El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha notificado este lunes 23 de marzo el inicio de la instrucción de la reclamación presentada por la patronal del transporte Fenadismer contra la polémica licitación de Renfe para crear una empresa de autobuses con la que atender sus planes alternativos de transporte por carretera (PAT) cuando alguna circunstancia obligue al corte de líneas ferroviarias.
Fenadismer, que reclama la anulación total de la licitación, valorada en casi 1.000 millones de euros, ha asegurado que esta decisión supone «un primer paso crucial en la batalla legal iniciada por la federación para proteger al tejido empresarial de las pequeñas y medianas empresas de transporte de viajeros en nuestro país».
En su recurso, Fenadismer sostiene que el procedimiento promovido por el operador ferroviario se ha configurado «de manera deliberadamente restrictiva». Así, la asociación denuncia que el contrato «no permite la participación fragmentada, lo que excluye automáticamente a las pymes y autónomos que operan a nivel regional o local, favoreciendo únicamente a un grupo selecto de grandes grupos empresariales».
Además, añade que se imponen requisitos de solvencia técnica y económica que califica como «desorbitados» (como la acreditación de hasta 500 vehículos en propiedad), «que funcionan como un filtro excluyente para la práctica totalidad del sector». A este respecto, añade que se limita la capacidad de las empresas para agruparse libremente, dificultando que la unión de varias pymes pudiera competir en igualdad de condiciones.
Fenadismer denuncia igualmente que la duración del acuerdo marco excede los límites legales establecidos en la normativa de contratación pública.
Renfe anunció la creación de esta sociedad, de la que quiere tener un 49% de su capital, a principios de marzo. La operadora, que espera ahorrar entre 9 y 13 millones al año con la empresa, ha argumentado que el modelo actual no alcanza para cubrir sus necesidades.
Rechazo de las pymes
El pliego diseñado, sin embargo, ha sido muy criticado por las asociaciones que agrupan a las pymes del sector. Además de Fenadismer, Anetra y Direbús también han recurrido el proyecto añadiendo a los motivos alegados por Fenadismer que supone una amenaza directa a la viabilidad de numerosas pymes del sector, además de distorsionar de forma significativa las condiciones de competencia.
Desde Renfe, que espera tener constituida la empresa antes de que acabe el año, han replicado que las pequeñas empresas pueden integrarse en el proyecto presentándose en consorcio y que la empresa participada podrá subcontratar a pymes que aportarán la capilaridad necesaria dentro del apartado de los servicios prestados por terceros. La operadora, además, ha alegado que busca una gran empresa como socio para garantizar la eficiencia del servicio.
El organismo ha notificado a Fenadismer el inicio de la instrucción de su recurso
El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha notificado este lunes 23 de marzo el inicio de la instrucción de la reclamación presentada por la patronal del transporte Fenadismer contra la polémica licitación de Renfe para crear una empresa de autobuses con la que atender sus planes alternativos de transporte por carretera (PAT) cuando alguna circunstancia obligue al corte de líneas ferroviarias.
Fenadismer, que reclama la anulación total de la licitación, valorada en casi 1.000 millones de euros, ha asegurado que esta decisión supone «un primer paso crucial en la batalla legal iniciada por la federación para proteger al tejido empresarial de las pequeñas y medianas empresas de transporte de viajeros en nuestro país».
En su recurso, Fenadismer sostiene que el procedimiento promovido por el operador ferroviario se ha configurado «de manera deliberadamente restrictiva». Así, la asociación denuncia que el contrato «no permite la participación fragmentada, lo que excluye automáticamente a las pymes y autónomos que operan a nivel regional o local, favoreciendo únicamente a un grupo selecto de grandes grupos empresariales».
Además, añade que se imponen requisitos de solvencia técnica y económica que califica como «desorbitados» (como la acreditación de hasta 500 vehículos en propiedad), «que funcionan como un filtro excluyente para la práctica totalidad del sector». A este respecto, añade que se limita la capacidad de las empresas para agruparse libremente, dificultando que la unión de varias pymes pudiera competir en igualdad de condiciones.
Fenadismer denuncia igualmente que la duración del acuerdo marco excede los límites legales establecidos en la normativa de contratación pública.
Renfe anunció la creación de esta sociedad, de la que quiere tener un 49% de su capital, a principios de marzo. La operadora, que espera ahorrar entre 9 y 13 millones al año con la empresa, ha argumentado que el modelo actual no alcanza para cubrir sus necesidades.
El pliego diseñado, sin embargo, ha sido muy criticado por las asociaciones que agrupan a las pymes del sector. Además de Fenadismer, Anetra y Direbús también han recurrido el proyecto añadiendo a los motivos alegados por Fenadismer que supone una amenaza directa a la viabilidad de numerosas pymes del sector, además de distorsionar de forma significativa las condiciones de competencia.
Desde Renfe, que espera tener constituida la empresa antes de que acabe el año, han replicado que las pequeñas empresas pueden integrarse en el proyecto presentándose en consorcio y que la empresa participada podrá subcontratar a pymes que aportarán la capilaridad necesaria dentro del apartado de los servicios prestados por terceros. La operadora, además, ha alegado que busca una gran empresa como socio para garantizar la eficiencia del servicio.
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