La indignación por el maltrato y humillación pública de los miembros de la última flotilla para Gaza por parte del ministro israelí ultra de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, no se ha disipado en una Europa que ve además con preocupación la falta de avances en la crisis humanitaria de Gaza. Tampoco encuentra justificación alguna a la violencia de los colonos de los asentamientos ilegales en Cisjordania con la connivencia del Gobierno de Benjamin Netanyahu, en una estrategia que la Unión Europea sabe que atenta directamente contra su posición, por una vez común y firme, a la solución de dos Estados.
Los Veintisiete dan un mandato claro a una Comisión reticente para que presente nuevas “opciones” de sanciones comerciales contra las colonias ilegales en Cisjordania
La indignación por el maltrato y humillación pública de los miembros de la última flotilla para Gaza por parte del ministro israelí ultra de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, no se ha disipado en una Europa que ve además con preocupación la falta de avances en la crisis humanitaria de Gaza. Tampoco encuentra justificación alguna a la violencia de los colonos de los asentamientos ilegales en Cisjordania con la connivencia del Gobierno de Benjamin Netanyahu, en una estrategia que la Unión Europea sabe que atenta directamente contra su posición, por una vez común y firme, a la solución de dos Estados.
Por todo ello, y porque cada vez se hace más difícil cerrar los ojos ante una escalada regional que no cesa, el mensaje de los Veintisiete reunidos este viernes en Bruselas es significativamente más contundente de lo que venía siendo desde que se desató el conflicto con Gaza, a finales de 2023: en las conclusiones finales, consensuadas y firmadas por los 27 jefes de Estado y de Gobierno, incluidos todos los que hasta ahora han frenado sanciones contundentes contra Israel, como Alemania, Hungría o República Checa, se deja claro que la paciencia con Netanyahu se acaba, tanto por la falta de avances en Gaza pese al alto el fuego y los compromisos para permitir el acceso a la ayuda humanitaria que sigue sin llegar, como por la creciente violencia de los colonos judíos radicales en Cisjordania.
“Hay una creciente toma de conciencia entre los Veintisiete de que esta situación es inaceptable”, señalaba una fuente diplomática conocedora de las negociaciones del texto final y del endurecimiento de su tono en los pasados días.
“Hay que actuar rápido”, reclamaba el presidente francés, Emmanuel Macron, al término de la última cita de mandatarios antes del parón del verano. “Sanciones contra la colonización extremista y violenta de Cisjordania, sanciones a escala europea de los ministros extremistas y profundización de la diferenciación entre el territorio de Israel y los asentamientos ilegales para alinear nuestra política internacional con el derecho internacional”, enumeró en rueda de prensa algunos de los objetivos discutidos por los Estados miembros.
El lenguaje es inusualmente duro en lo que respecta a los asentamientos ilegales, con una inédita advertencia explícita incluso a las empresas —nacionales o internacionales— que puedan verse tentadas a participar en la construcción de estas colonias no reconocidas internacionalmente. Especialmente el controvertido proyecto E1, al este de Jerusalén, contra el que ya advirtieron hace un año una veintena de países europeos: “El Consejo Europeo hace hincapié en que las empresas no deberían pujar por contratos de construcción para el E1 u otros proyectos de desarrollo de asentamientos y destaca las consecuencias legales y reputacionales para estas empresas, incluido el riesgo de graves violaciones del derecho internacional”, previenen los líderes europeos, que también insisten en la necesidad de que Israel “revierta” su política de asentamientos y que “derogue de forma inmediata” la también ampliamente condenada ley israelí de pena de muerte discriminatoria con condenados palestinos.
Pero los Veintisiete también aumentan la presión en Bruselas, específicamente sobre la Comisión Europea y sus constantes renqueos a la hora de proponer sanciones, como le piden cada vez más capitales: “El Consejo Europeo toma nota de la intención de la Comisión de presentar opciones ante el encuentro del Consejo del 13 de julio de 2026, en vista del creciente deterioro de la situación respecto a los asentamientos ilegales”, dejan grabado los líderes europeos en su comunicado final.
Bajo el lenguaje diplomático habitual, el mensaje, que solo fue agregado en los últimos borradores, es claro: quieren nuevas propuestas en la materia, tal como propuso la alta representante para Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, tras la reunión de ministros de Exteriores en Luxemburgo del lunes. Porque pese a que la estonia aseguró que ese era el sentir de la mayoría en la sala —hecho que confirman diversas fuentes diplomáticas, que aseguran que los apoyos son suficientes para lograr una cómoda mayoría cualificada llegado el caso— el Ejecutivo europeo liderado por la alemana Ursula von der Leyen ha vuelto a arrastrar los pies, alegando que no quiere poner sobre la mesa propuestas que sabe de antemano que no tienen ninguna posibilidad de reunir apoyos suficientes entre los Estados miembros. Argumenta Bruselas que el mensaje político de presentar una medida que luego sea rechazada porque no cuenta con los suficientes apoyos entre las capitales tendría el efecto contrario al buscado: evidenciaría públicamente la división europea y debilitaría la posición negociadora de la UE. Se apoya en la experiencia del año pasado, cuando incluso su tímida propuesta de proponer sanciones modestas en el marco del Acuerdo de Asociación quedó en nada a la hora de llegar a la mesa de los Estados.
Un razonamiento que desechan varias capitales. Porque se trata de hacer un gesto. Y porque la situación, coinciden fuentes diplomáticas, ha evolucionado mucho desde el año pasado, sobre todo respecto a la violencia en Cisjordania. Al menos una decena de países —Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia y Suecia— apoyan abiertamente sanciones comerciales contra los asentamientos, como la prohibición a nivel europeo del comercio de sus productos, tal como propusieron formalmente en la primavera París y Estocolmo. Otra media docena larga se mostraría al menos abierta a que se propongan las sanciones y discutirlas, entre los que se incluyen aliados tradicionales de Israel como la Italia de Giorgia Meloni o Austria, según los cálculos que se manejan en Bruselas.
“Queremos propuestas de la Comisión respecto a los asentamientos ilegales. Europa debe enviar una señal muy clara de que lo que ha estado pasando y lo que sigue sucediendo es inaceptable, tanto en Gaza como en Cisjordania, y en particular también en Líbano”, reclamó este viernes el primer ministro irlandés, Michéal Martin, cuyo país asume la presidencia de turno europea a partir de julio, es decir, cuando Bruselas deberá presentar sus deberes en la materia.
La UE parece incluso dispuesta a ir más lejos aún: aunque la propuesta de sancionar a los ministros más radicales del gabinete de Netanyahu sigue sin lograr el consenso necesario, como reconoció Kallas esta misma semana, los líderes europeos piden no desistir. Tras condenar “el maltrato de los detenidos, incluidos ciudadanos europeos, tras la intercepción de la flotilla Global Sumud en aguas internacionales y el comportamiento de ministros extremistas incitando y promoviendo abusos de derechos humanos”, algo que ya provocó en su momento críticas de Roma a Berlín, pasando por París o Madrid, se “toma nota” también de la intención del Consejo, es decir, sus ministros de Exteriores, de “continuar examinando medidas en este sentido”.
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