La ofensiva del PSOE para impulsar un impuesto europeo sobre los beneficios extraordinarios de las compañías energéticas sufrió ayer un nuevo revés, en este caso en el Congreso de los Diputados
La iniciativa socialista fue derrotada por 176 votos frente a 166, con cinco abstenciones, en una votación que retrata las dificultades del Gobierno para construir una mayoría alrededor de su respuesta fiscal a la crisis energética.
El PSOE no logró sumar al PNV y tampoco convenció a Junts, dos formaciones cuya posición resulta especialmente relevante para cualquier aritmética parlamentaria de esta legislatura. PP y Vox votaron en contra, mientras los nacionalistas vascos optaron por la abstención.
La propuesta pretendía que España siguiera presionando en Bruselas para establecer un instrumento europeo y temporal de contribución sobre los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas.
El PSOE defendía que ese mecanismo permitiera que las grandes compañías contribuyeran por las ganancias obtenidas durante la actual crisis y que los recursos sirvieran para aliviar la carga sobre los consumidores. Todo mientras el Estado mantiene una enorme carga fiscal sobre los carburantes y el recibo de la luz que sí podría aliviar a los consumidores inmediatamente si se rebajara, como piden las energéticas.
La iniciativa socialista llegaba al Pleno después de que el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, hubiera reclamado a la Comisión Europea, junto con sus homólogos de Alemania, Italia, Austria y Portugal, la puesta en marcha de un tributo sobre los beneficios extraordinarios de las energéticas.
La propuesta pretendía así elevar el impuesto al terreno europeo para evitar que cada país actuase de forma aislada y generar un marco homogéneo dentro del mercado único. La máxima es que si el problema es europeo, la respuesta fiscal también debería serlo.
Sin embargo, el comisario europeo de Energía, Dan Jørgensen, ya advirtió que los Estados miembros pueden establecer este tipo de gravámenes y que la Comisión está dispuesta a ayudar a diseñarlos de acuerdo con la legislación comunitaria. Lo que no está sobre la mesa, según ha explicó, es la creación de un impuesto común a escala de la UE.
La abstención del PNV fue uno de los elementos determinantes del fracaso. Idoia Sagastizabal cuestionó durante el debate la utilidad de un impuesto energético europeo de carácter temporal y reclamó algo bastante más ambicioso: una reforma estructural del sistema tributario comunitario.
La diputada nacionalista coincidió con el diagnóstico socialista sobre las vulnerabilidades energéticas de Europa y su dependencia del exterior, pero discrepó del remedio. Su propuesta pasa por reformar el Impuesto de Sociedades en lugar de introducir un nuevo gravamen temporal que, a su juicio, puede generar «inseguridad tributaria».
Pedro Puy, del PP, puso el foco en otro flanco: el encaje de la propuesta con las reglas fiscales europeas y la capacidad del Gobierno para asumir nuevos compromisos de gasto sin tensionar el marco de estabilidad presupuestaria.
Vox, por boca de José María Figaredo, cuestionó incluso el vehículo parlamentario elegido por los socialistas para plantear la cuestión y reclamó que el debate energético se centre también en los costes de ajuste del sistema eléctrico. En particular, señaló los servicios de ajuste y el mecanismo SRAD, por el que se interrumpe el consumo de la gran industria para reforzar las reservas del sistema.
La mayoría del Congreso apostó por aparcar el debate sobre los «beneficios extraordinarios» para centrarlo en cuánto cuesta realmente el sistema energético y dónde se está produciendo el encarecimiento que termina pagando el consumidor. Los refuerzos, como la interrupción del consumo de la industria, que se ha activado nueve veces en el año y siete desde julio, entra de pleno en el debate.
«El sistema tiene previsto que los consumidores cobren una cantidad a cambio de parar, pero el consumidor no prevé que vaya a interrumpirse seis veces en agosto, porque su cadena productiva queda afectada, y por tanto las soluciones son mirar qué capacidad firme tenemos y los mercados de capacidad», ha remarcado esta mañana Marina Serrano, presidenta de la patronal eléctrica Aelec en un encuentro con medios durante el VIII Congreso de la organización.
La presidenta de Aelec también criticó la denominada «operación reforzada» en que opera el sistema eléctrico desde el apagón del 28 de abril de 2025, ya que se desconocen los criterios y «no existe en ninguna norma» ese concepto.
«La cuestión de la operación reforzada es que no se sabe qué criterios se aplica, no hay transparencia sobre cómo se lleva. Por eso, ahí está diferencia también de los costes. Nosotros tenemos un Observatorio en el que publicamos los costes de los servicios de operación, que es todo. Porque no hay elementos que permitan determinar cuál es el coste de esa operación reforzada», dijo, lamentando además la falta de predictibilidad que representa para el consumidor.
En la primera quincena de septiembre los consumidores eléctricos han asumido un sobrecoste adicional de 23,36 euros/MWh derivado de los servicios de operación, según el undécimo informe del Observatorio del Coste de los Servicios de Operación.
Desde el 1 de enero de 2026, este sobrecoste promedia 21,78 euros/MWh, en niveles similares al coste de las redes.
En este último periodo, estos costes adicionales han superado los 260 millones de euros, elevando la factura acumulada del año hasta los 3.850 millones de euros (+39% respecto a 2025).
El «no» de Junts
Junts también optó por poner sobre la mesa el debate de la fiscalidad. Pilar Calvo calificó la iniciativa del PSOE de «cheque en blanco» por la falta de concreción sobre elementos esenciales del futuro impuesto: diseño, base imponible, duración y tratamiento de la reinversión.
La crítica tiene una derivada industrial. Calvo advirtió de que una medida mal diseñada podría poner en riesgo inversiones estratégicas en Cataluña. Junts ya había rechazado el anterior gravamen a las energéticas establecido tras la crisis provocada por la guerra de Ucrania precisamente por considerar que podía perjudicar determinadas inversiones.
La alternativa planteada por la formación catalana no pasa, al menos en este debate, por añadir otro impuesto. Calvo reclamó medidas como reducir el IVA de la electricidad o eliminar el impuesto del 7% sobre el valor de la producción de energía eléctrica.
Por su parte, la ultra-izquierda de Podemos defendía esta semana un paquete de medidas frente encarecimiento de la energía provocado por la guerra en Oriente Medio que incluía un impuesto permanente sobre los beneficios extraordinarios de las grandes energéticas y petroleras, mecanismos para intervenir y limitar los precios de carburantes y electricidad y la creación de una empresa pública de generación de energía, algo que ni siquiera apoyó el PSOE.
La mayoría del Congreso tumba el impuestazo europeo a las energéticas que impulsa el PSOE y pide revisar la fiscalidad
La ofensiva del PSOE para impulsar un impuesto europeo sobre los beneficios extraordinarios de las compañías energéticas sufrió ayer un nuevo revés, en este caso en el Congreso de los Diputados
La iniciativa socialista fue derrotada por 176 votos frente a 166, con cinco abstenciones, en una votación que retrata las dificultades del Gobierno para construir una mayoría alrededor de su respuesta fiscal a la crisis energética.
El PSOE no logró sumar al PNV y tampoco convenció a Junts, dos formaciones cuya posición resulta especialmente relevante para cualquier aritmética parlamentaria de esta legislatura. PP y Vox votaron en contra, mientras los nacionalistas vascos optaron por la abstención.
La propuesta pretendía que España siguiera presionando en Bruselas para establecer un instrumento europeo y temporal de contribución sobre los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas.
El PSOE defendía que ese mecanismo permitiera que las grandes compañías contribuyeran por las ganancias obtenidas durante la actual crisis y que los recursos sirvieran para aliviar la carga sobre los consumidores. Todo mientras el Estado mantiene una enorme carga fiscal sobre los carburantes y el recibo de la luz que sí podría aliviar a los consumidores inmediatamente si se rebajara, como piden las energéticas.
La iniciativa socialista llegaba al Pleno después de que el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, hubiera reclamado a la Comisión Europea, junto con sus homólogos de Alemania, Italia, Austria y Portugal, la puesta en marcha de un tributo sobre los beneficios extraordinarios de las energéticas.
La propuesta pretendía así elevar el impuesto al terreno europeo para evitar que cada país actuase de forma aislada y generar un marco homogéneo dentro del mercado único. La máxima es que si el problema es europeo, la respuesta fiscal también debería serlo.
Sin embargo, el comisario europeo de Energía, Dan Jørgensen, ya advirtió que los Estados miembros pueden establecer este tipo de gravámenes y que la Comisión está dispuesta a ayudar a diseñarlos de acuerdo con la legislación comunitaria. Lo que no está sobre la mesa, según ha explicó, es la creación de un impuesto común a escala de la UE.
La abstención del PNV fue uno de los elementos determinantes del fracaso. Idoia Sagastizabal cuestionó durante el debate la utilidad de un impuesto energético europeo de carácter temporal y reclamó algo bastante más ambicioso: una reforma estructural del sistema tributario comunitario.
La diputada nacionalista coincidió con el diagnóstico socialista sobre las vulnerabilidades energéticas de Europa y su dependencia del exterior, pero discrepó del remedio. Su propuesta pasa por reformar el Impuesto de Sociedades en lugar de introducir un nuevo gravamen temporal que, a su juicio, puede generar «inseguridad tributaria».
Pedro Puy, del PP, puso el foco en otro flanco: el encaje de la propuesta con las reglas fiscales europeas y la capacidad del Gobierno para asumir nuevos compromisos de gasto sin tensionar el marco de estabilidad presupuestaria.
Vox, por boca de José María Figaredo, cuestionó incluso el vehículo parlamentario elegido por los socialistas para plantear la cuestión y reclamó que el debate energético se centre también en los costes de ajuste del sistema eléctrico. En particular, señaló los servicios de ajuste y el mecanismo SRAD, por el que se interrumpe el consumo de la gran industria para reforzar las reservas del sistema.
La mayoría del Congreso apostó por aparcar el debate sobre los «beneficios extraordinarios» para centrarlo en cuánto cuesta realmente el sistema energético y dónde se está produciendo el encarecimiento que termina pagando el consumidor. Los refuerzos, como la interrupción del consumo de la industria, que se ha activado nueve veces en el año y siete desde julio, entra de pleno en el debate.
«El sistema tiene previsto que los consumidores cobren una cantidad a cambio de parar, pero el consumidor no prevé que vaya a interrumpirse seis veces en agosto, porque su cadena productiva queda afectada, y por tanto las soluciones son mirar qué capacidad firme tenemos y los mercados de capacidad», ha remarcado esta mañana Marina Serrano, presidenta de la patronal eléctrica Aelec en un encuentro con medios durante el VIII Congreso de la organización.
La presidenta de Aelec también criticó la denominada «operación reforzada» en que opera el sistema eléctrico desde el apagón del 28 de abril de 2025, ya que se desconocen los criterios y «no existe en ninguna norma» ese concepto.
«La cuestión de la operación reforzada es que no se sabe qué criterios se aplica, no hay transparencia sobre cómo se lleva. Por eso, ahí está diferencia también de los costes. Nosotros tenemos un Observatorio en el que publicamos los costes de los servicios de operación, que es todo. Porque no hay elementos que permitan determinar cuál es el coste de esa operación reforzada», dijo, lamentando además la falta de predictibilidad que representa para el consumidor.
En la primera quincena de septiembre los consumidores eléctricos han asumido un sobrecoste adicional de 23,36 euros/MWh derivado de los servicios de operación, según el undécimo informe del Observatorio del Coste de los Servicios de Operación.
Desde el 1 de enero de 2026, este sobrecoste promedia 21,78 euros/MWh, en niveles similares al coste de las redes.
En este último periodo, estos costes adicionales han superado los 260 millones de euros, elevando la factura acumulada del año hasta los 3.850 millones de euros (+39% respecto a 2025).
El «no» de Junts
Junts también optó por poner sobre la mesa el debate de la fiscalidad. Pilar Calvo calificó la iniciativa del PSOE de «cheque en blanco» por la falta de concreción sobre elementos esenciales del futuro impuesto: diseño, base imponible, duración y tratamiento de la reinversión.
La crítica tiene una derivada industrial. Calvo advirtió de que una medida mal diseñada podría poner en riesgo inversiones estratégicas en Cataluña. Junts ya había rechazado el anterior gravamen a las energéticas establecido tras la crisis provocada por la guerra de Ucrania precisamente por considerar que podía perjudicar determinadas inversiones.
La alternativa planteada por la formación catalana no pasa, al menos en este debate, por añadir otro impuesto. Calvo reclamó medidas como reducir el IVA de la electricidad o eliminar el impuesto del 7% sobre el valor de la producción de energía eléctrica.
Por su parte, la ultra-izquierda de Podemos defendía esta semana un paquete de medidas frente encarecimiento de la energía provocado por la guerra en Oriente Medio que incluía un impuesto permanente sobre los beneficios extraordinarios de las grandes energéticas y petroleras, mecanismos para intervenir y limitar los precios de carburantes y electricidad y la creación de una empresa pública de generación de energía, algo que ni siquiera apoyó el PSOE.
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