Nuria Martín, empresaria, de 42 años, sacó en junio a sus hijas del colegio concertado al que iban en San Sebastián de los Reyes, el municipio del norte de Madrid donde viven, y las cambió a otro privado en busca de una metodología menos “machaca, como de oposición”, y de mejores servicios complementarios, como el de enfermería. Puestos a pagar, se decidió a hacerlo por la gama superior, y su caso es menos infrecuente de lo que podría parecer. En un contexto de fuerte caída de la natalidad, la enseñanza concertada está perdiendo terreno ante la pública y, sobre todo, ante la privada sin subvencionar.
La enseñanza concertada pierde 55.000 estudiantes en cuatro años mientras el alumnado crece en la pública y, sobre todo, en la privada no subvencionada
Nuria Martín, empresaria, de 42 años, sacó en junio a sus hijas del colegio concertado al que iban en San Sebastián de los Reyes, el municipio del norte de Madrid donde viven, y las cambió a otro privado en busca de una metodología menos “machaca, como de oposición”, y de mejores servicios complementarios, como el de enfermería. Puestos a pagar, se decidió a hacerlo por la gama superior, y su caso es menos infrecuente de lo que podría parecer. En un contexto de fuerte caída de la natalidad, la enseñanza concertada está perdiendo terreno ante la pública y, sobre todo, ante la privada sin subvencionar.
En cinco cursos, entre el 2019-2020 y el 2023-2024, que es el último que permite analizar la estadística oficial, la concertada ha perdido 55.767 alumnos, mientras la pública ganaba 12.399 y la privada pura, 90.616. Si no fuera por el primer ciclo de infantil, el 0-3, y la decisión de media docena de comunidades autónomas, encabezadas por Andalucía y Castilla-León, de concertar centenares de centros privados en dicha etapa, la caída de la concertada habría sido aún mayor y el crecimiento de la privada más vigoroso.
La concertada evoluciona peor que las otras dos redes educativas en todas las enseñanzas que tradicionalmente se asocian a sus colegios: segundo ciclo de Infantil (-13,7%), Primaria (-5,6%), ESO (+1,2%) y Bachillerato (+2,3%). Su orientación, además, la ha dejado fuera de la gran mina de nuevos estudiantes que constituye la Formación Profesional, donde la pública ha incrementado mucho su matrícula (en la modalidad presencial del grado medio, por ejemplo, ha aumentado en 40.248 alumnos, lo que supone un 17% más). Y la privada incluso más (53.858 solo en la modalidad a distancia, lo que supone una subida del 165%).
La privada sin subvencionar ha ganado en una década 2,3 puntos del mercado de alumnos, aunque sigue representando una parte menor del total, el 8,6% (714.002 estudiantes), frente al 24,6% (2.047.287) de la concertada y el 66,9% de la pública (5.572.562). Su crecimiento se debe en buena medida a la FP, pero, como si fuera el reverso de la concertada, es la que más crece también en casi todas las demás enseñanzas. “Lo notamos especialmente en centros con elementos diferenciadores: colegios que han modernizado sus instalaciones, que llevan tiempo en la línea de un cambio educativo real, y que apuestan por modelos más competenciales, metodologías activas y con una clara vocación internacional”, comenta Elena Cid, directora general de la patronal de la enseñanza privada CICAE. “También observamos que las familias de clase media tienen más capacidad para hacer esta apuesta, en parte porque al tener menos hijos pueden concentrar mayores recursos en su educación”, añade.
Álvaro López-Maestre, ingeniero de innovación en Airbus, de 40 años, que vive en Las Rozas, otra población acomodada del norte de la capital, cambió a su hija de una concertada a una privada para proporcionar a la niña, que tiene necesidad de apoyo educativo, una enseñanza más personalizada. Se trata de un centro ordinario (en el sentido de que no es de educación especial), pero con clases reducidas, de apenas “10 alumnos en primaria”, que respeta el principio de que “el ritmo de cada niño tiene que ser el ritmo de cada niño”, afirma el padre. Alexandra Anguera, también de 40, que vive en Barcelona y es ejecutiva en una empresa de alimentación, dudó, por su parte, entre la concertada y la privada, y acabó decantándose por el “perfil más internacional y el entorno más multicultural” que encontró en la segunda, donde ahora estudian sus tres hijos.
Diferencias por comunidades autónomas
Pasar de una red a la otra suele implicar un coste importante. Nuria Martín y Álvaro López-Maestre pagan ahora aproximadamente el doble por la educación de sus hijas. Algo más y algo menos, respectivamente, de 1.000 euros al mes por niña. A Alexandra Anguera le cuesta aún más: unos 1.900 euros al mes por hijo en primaria. “Tanto mi marido como yo tenemos trabajos sólidos, pero es un gran desembolso. Supone una gran parte de nuestro presupuesto familiar, y hace que tengamos que priorizar. En parte con la vivienda, en parte con las vacaciones, el modus vivendi… Pero, mientras podamos, intentaremos anteponer la educación a otras cosas”.
A Alfonso Echazarra, especialista en equidad educativa de Save the Children y consultor para la OCDE, los datos no le sorprenden, aunque destaca que hay diferencias por comunidades autónomas. En territorios como Murcia y sobre todo Andalucía, gobernados por el PP, por ejemplo, la concertada resiste mejor y la peor parte del ajuste demográfico se la lleva la pública. “Hay una parte que es política. A través de la manera de fijar los procesos de admisión y la financiación de los centros, los Gobiernos autonómicos pueden influir en cuántas personas se matriculan en cada red”. Su “hipótesis principal”, sin embargo, es que en un contexto demográfico como el actual, la concertada es la que lo tiene “más complicado”.
“A medida que los alumnos bajan, la pública resiste mejor porque tiene financiación pública. En algunos casos, como las escuelas rurales muy pequeñas, los centros pueden tener que unificarse, pero se trata de dinámicas muy particulares. La privada también resiste porque tiene más flexibilidad, y puede aumentar los precios de forma más obvia que la concertada. Mientras que esta última se sitúa en un terreno intermedio”, dice Echazarra. “No puede reaccionar igual con los precios, porque se acercaría demasiado a la privada y porque el cobro de cuotas, que son alegales o ilegales, es una situación relativamente incómoda tanto para las familias como para los centros. Y también tiene menos flexibilidad a la hora de adaptar su oferta e implantar servicios adicionales”.
La concertada es la única que pierde colegios
En barrios o municipios acomodados, la concertada tiene un margen mayor, prosigue Echazarra. Pero en zonas más humildes, donde la situación financiera de estos colegios ha sido tradicionalmente delicada, la cosa se complica. “Las cuotas en esos colegios a veces son voluntarias y otras casi simbólicas. Suelen cobrar sobreprecios en determinados servicios, porque piensan que una vez que las familias están dentro es más difícil que se escapen. Pero también aquí tienen límites porque el poder adquisitivo en esos barrios es limitado. Así que cuando le añades una caída de la natalidad, a muchos no les salen los números”. Si se analiza el número de centros que imparten desde segundo ciclo de infantil hasta la ESO o el Bachillerato, en cinco años la concertada ha perdido 24. La pública, en cambio, ha ganado 30, y la privada pura, 167.
La concertada también está perdiendo terreno, apunta Xavier Bonal, profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona, por “el incremento de un perfil de inmigración muy pobre, cuyos hijos solo pueden ir a la pública” por falta de recursos para pagar cuotas o uniformes». En Cataluña, de hecho, varios colegios concertados se han convertido en públicos en los últimos años como alternativa al cierre. Por la información que tiene, Bonal apunta, sin embargo, que la tendencia puede haber cambiado, al menos en Barcelona, con un repunte de la concertada a raíz de la publicación en diciembre de 2023 de los malos resultados del alumnado catalán en el Informe PISA. Un dato imposible de verificar de momento a escala española.
La concertada arrastra un déficit histórico de financiación por alumno, según coinciden la mayoría de expertos y reconoce implícitamente la actual ley educativa en su disposición adicional 29. Las administraciones pagan de menos y, a cambio, hacen la vista gorda ante las cuotas y los sobreprecios, que a su vez frenan la entrada de estudiantes pobres a muchos centros. La bajada demográfica está alterando, sin embargo, ese equilibrio perverso. Vicenta Rodríguez, coordinadora en la Comunidad Valenciana de Escuelas Católicas, la mayor patronal de la concertada, afirma: “Hemos pasado muchísimo tiempo con el módulo [lo que la Administración paga a un centro por cada clase de alumnos] congelado. En Valencia este año nos lo han subido un 3%, pero llevaban sin hacerlo desde 2009, así que imagínate. Y en las zonas humildes cada vez hay más familias que dicen: ‘no podemos pagar nada”.
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