La Rada, el Parlamento ucranio, ha aprobado este jueves la ley que debe reparar el desaguisado causado por el presidente, Volodímir Zelenski, en las reformas para combatir la corrupción. La Rada ha votado a favor de la nueva norma propuesta por el mandatario para restaurar la independencia de la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) y de la Fiscalía Anticorrupción (SAPO). La misma Cámara legislativa dio apoyo el 22 de julio a otra ley de Zelenski que causó un terremoto nacional y entre los aliados de Ucrania, y que eliminaba la autonomía de los principales órganos anticorrupción. Esta maniobra provocó un clamor popular en contra y frenó el proceso de adhesión de Ucrania en la Unión Europea.
La decisiva votación, que restaura la independencia de dos organismos que velaban por la transparencia, coincide con un nuevo bombardeo sobre Kiev que deja 11 muertos y más de 130 heridos
La Rada, el Parlamento ucranio, ha aprobado este jueves la ley que debe reparar el desaguisado causado por el presidente, Volodímir Zelenski, en las reformas para combatir la corrupción. La Rada ha votado a favor de la nueva norma propuesta por el mandatario para restaurar la independencia de la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) y de la Fiscalía Anticorrupción (SAPO). La misma Cámara legislativa dio apoyo el 22 de julio a otra ley de Zelenski que causó un terremoto nacional y entre los aliados de Ucrania, y que eliminaba la autonomía de los principales órganos anticorrupción. Esta maniobra provocó un clamor popular en contra y frenó el proceso de adhesión de Ucrania en la Unión Europea.
En total, 331 diputados [de un total de 340] han votado a favor de la ley que recupera la autonomía de la NABU y de la SAPO, sin ningún voto en contra. Servidor del Pueblo, el partido de Zelenski, tiene la mayoría absoluta. La relevancia de este pleno ha quedado patente con su retransmisión en directo por el canal de Youtube parlamentario, el primero que los ciudadanos pueden seguir en los casi tres años y medio de guerra.
El acceso de los periodistas a la Cámara legislativa está restringido desde que en febrero de 2022 entró en vigor la ley marcial, cuando empezó la invasión rusa, alegando que el contenido de muchos debates en las comisiones legislativas, si aparece en público, pueden dañar la seguridad nacional. El Consejo de Europa ha reclamado en varias ocasiones que se corrija lo que ve como una anormalidad en un sistema democrático.
Los partidos de la oposición han cargado contra Zelenski por lo que consideran que es una estrategia del presidente para tomar el pleno control de las instituciones del Estado aprovechando el contexto de guerra. Servidor del Pueblo ha sufrido bajas por parte de diputados que han reconocido en la última semana el error que supuso aprobar la ley del 22 de julio. El último caso ha sido el de Dmitro Kostiuk, este jueves. Una crítica habitual desde los miembros de la bancada de Servidor del Pueblo durante la guerra, aunque expresada de forma anónima, es que la función del poder legislativo ha quedado bajo mínimos, con la única función de secundar lo que comande la oficina del presidente.
Zelenski se ha jugado su liderazgo este julio. Ha puesto por primera vez a la UE y a la sociedad civil abiertamente en su contra. Las protestas se han convocado a diario en varias ciudades de Ucrania desde el 22 de julio, sobre todo en Kiev. Aquel día, de forma inesperada y con escasos minutos para votar, la mayoría parlamentaria del partido de Zelenski forzó a la Rada a aprobar una ley que anulaba la independencia de la NABU y la SAPO, y las sometía a la autoridad del fiscal general.
Los acontecimientos se precipitaron, con advertencias de la UE y de la OCDE y, sobre todo, con las primeras manifestaciones en los casi tres años y medio de guerra. Miles de personas salieron a la calle para oponerse a la decisión del presidente, que anulaba la autonomía de los organismos anticorrupción surgidos de la revolución del Maidán, en 2014.
Tras derrocar al presidente prorruso Viktor Yanukóvich, el nuevo Parlamento y el poder ejecutivo, con el apoyo de la UE y de Estados Unidos, crearon una nueva estructura anticorrupción autónoma y limitaron el poder de la Fiscalía General, dependiente del Gobierno. Con la ley que aprobó Zelenski, el fiscal general, un cargo de su confianza, recuperaba enormes poderes.
Riesgo de infiltración de Rusia
Zelenski justificó el paso atrás en la lucha anticorrupción como una medida para monitorizar la NABU y la SAPO ante el riesgo de que Rusia se infiltrara entre sus funcionarios. El movimiento contra el presidente empezó el 21 de julio, precisamente con una redada de los Servicios de Seguridad del Ministerio del Interior (SSU) contra estas dos agencias. Los embajadores del G-7 en Ucrania emitieron un duro comunicado reconociendo que observaban la operación con “seria preocupación por la independencia y el buen gobierno” de los organismos afectados.
Tanto los dos principales partidos de la oposición, Solidaridad Europea y Holos, como medios de comunicación de referencia en Ucrania, aseguran que la infiltración rusa es un pretexto de la presidencia para tomar el control de la política anticorrupción. Según la oposición y varios diarios, la principal razón para la impopular reforma legal, que se decidió en cuestión de horas, es que Zelenski quiere proteger a su círculo más próximo ante presuntos delitos cometidos.
Los indicios apuntan a varias personas de confianza de Zelenski, según las denuncias hechas públicas por la oposición, sobre todo a dos nombres: Timur Mindich, socio del presidente en su productora audiovisual Kvartal 95, y el exministro para la Unidad Nacional Oleksi Chernishov. Uno de los inspectores de la NABU procesados en la redada del 21 de julio, investigados por colaborar con el enemigo, llevaba el caso de Mindich, según informó el miércoles el diario Pravda.
Lo sucedido ha abierto también una brecha de desconfianza con la UE. La Comisión Europea ha reiterado su preocupación y ha indicado que la independencia de las estructuras anticorrupción es fundamental para proseguir con el camino de Ucrania hacia la integración europea. Varios medios ucranios, a través de fuentes anónimas en Bruselas, han informado de que la Comisión Europea ha suspendido la entrega de un paquete de ayuda financiera a las arcas del Estado ucranio valorado en 1.500 millones de euros. La condición para transferir esta partida es que se resuelva la situación en la NABU Y LA SAPO.
Ursula Von Der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y António Costa, presidente del Consejo Europeo, han celebrado la rectificación legal aprobada en la Rada y han avisado: “Las reformas en el Estado de derecho y contra la corrupción deben continuar en Ucrania. Son esenciales para su camino hacia la UE”.
Otro obstáculo que Bruselas ha exigido a Zelenski que solucione es el nombramiento del director de la Oficina de Delitos Fiscales (BEB). Oleksandr Tsivinski, antiguo inspector de la NABU, ganó el pasado junio el concurso para ser director del BEB. Obtuvo el encargo con la votación del consejo de supervisión del BEB y del Fondo Monetario Internacional, pero con el voto en contra del Gobierno. El BEB es otro organismo ideado para ser independiente del poder ejecutivo. El Consejo de Ministros se ha negado a ratificar a Tsivinski. Esto es porque no tiene vínculo alguno con la oficina del presidente, según Pravda. El medio Strana asegura que Tsivinski es visto como una persona próxima al expresidente y líder de la oposición Petro Poroshenko.
Las dudas sobre la efectividad de las reformas que se están llevando a cabo para combatir la corrupción sistémica en Ucrania llegan en un pésimo momento, según explicó el 27 de julio a este diario Petro Burkovski, director de la Fundación para las Iniciativas Democráticas y oficial del ejército: se producen cuando Washington por fin, tras medio año oponiéndose a ello, ha decidido dar apoyo militar a Ucrania: “Lo peor es que cuando por fin los Estados Unidos de Donald Trump aceptan transferirnos armamento, les das la justificación perfecta a los que se oponen a ello, porque ahora pueden decir que en Ucrania no se controla la corrupción”.
El presidente de Estados Unidos ha aceptado que armas estadounidenses sean enviadas a Ucrania, a cambio de que sean adquiridas por sus aliados europeos. Trump, además, se dispone a aprobar por primera vez sanciones económicas sobre Rusia y sobre los Estados que compran sus recursos energéticos. El líder republicano anunció el pasado fin de semana que daba al presidente ruso, Vladímir Putin, un plazo de “10 12 días” para demostrar que quiere sellar el final de la guerra, y evitar así las penalizaciones económicas.
Nuevos ataques rusos
El Kremlin ha confirmado que no tiene intención de suspender las acciones bélicas. Una prueba más es el bombardeo de siete horas que han sufrido esta pasada madrugada la ciudad de Dnipró y sobre todo Kiev. Por lo menos 11 personas han muerto en la capital, además de dejar el ataque más de 130 heridos. Entre las víctimas hay un niño fallecido de seis años y 10 menores de edad heridos.
Una treintena de edificios han sido dañados en un bombardeo en el que se han empleado más de 300 drones de largo alcance y ocho misiles balísticos. El edificio donde han muerto más personas, seis, se sitúa en las proximidades de varias fábricas. Rusia defiende que en estas instalaciones se produce armamento.
“Es el momento de reducir los plazos de tiempo que se dan a Putin a cero”, ha escrito en sus redes sociales el ministro de Exteriores ucranio, Andrii Sibiga: “El presidente de EE UU ya ha sido muy generoso y paciente con Putin para encontrar una solución”.
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