“El verano es una época especialmente peligrosa porque todas las alertas se disparan en relación con la violencia de género, estamos viviendo una situación terrible y sabemos que julio y agosto son meses especialmente trágicos”, ha dicho este jueves la ministra de Igualdad, Ana Redondo. En junio, julio y agosto se concentran, según la serie histórica, el 30% de los asesinatos machistas y es también el periodo en el que más clusters, sucesión de tres a cinco asesinatos en periodos de entre dos y cinco días, suelen producirse.
El Ministerio de Igualdad e Interior activan medidas frente a la “regularidad” con que este periodo registra “un incremento de sucesos violentos de violencia de género”
“El verano es una época especialmente peligrosa porque todas las alertas se disparan en relación con la violencia de género, estamos viviendo una situación terrible y sabemos que los meses de julio y agosto son meses especialmente trágicos”, ha dicho este jueves la ministra de Igualdad, Ana Redondo. En junio, julio y agosto se concentran, según la serie histórica, el 30% de los asesinatos machistas y es también el periodo en el que más clusters suelen producirse, la sucesión de tres a cinco asesinatos en periodos de entre dos y cinco días.
Esta semana ha ocurrido el primero. En algo más de 48 horas, tres hombres asesinaron a sus parejas, y uno de ellos también a su hijo de dos años en Las Palmas de Gran Canaria, Getafe (Madrid) y Algemesí (Valencia); y se conocieron, además, dos asesinatos que todavía no se sabe con exactitud cuándo se produjeron, el de una mujer que llevaba desaparecida una semana, en Guadalajara, y el de otra mujer de cuyo paradero no se sabía nada desde el pasado mayo.
Ante estos últimos casos y en previsión de lo que las instituciones saben, casi con toda probabilidad, que puede suceder en los próximos meses, tanto Igualdad como el Ministerio del Interior han activado diversas medidas para hacer frente a lo que Redondo ha definido como “alarma real y cierta” en torno a la violencia machista.
Igualdad ha fijado para el próximo 10 de julio el Comité de Crisis ―una reunión entre autonomías y cuerpos especializados cuando se producen esos clústers de asesinatos―, al que ha convocado no solo a aquellas comunidades en cuyos territorios se han producido los crímenes sino a todo el territorio; también, ha explicado la ministra, han contactado “a las consejerías con esta competencia para que estén atentas”; y han hecho lo mismo con la Femp, la Federación Española de Municipios y Provincias, por el ámbito de ruralidad que cubre; y con otros ministerios, entre ellos y el clave en esta cuestión, Interior.
Desde la Secretaria de Estado del ministerio de Fernando Grande-Marlaska emitieron el pasado lunes una orden a los agentes e Policía Nacional, Foral y Guardia Civil ―País Vasco y Cataluña tienen sus propios sistemas― para reforzar las medidas de protección a las víctimas de violencia de género que estará activa hasta el 14 de septiembre.
Esas directrices, que arrancan con un “urgente”, explican esa alerta basándose en “la información estadística” que tienen en su sistema para esta cuestión, VioGén, el de seguimiento de las víctimas de violencia machista y sus agresores. Esa información “permite observar que en el segundo cuatrimestre del año se produce con cierta regularidad un incremento de sucesos violentos de violencia de género, visibilizado mediante el aumento de denuncias y datos que muestran una acentuación estacional de homicidios y otras agresiones graves”, para lo que creen que es necesario “tomar algunas medidas extraordinarias”.
Entre las directrices están por un lado las cuestiones generales, por ejemplo “tener en cuenta el mayor riesgo” que existe en fines de semana y días previos a festividades y que está también cuando se dan algunas circunstancias como los llamados estresores ambientales (altas temperaturas u las olas de calor), que “favorecen dinámicas de crisis en las relaciones humanas y aumentan la probabilidad de conductas agresivas”.
Y por otro están las órdenes específicas respecto a los casos activos dentro del Sistema VioGén, en los que “deben reforzarse las medidas de protección en aquellos considerados de especial relevancia o que incluyen a menores en riesgo, en los que la mujer haya sufrido episodios previos de violencia con otros autores y agresores persistentes y en todos aquellos en los que consten problemas de salud mental y de adicciones o abuso de sustancias, sobre todo alcohol”.
Y, en relación con esto último, las directrices insisten también a los agentes en la necesidad de un “cumplimiento efectivo y riguroso” de dos protocolos. El llamado Protocolo 2025, que mejora la evaluación del riesgo que puede sufrir una mujer al ser más preciso analizando cómo de peligrosos pueden ser los agresores, por ejemplo, prestando atención a “elementos como los antecedentes violentos, el consumo de alcohol u otros tóxicos y sus características de impulsividad y agresividad, en especial cuando hayan sido condenados por lesiones muy graves u homicidios”.
Y el Protocolo Cero, que es el que, sin denuncia de la víctima, e incluso con su oposición, permite a los agentes iniciar investigaciones y denuncia si tienen indicios o sospechas de que se está produciendo violencia o si esta va en aumento. La orden de interior “solicita un aumento de los procedimientos y actuaciones policiales de detección precoz de posibles casos de violencia de género que aún no han sido denunciados” y también que los agentes “incrementen los canales de comunicación con el entorno de las víctimas para acceder a información veraz y actualizada que permita ajustar el nivel de riesgo y perfeccionar la protección de la víctima”.
Redondo, la ministra, ha aludido también a los entornos, que “tienen que ser especialmente cautelosos en este momento” y ha recordado que el teléfono 016 está para que las mujeres, pero también amigos, amigas, familiares, compañeros de trabajo o quien sea que tenga constancia de la violencia, “llamen y denuncien su situación”. “Sabemos que muchas veces las mujeres no pueden denunciar por la situación que viven de miedo, de terror y de dependencia [de los agresores], pero los entornos sí.
España, ha concluido, tiene “una red importante de instrumentos tejida” en todo el territorio “para garantizar la seguridad y la vida de las mujeres y todo el Estado tiene, tenemos la obligación de poner todos esos instrumentos al servicio de las mujeres. No hay que bajar la guardia, los entornos deben estar atentos a la hora de proteger y denunciar par que todos los mecanismos se pongan en funcionamiento”.
En lo que va de año, 17 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Desde que arrancó la estadística oficial, en 2003, son 1.311 mujeres; además de los tres casos en investigación. En los asesinatos por violencia de género de menores, son tres en 2025 y 65 desde que se contabilizan, en 2013. Y la contabilidad oficial registra ya 480 huérfanos menores de edad de estos crímenes; a la que, de confirmarse el caso de Guadalajara, habrá que sumar la niña de cinco años que la mujer tenía con su pareja.
El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.
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