La exclusión financiera es una realidad que afecta a muchas personas en nuestro país, sobre todo a los más mayores. Y es que en una sociedad cada vez más digitalizada, este colectivo se enfrenta a numerosas barreras para acceder a servicios bancarios básicos en España. Esta situación se agrava aún más en las zonas rurales, donde operar con sus bancos parece misión imposible.
No obstante, tal y como explican desde el Banco de España (BdE), «todos los clientes bancarios, sean cuales sean sus particularidades, tienen derecho a disfrutar de los servicios financieros». Es por ello que, en los últimos años, se han impulsado medidas públicas y privadas para evitar la exclusión financiera. Entre estas iniciativas, el Gobierno ha impulsado nuevas medidas para proteger a este colectivo.
Desde el pasado 28 de junio de 2025 todos los nuevos cajeros automáticos que se instalen en España deberán cumplir ciertos requisitos para asegurar su uso universal, según lo establecido en la Ley 11/2023, de accesibilidad y otras materias. Por tanto, desde esa fecha, los dispositivos que se instalen deberán incorporar sistemas de voz, compatibilidad con audífonos, avisos visuales y sonoros, controles táctiles accesibles y un diseño que permita su uso sin necesidad de activar ajustes especiales. Algunas de las novedades más importantes son la ampliación del tamaño de la letra, la aparición de audioguía y el rediseño en la interfaz y el menú. Además, todos los cajeros actuales deberán adaptarse antes del 29 de junio de 2030.
47.000 cajeros
Actualmente, en España hay alrededor de 47.000 cajeros automáticos e introducir los cambios para conseguir la máxima accesibilidad está entre los 1.500 y los 3.000 euros por unidad.
Además, la misma normativa exige que toda la información proporcionada por los bancos a los clientes -contratos, avisos y documentación- debe estar redactada en un lenguaje claro y comprensible, Esta también se debe ofrecer en formatos accesibles como braille o versiones digitales compatibles con lectores de pantalla.
Los nuevos contratos firmados a partir del 28 de junio de 2025 deberán cumplir con estos requisitos de accesibilidad. Por su parte, los anteriores podrán mantenerse sin cambios, pero no podrán prorrogarse más allá del 28 de junio de 2030 si no se adaptan.
«Con estas medidas, se busca garantizar que todas las personas, independientemente de sus capacidades, puedan acceder y utilizar los servicios financieros en igualdad de condiciones», sentencia el Banco de España.
En España hay alrededor de 47.000 cajeros automáticos
La exclusión financiera es una realidad que afecta a muchas personas en nuestro país, sobre todo a los más mayores. Y es que en una sociedad cada vez más digitalizada, este colectivo se enfrenta a numerosas barreras para acceder a servicios bancarios básicos en España. Esta situación se agrava aún más en las zonas rurales, donde operar con sus bancos parece misión imposible.
No obstante, tal y como explican desde el Banco de España (BdE), «todos los clientes bancarios, sean cuales sean sus particularidades, tienen derecho a disfrutar de los servicios financieros». Es por ello que, en los últimos años, se han impulsado medidas públicas y privadas para evitar la exclusión financiera. Entre estas iniciativas, el Gobierno ha impulsado nuevas medidas para proteger a este colectivo.
Desde el pasado 28 de junio de 2025 todos los nuevos cajeros automáticos que se instalen en España deberán cumplir ciertos requisitos para asegurar su uso universal, según lo establecido en la Ley 11/2023, de accesibilidad y otras materias. Por tanto, desde esa fecha, los dispositivos que se instalen deberán incorporar sistemas de voz, compatibilidad con audífonos, avisos visuales y sonoros, controles táctiles accesibles y un diseño que permita su uso sin necesidad de activar ajustes especiales. Algunas de las novedades más importantes son la ampliación del tamaño de la letra, la aparición de audioguía y el rediseño en la interfaz y el menú. Además, todos los cajeros actuales deberán adaptarse antes del 29 de junio de 2030.
47.000 cajeros
Actualmente, en España hay alrededor de 47.000 cajeros automáticos e introducir los cambios para conseguir la máxima accesibilidad está entre los 1.500 y los 3.000 euros por unidad.
Además, la misma normativa exige que toda la información proporcionada por los bancos a los clientes -contratos, avisos y documentación- debe estar redactada en un lenguaje claro y comprensible, Esta también se debe ofrecer en formatos accesibles como braille o versiones digitales compatibles con lectores de pantalla.
Los nuevos contratos firmados a partir del 28 de junio de 2025 deberán cumplir con estos requisitos de accesibilidad. Por su parte, los anteriores podrán mantenerse sin cambios, pero no podrán prorrogarse más allá del 28 de junio de 2030 si no se adaptan.
«Con estas medidas, se busca garantizar que todas las personas, independientemente de sus capacidades, puedan acceder y utilizar los servicios financieros en igualdad de condiciones», sentencia el Banco de España.
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