados por el presidente demócrata Joe Biden. Por parte de la Administración de Trump solo acudió un abogado. La jueza Burroughs, a la que el presidente desacreditó este lunes en su red social Truth calificándola de “un completo DESASTRE”, no se ha pronunciado en la vista. Su decisión será probablemente recurrida por la parte perjudicada: o le da la razón a Harvard o se la da a la Casa Blanca, no caben opciones intermedias. “Cuando falle contra nosotros, vamos a RECURRIR inmediatamente, y a GANAR”, ha asegurado Trump en Truth.
La jueza, que ya falló a favor de Harvard en el caso de la admisión de alumnos extranjeros —algo que la Casa Blanca quiso impedir, también como medida de presión—, centró el debate de una manera muy simple. “Supongamos, por el bien del argumento [del Gobierno], que Harvard no se ha cubierto de gloria en el tema del antisemitismo”, dijo Burroughs, que es judía. “¿Cuál es entonces la relación entre el antisemitismo y la supresión, por ejemplo, de la financiación de la investigación sobre el cáncer?”, se preguntó de forma retórica. “No estás quitando subvenciones a laboratorios que han sido antisemitas”. El abogado de la Casa Blanca respondió que la Administración tiene la facultad de repartir las subvenciones como considere. “El Gobierno no quiere financiar la investigación en instituciones que no abordan el antisemitismo a su gusto”, dijo.
La cancelación de cientos de subvenciones a proyectos de investigación por considerar que la institución no ha hecho nada para impedir el supuesto acoso a estudiantes judíos en su campus fue la primera de las sanciones contra Harvard, en abril (un mes después de retirar 400 millones de fondos a Columbia). Posteriormente, la Casa Blanca ha tratado de impedir el acceso de estudiantes extranjeros a sus aulas, una medida rechazada por la jueza de Boston; amenazado el estatus de acreditación de Harvard y abierto la puerta a recortar más fondos, hasta un total de 9.000 millones, por la supuesta violación por la universidad de la ley federal de derechos civiles. Para la Casa Blanca, no se trata sólo de combatir el supuesto antisemitismo, también de erradicar los criterios DEI (siglas en inglés de diversidad, equidad e inclusión de las minorías) y, en suma, de todo aquello que suene a liberal o progresista.
Además, el Congreso, de mayoría republicana, ha aumentado desde el 1,4% al 8% el impuesto federal sobre los rendimientos del capital (los 53.000 millones de dólares de dotación o endowment, cartera que sirve para financiar de forma estable una parte de la actividad universitaria) de la universidad. Los ingresos procedentes de la dotación cubren el 40% del presupuesto operativo de Harvard.
Harvard ha decidido plantar cara a la presión de la Administración de Trump, mientras otras universidades, como Columbia, han optado por contemporizar con las exigencias de la Casa Blanca. La semana pasada, la universidad neoyorquina, perteneciente también, como Harvard, a la prestigiosa Ivy League, comunicó a sus alumnos que ha adoptado la definición oficial de antisemitismo —la establecida por la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto— y que rechaza cualquier diálogo con los estudiantes propalestinos que el año pasado levantaron dos campamentos consecutivos en su campus principal. Ambos fueron desalojados por la policía, que también acabó con la ocupación por los manifestantes propalestinos de un edificio del campus.
El gesto de Columbia demuestra, a diferencia de Harvard, su intención de no litigar para recuperar los 400 millones de fondos federales para investigación congelados por el Gobierno por la, a su juicio, insuficiente respuesta de la institución a supuestas manifestaciones de antisemitismo en el campus.
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