Uno de los rasgos más definitorios de la política económica del Gobierno de Pedro Sánchez ha sido el incremento exponencial del gasto público. Un aumento que, lejos de responder a una estrategia coherente de fortalecimiento del potencial productivo de la economía española, se ha caracterizado por una asignación ineficiente de los recursos, priorizando el gasto corriente y políticamente rentable frente a la inversión productiva y el mantenimiento de las infraestructuras.
Conviene subrayar una idea básica que, sin embargo, parece haberse diluido en el debate público: no todo gasto público es igual. Desde el punto de vista económico, la clave no está en gastar más, sino en gastar mejor, que permita limitarlo gracias a la eficiencia en la gestión. Y es precisamente en este punto donde la actuación del actual Ejecutivo resulta especialmente criticable.
España ha asistido en los últimos años a un crecimiento muy significativo del gasto estructural: más empleo público, más transferencias, más subvenciones, más programas de dudosa eficacia económica, más subsidios, más red clientelar que destroza la economía productiva. Todo ello financiado, en buena medida, mediante un aumento de la presión y del esfuerzo fiscales y un recurso intensivo al endeudamiento, que se encuentra desorbitado. Sin embargo, ese esfuerzo presupuestario no se ha traducido en un refuerzo proporcional de la inversión pública, ni en una mejora sustancial del capital público existente.
Las infraestructuras -carreteras, ferrocarriles, redes hidráulicas, infraestructuras energéticas o equipamientos públicos- constituyen uno de los pilares fundamentales del crecimiento a largo plazo. Son un factor clave de competitividad, cohesión territorial y eficiencia económica. Su correcta conservación y modernización no es una opción ideológica, sino una necesidad técnica. Y, sin embargo, han sido sistemáticamente postergadas.
El deterioro progresivo de muchas infraestructuras en España no es una cuestión anecdótica ni puntual. Es la consecuencia lógica de años de infradotación en mantenimiento, de retrasos en inversiones necesarias y de una clara falta de prioridad presupuestaria. Mientras el gasto corriente crecía a tasas muy superiores al crecimiento económico, la inversión pública se mantenía estancada o incluso descendía en términos reales o de necesidades de capacidad instalada.
Este fenómeno resulta especialmente grave porque el gasto en infraestructuras no sólo tiene un efecto directo sobre la actividad económica, sino también un impacto multiplicador elevado, además de ser necesario, que es lo fundamental, para preservar la seguridad de la utilización de las infraestructuras y para no desperdiciar el capital ya invertido, ya que sin mantenimiento no se pueden utilizar adecuadamente y con seguridad. Genera empleo, mejora la productividad del sector privado y reduce costes a largo plazo. Renunciar a él implica hipotecar el crecimiento futuro para sostener un presente artificialmente inflado por gasto improductivo.
El Gobierno ha justificado este modelo en nombre de la “protección social” y de la “justicia redistributiva”. Sin embargo, una política verdaderamente social no puede ignorar que sin crecimiento sostenido no hay bienestar duradero. El gasto improductivo puede generar réditos políticos a corto plazo, pero no crea bases sólidas para una economía más fuerte ni más resiliente.
Además, esta estrategia presenta un problema adicional: tensa el presupuesto. Al incrementar el peso del gasto estructural improductivo difícilmente reversible, se reduce el margen de maniobra futuro. Cuando lleguen -como siempre llegan- nuevas crisis económicas o tensiones financieras, el ajuste será más doloroso precisamente porque no se invirtió cuando se debía, ya que toda la fuerza del gasto -excesivo, por otra parte- se diluyó en actuaciones improductivas.
Resulta paradójico que, en un contexto de fondos europeos extraordinarios, el debate no se haya centrado en cómo transformar estructuralmente la economía española, sino en cómo absorber recursos para sostener un modelo de gasto que no corrige los desequilibrios de fondo. La oportunidad de modernizar infraestructuras, mejorar redes logísticas o reforzar sistemas básicos se ha diluido entre programas dispersos y de escaso retorno económico.
La consecuencia de todo ello es clara: un Estado más grande, más caro y menos eficiente. Un sector público que consume recursos sin generar capacidad productiva adicional. Y una economía que avanza, en el mejor de los casos, gracias al empuje externo y no por la solidez de sus fundamentos internos.
La política económica responsable exige priorizar aquello que genera valor a largo plazo, aunque no sea electoralmente vistoso. Invertir y mantener infraestructuras no da titulares inmediatos, pero impide desgracias horribles, evita problemas futuros, reduce costes ocultos y sostiene el crecimiento. Lo contrario -inflar el gasto improductivo mientras se descuida lo esencial- termina pasando factura.
España no necesita más gasto por el mero hecho de gastar. Necesita una reasignación profunda del gasto público, orientada a la inversión, la eficiencia y la productividad. Menos gasto y más eficiente. Persistir en el modelo actual supone seguir sacrificando el mañana para maquillar el hoy. Y esa es, sin duda, una de las formas más caras de irresponsabilidad económica.
España necesita una reasignación profunda del gasto público, orientada a la inversión, la eficiencia y la productividad. Aunque no sea vistoso electoralmente, hay que priorizar lo que genera valor a largo plazo
Uno de los rasgos más definitorios de la política económica del Gobierno de Pedro Sánchez ha sido el incremento exponencial del gasto público. Un aumento que, lejos de responder a una estrategia coherente de fortalecimiento del potencial productivo de la economía española, se ha caracterizado por una asignación ineficiente de los recursos, priorizando el gasto corriente y políticamente rentable frente a la inversión productiva y el mantenimiento de las infraestructuras.
Conviene subrayar una idea básica que, sin embargo, parece haberse diluido en el debate público: no todo gasto público es igual. Desde el punto de vista económico, la clave no está en gastar más, sino en gastar mejor, que permita limitarlo gracias a la eficiencia en la gestión. Y es precisamente en este punto donde la actuación del actual Ejecutivo resulta especialmente criticable.
España ha asistido en los últimos años a un crecimiento muy significativo del gasto estructural: más empleo público, más transferencias, más subvenciones, más programas de dudosa eficacia económica, más subsidios, más red clientelar que destroza la economía productiva. Todo ello financiado, en buena medida, mediante un aumento de la presión y del esfuerzo fiscales y un recurso intensivo al endeudamiento, que se encuentra desorbitado. Sin embargo, ese esfuerzo presupuestario no se ha traducido en un refuerzo proporcional de la inversión pública, ni en una mejora sustancial del capital público existente.
Las infraestructuras -carreteras, ferrocarriles, redes hidráulicas, infraestructuras energéticas o equipamientos públicos- constituyen uno de los pilares fundamentales del crecimiento a largo plazo. Son un factor clave de competitividad, cohesión territorial y eficiencia económica. Su correcta conservación y modernización no es una opción ideológica, sino una necesidad técnica. Y, sin embargo, han sido sistemáticamente postergadas.
El deterioro progresivo de muchas infraestructuras en España no es una cuestión anecdótica ni puntual. Es la consecuencia lógica de años de infradotación en mantenimiento, de retrasos en inversiones necesarias y de una clara falta de prioridad presupuestaria. Mientras el gasto corriente crecía a tasas muy superiores al crecimiento económico, la inversión pública se mantenía estancada o incluso descendía en términos reales o de necesidades de capacidad instalada.
Este fenómeno resulta especialmente grave porque el gasto en infraestructuras no sólo tiene un efecto directo sobre la actividad económica, sino también un impacto multiplicador elevado, además de ser necesario, que es lo fundamental, para preservar la seguridad de la utilización de las infraestructuras y para no desperdiciar el capital ya invertido, ya que sin mantenimiento no se pueden utilizar adecuadamente y con seguridad. Genera empleo, mejora la productividad del sector privado y reduce costes a largo plazo. Renunciar a él implica hipotecar el crecimiento futuro para sostener un presente artificialmente inflado por gasto improductivo.
El Gobierno ha justificado este modelo en nombre de la “protección social” y de la “justicia redistributiva”. Sin embargo, una política verdaderamente social no puede ignorar que sin crecimiento sostenido no hay bienestar duradero. El gasto improductivo puede generar réditos políticos a corto plazo, pero no crea bases sólidas para una economía más fuerte ni más resiliente.
Además, esta estrategia presenta un problema adicional: tensa el presupuesto. Al incrementar el peso del gasto estructural improductivo difícilmente reversible, se reduce el margen de maniobra futuro. Cuando lleguen -como siempre llegan- nuevas crisis económicas o tensiones financieras, el ajuste será más doloroso precisamente porque no se invirtió cuando se debía, ya que toda la fuerza del gasto -excesivo, por otra parte- se diluyó en actuaciones improductivas.
Resulta paradójico que, en un contexto de fondos europeos extraordinarios, el debate no se haya centrado en cómo transformar estructuralmente la economía española, sino en cómo absorber recursos para sostener un modelo de gasto que no corrige los desequilibrios de fondo. La oportunidad de modernizar infraestructuras, mejorar redes logísticas o reforzar sistemas básicos se ha diluido entre programas dispersos y de escaso retorno económico.
La consecuencia de todo ello es clara: un Estado más grande, más caro y menos eficiente. Un sector público que consume recursos sin generar capacidad productiva adicional. Y una economía que avanza, en el mejor de los casos, gracias al empuje externo y no por la solidez de sus fundamentos internos.
La política económica responsable exige priorizar aquello que genera valor a largo plazo, aunque no sea electoralmente vistoso. Invertir y mantener infraestructuras no da titulares inmediatos, pero impide desgracias horribles, evita problemas futuros, reduce costes ocultos y sostiene el crecimiento. Lo contrario -inflar el gasto improductivo mientras se descuida lo esencial- termina pasando factura.
España no necesita más gasto por el mero hecho de gastar. Necesita una reasignación profunda del gasto público, orientada a la inversión, la eficiencia y la productividad. Menos gasto y más eficiente. Persistir en el modelo actual supone seguir sacrificando el mañana para maquillar el hoy. Y esa es, sin duda, una de las formas más caras de irresponsabilidad económica.
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