Las crecientes minorías del bloque parlamentario que soporta al Gobierno de Pedro Sánchez hacen que, una vez más, una votación crucial para el futuro de España quede en manos del Partido Popular.
Una votación, la de las medidas contenidas en el denominado decreto antiapagones, de la que podrían depender nada menos que 200.000 millones de euros de inversiones industriales, según los cálculos del sector en base a un reciente informe de PwC que recuerda que «la saturación de la red impide la electrificación de sectores estratégicos, desde la industria pesada hasta el hidrógeno renovable, además de ralentizar proyectos alineados con los objetivos climáticos.
Un documento que subraya que «la falta de capacidad de red puede desincentivar inversiones, limitar la competitividad territorial y generar desigualdades entre
regiones con acceso y aquellas con nudos saturados».
La negativa de Podemos a respaldar el Real Decreto-ley 7/2025, en el que se incluyen la batería de propuestas para asegurar la solidez del sistema eléctrico con una mayor penetración renovable y se abre por fin la vía a las demandadas inversiones en todo el sistema que pedían industria, eléctricas y los sectores de las energías limpias, ha hecho que todo quede en manos del PP, que se debate entre la posibilidad de abstenerse y facilitar la aprobación del decreto antiapagones u oponerse en la búsqueda de reformas aún más profundas.
Los cálculos sobre esos 200.000 millones que dependen de la aprobación o no del decreto parten de la base de que en 2024 solo se pudieron aceptar una de cada diez solicitudes de conexión en la red
de distribución por falta de capacidad en las redes, lo que evidencia una «incapacidad estructural
del sistema para dar cabida a las peticiones de la industria actuales y a la nueva demanda», indica el informe de PwC, generando «cuellos de botella que amenazan la competitividad y el proceso de descarbonización
industrial».
Y es que la electrificación es una de las principales palancas para cumplir los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030 (PNIEC). El plan prevé un crecimiento del 34% en la demanda eléctrica entre 2023 y 2030 siendo uno de los factores clave el aumento de la electrificación de procesos industriales.
Para cumplir con lo propuesto el PNIEC movilizará una inversión total acumulada de 308.000 millones de euros hasta 2030, de los cuales el 17%, 52.360 millones de euros, estarán destinado a redes.
La electrificación de procesos industriales y el creciente número de negocios con alta demanda de electricidad renovable requieren una infraestructura de la red robusta y adecuadamente dimensionada para satisfacer sus necesidades. Las redes eléctricas deben estar preparadas y disponibles para la actividad industrial prevista, garantizando así un suministro fiable y continuo de energía.
El desarrollo urbanístico (existen en la actualidad peticiones por más de 6 gigavatios para
planes urbanísticos) y a la creciente presencia de nuevas industrias que desean establecerse
en el país, como los centros de datos, y a las industrias existentes que buscan electrificarse (las peticiones de acceso para
la industria superan los 18 GW) hacen necesario atender cuanto antes estas demandas.
El hecho es que, según la patronal eléctrica Aelec, hay retenidos unos 16.200 megavatios de nueva demanda industrial correspondientes solo a 2024, que podrían quedar bloqueados si no se activan medidas como las que contempla el Real Decreto-ley 7/2025.
Contando con esos 16.200 MW se podrían activar hasta 40.000 MW de nuevas conexiones. Los cálculos conservadores de fuentes del sector apuntan a que al menos la mitad, 20.000 MW, serían para la electrificación de la industria, centros de datos y viviendas.
La industria, según los cálculos del Banco de España, tiene una inversión media de 10 millones de euros por cada MW de potencia eléctrica conectada, con lo que tomando esos 20.000 MW que se perderían de no aprobarse el decreto antiapagones se concluye que la estarían dejando de invertir en la industria unos 200.000 millones de euros, según estos cálculos del sector.
Mientras, las eléctricas siguen con su batalla para pide romper las barreras estructurales, como la agilización de los concursos de acceso para la demanda, y la revisión
del marco retributivo de las redes, con la modificación
de los límites legales de inversión anual en redes, actualmente fijados en el 0,065% del
PIB para el transporte y el 0,13% para la distribución, porcentajes que resultan insuficientes para
atender las necesidades reales del sistema eléctrico.
La abstención del PP es clave hoy en la votación parlamentaria ante la creciente minoría del bloque que soporta a Sánchez
Las crecientes minorías del bloque parlamentario que soporta al Gobierno de Pedro Sánchez hacen que, una vez más, una votación crucial para el futuro de España quede en manos del Partido Popular.
Una votación, la de las medidas contenidas en el denominado decreto antiapagones, de la que podrían depender nada menos que 200.000 millones de euros de inversiones industriales, según los cálculos del sector en base a un reciente informe de PwC que recuerda que «la saturación de la red impide la electrificación de sectores estratégicos, desde la industria pesada hasta el hidrógeno renovable, además de ralentizar proyectos alineados con los objetivos climáticos.
Un documento que subraya que «la falta de capacidad de red puede desincentivar inversiones, limitar la competitividad territorial y generar desigualdades entre
regiones con acceso y aquellas con nudos saturados».
La negativa de Podemos a respaldar el Real Decreto-ley 7/2025, en el que se incluyen la batería de propuestas para asegurar la solidez del sistema eléctrico con una mayor penetración renovable y se abre por fin la vía a las demandadas inversiones en todo el sistema que pedían industria, eléctricas y los sectores de las energías limpias, ha hecho que todo quede en manos del PP, que se debate entre la posibilidad de abstenerse y facilitar la aprobación del decreto antiapagones u oponerse en la búsqueda de reformas aún más profundas.
Los cálculos sobre esos 200.000 millones que dependen de la aprobación o no del decreto parten de la base de que en 2024 solo se pudieron aceptar una de cada diez solicitudes de conexión en la red de distribución por falta de capacidad en las redes, lo que evidencia una «incapacidad estructural del sistema para dar cabida a las peticiones de la industria actuales y a la nueva demanda», indica el informe de PwC, generando «cuellos de botella que amenazan la competitividad y el proceso de descarbonización industrial».
Y es que la electrificación es una de las principales palancas para cumplir los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030 (PNIEC). El plan prevé un crecimiento del 34% en la demanda eléctrica entre 2023 y 2030 siendo uno de los factores clave el aumento de la electrificación de procesos industriales.
Para cumplir con lo propuesto el PNIEC movilizará una inversión total acumulada de 308.000 millones de euros hasta 2030, de los cuales el 17%, 52.360 millones de euros, estarán destinado a redes.
La electrificación de procesos industriales y el creciente número de negocios con alta demanda de electricidad renovable requieren una infraestructura de la red robusta y adecuadamente dimensionada para satisfacer sus necesidades. Las redes eléctricas deben estar preparadas y disponibles para la actividad industrial prevista, garantizando así un suministro fiable y continuo de energía.
El desarrollo urbanístico (existen en la actualidad peticiones por más de 6 gigavatios para planes urbanísticos) y a la creciente presencia de nuevas industrias que desean establecerse en el país, como los centros de datos, y a las industrias existentes que buscan electrificarse (las peticiones de acceso para la industria superan los 18 GW) hacen necesario atender cuanto antes estas demandas.
El hecho es que, según la patronal eléctrica Aelec, hay retenidos unos 16.200 megavatios de nueva demanda industrial correspondientes solo a 2024, que podrían quedar bloqueados si no se activan medidas como las que contempla el Real Decreto-ley 7/2025.
Contando con esos 16.200 MW se podrían activar hasta 40.000 MW de nuevas conexiones. Los cálculos conservadores de fuentes del sector apuntan a que al menos la mitad, 20.000 MW, serían para la electrificación de la industria, centros de datos y viviendas.
La industria, según los cálculos del Banco de España, tiene una inversión media de 10 millones de euros por cada MW de potencia eléctrica conectada, con lo que tomando esos 20.000 MW que se perderían de no aprobarse el decreto antiapagones se concluye que la estarían dejando de invertir en la industria unos 200.000 millones de euros, según estos cálculos del sector.
Mientras, las eléctricas siguen con su batalla para pide romper las barreras estructurales, como la agilización de los concursos de acceso para la demanda, y la revisión del marco retributivo de las redes, con la modificación de los límites legales de inversión anual en redes, actualmente fijados en el 0,065% del PIB para el transporte y el 0,13% para la distribución, porcentajes que resultan insuficientes para atender las necesidades reales del sistema eléctrico.
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