«Es preocupante que la representación legal de la Hacienda Pública española publique en redes sociales con tono triunfalista que, ante la Audiencia Nacional, ha conseguido evitar la devolución de más de 6.000 millones de euros cobrados indebidamente a los ciudadanos a través del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos». Así lo ha denunciado la Asociación Española de Asesores Fiscales, Aedaf, que ha cargado contra los abogados del Estado por celebrar a través de las redes sociales la desestimación por parte de la Justicia de varios recursos interpuestos por empresas del sector de hidrocarburos, en los que solicitaban la devolución a su favor de casi 6.000 millones de euros correspondientes al tramo autonómico que las empresas liquidan ante Hacienda.
En el mensaje, difundido en LinkedIn, la Abogacía General expresaba que «con un importe total en juego de casi 6.000 millones más intereses, estas sentencias representan un hito notable en la defensa judicial de los recursos públicos y en la identificación correcta de quienes realmente asumen las cargas fiscales».
Se olvidan estos altos funcionarios de que los verdaderos perdedores no han sido las compañías petroleras, sino los ciudadanos, ya que al resolverse que no procede la devolución del tramo autonómico de hidrocarburos a las operadoras al quedar acreditado que lo repercutieron a sus clientes
– puesto que los «efectos negativos sobre su patrimonio habrían sido neutralizados y acceder a su petición de devolución supondría un enriquecimiento injusto»– se cierra la puerta a que se devuelva a los que realmente han asumido el coste: los contribuyentes.
Los asesores fiscales destacan que esos fondos se recaudaron aplicando un tramo autonómico que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya declaró contrario al Derecho comunitario. Por tanto, entienden que lo que se presenta como una victoria judicial del Estado sobre las grandes compañías es, en realidad, «un nuevo ejemplo de un sistema fiscal en el que la vulneración de los derechos de millones de contribuyentes a través de la aprobación de tributos contrarios a la Constitución o al Derecho de la Unión no da lugar a devolución ni responsabilidad alguna del Estado».
Por ello, consideran que «no se puede aplaudir que el Estado se quede con un dinero cobrado ilegalmente, escudándose en tecnicismos sobre la traslación económica del impuesto» y recuerda que son los ciudadanos quienes han pagado el impuesto. «Si alguien se ha enriquecido indebidamente ha sido la Hacienda Pública española». Creen que esta defensa de los intereses del Estado no solo es «inapropiada e inoportuna», sino que vuelve a plantear «serias dudas» sobre el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con «los principios del Derecho de la Unión Europea».
Aedaf denuncia que ha cobrado «ilegalmente» ese dinero que reclamaban las operadoras, al habérselo repercutido ya en el precio del combustible con antelación. Hacienda se niega a devolverlo amparándose en una sentencia de la Audiencia Nacional
«Es preocupante que la representación legal de la Hacienda Pública española publique en redes sociales con tono triunfalista que, ante la Audiencia Nacional, ha conseguido evitar la devolución de más de 6.000 millones de euros cobrados indebidamente a los ciudadanos a través del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos». Así lo ha denunciado la Asociación Española de Asesores Fiscales, Aedaf, que ha cargado contra los abogados del Estado por celebrar a través de las redes sociales la desestimación por parte de la Justicia de varios recursos interpuestos por empresas del sector de hidrocarburos, en los que solicitaban la devolución a su favor de casi 6.000 millones de euros correspondientes al tramo autonómico que las empresas liquidan ante Hacienda.
En el mensaje, difundido en LinkedIn, la Abogacía General expresaba que «con un importe total en juego de casi 6.000 millones más intereses, estas sentencias representan un hito notable en la defensa judicial de los recursos públicos y en la identificación correcta de quienes realmente asumen las cargas fiscales».
Se olvidan estos altos funcionarios de que los verdaderos perdedores no han sido las compañías petroleras, sino los ciudadanos, ya que al resolverse que no procede la devolución del tramo autonómico de hidrocarburos a las operadoras al quedar acreditado que lo repercutieron a sus clientes
– puesto que los «efectos negativos sobre su patrimonio habrían sido neutralizados y acceder a su petición de devolución supondría un enriquecimiento injusto»– se cierra la puerta a que se devuelva a los que realmente han asumido el coste: los contribuyentes.
Los asesores fiscales destacan que esos fondos se recaudaron aplicando un tramo autonómico que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya declaró contrario al Derecho comunitario. Por tanto, entienden que lo que se presenta como una victoria judicial del Estado sobre las grandes compañías es, en realidad, «un nuevo ejemplo de un sistema fiscal en el que la vulneración de los derechos de millones de contribuyentes a través de la aprobación de tributos contrarios a la Constitución o al Derecho de la Unión no da lugar a devolución ni responsabilidad alguna del Estado».
Por ello, consideran que «no se puede aplaudir que el Estado se quede con un dinero cobrado ilegalmente, escudándose en tecnicismos sobre la traslación económica del impuesto» y recuerda que son los ciudadanos quienes han pagado el impuesto. «Si alguien se ha enriquecido indebidamente ha sido la Hacienda Pública española». Creen que esta defensa de los intereses del Estado no solo es «inapropiada e inoportuna», sino que vuelve a plantear «serias dudas» sobre el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con «los principios del Derecho de la Unión Europea».
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