A la huelga de médicos, Sanidad suma el caos del MIR. El sucesor de Celia Gómez, Miguel Ángel Máñez, admite errores en el sistema de Formación Sanitaria Especializada y diseña un plan de choque para recuperar la confianza tras las dudas sobre el proceso, que «este año no dio su mejor cara» Leer A la huelga de médicos, Sanidad suma el caos del MIR. El sucesor de Celia Gómez, Miguel Ángel Máñez, admite errores en el sistema de Formación Sanitaria Especializada y diseña un plan de choque para recuperar la confianza tras las dudas sobre el proceso, que «este año no dio su mejor cara» Leer
Las pruebas de Formación Sanitaria Especializada (FSE), popularmente conocidas como MIR, forman parte de las joyas de la corona de la sanidad española, aunque en los últimos meses diferentes problemas hayan puesto en duda su fiabilidad. Se trata de las oposiciones anuales más consolidadas y que permiten el paso a la especialización más exhaustiva de médicos, enfermeras, farmacéuticos o psicólogos, entre otros.
La última polémica llegó de la mano de la que provisionalmente es la mejor nota del MIR de toda la historia: el cuestionamiento del logro de Bianca Ciobanu. A ella se suma el haber cazado a un aspirante con gafas y un reloj inteligentes durante la realización de la prueba el pasado enero; los muchos problemas de edición y maquetación, con unas imágenes muy malas del texto, y la llegada de más de 1.000 aspirantes inicialmente no admitidos porque no tenían resueltos sus recursos una semana antes.
A ese caos se suma que la cantidad de preguntas anuladas será la más alta de los últimos años. Aunque las peticiones de impugnación se redujeron a la mitad respecto a 2025 (12.382 frente a 27.591), el número de cuestiones invalidadas sumó siete, cuando la media ha estado entre tres y cuatro en los últimos 15 años.
La Asociación MIR España (AME) ya alertó antes de la realización de las pruebas. «Están dañando de manera irreversible la imagen del examen MIR. Un proceso serio no tendría que estar expuesto a este tipo de riesgos», ha reiterado varias veces su presidente, Jesús Arzúa. Por eso, esta semana materializaba de nuevo la crítica reclamando al Ministerio de Sanidad de Mónica García una «auditoría externa, independiente y pública» de todo el proceso de este año por el «progresivo proceso de degradación institucional del sistema de FSE».
Todo ello se adereza con dimisiones al inicio y al final del proceso. Las primeras llegaron en julio de 2025, cuando el experto que coordinaba las preguntas del MIR junto a dos miembros del comité abandonaron sus cargos por desavenencias con Sanidad por el diseño de las pruebas. En concreto, del comité formado por cinco personas dejaron su puesto el coordinador de Medicina (MIR) y el de Enfermería (EIR), más otro miembro que no se ha precisado.
La segunda salida llegó tras el examen del 24 de enero. La directora general de Ordenación Profesional, Celia Gómez González, dejó el cargo para marcharse a la dirección de la Fundación para la Investigación Biosanitaria del Principado de Asturias (Finba) en plena debate sobre las polémicas del MIR y los problemas para sacar adelante el anteproyecto del Estatuto Marco.
«Ha sido una tormenta perfecta», ha admitido Miguel Ángel Máñez, el sucesor de Gómez, en un encuentro reducido con periodistas. Reconoció que hereda una empresa «con mucho trabajo por delante». Tiene abiertos dos frentes complicados: el conflicto de los médicos por un Estatuto Marco que no satisface sus necesidades y mejorar y corregir todo lo acontecido con el examen FSE. Sobre esta prueba, insiste en que trabajan «a contrarreloj para corregir errores» y «pulir un sistema que este año no dio su mejor cara».
Sin desvelar los cambios concretos, Máñez detalló que «habrá cambios en las plataformas para agilizar los procesos de validación, los recursos y las inscripciones, ya que el 95% de los aspirantes las utilizan [quedan fuera los extranjeros, que usan otro sistema de validación]». Además, se pondrá ya con «nuevos planes de contingencia para abordar posibles imprevistos [como cortes en líneas de tren o desastres naturales] que puedan afectar la realización del examen» y espera poder resolver temas de bibliografías y de imprenta, aunque precisó que esto no depende de ellos. «Tenemos que ser conscientes de que pocas administraciones convocan unas oposiciones anuales: el proceso se lleva a cabo en un tiempo récord en comparación con otras oposiciones públicas, que suelen tardar dos o tres años», subrayó Máñez.
Este economista y conocedor de las tripas del sistema sanitario desde hace más de tres décadas tiene ante sí el desafío de devolver la confianza a una prueba nacional que en más de una ocasión Cataluña ha querido asumir como propia para su región. La Generalitat ha buscado en vano en diferentes ocasiones, gestionar su propio modelo de formación para adaptarlo a sus necesidades.
Para todo ello, Máñez explicó que están trabajando con la Subsecretaría y la Subdirección General de Normativa, «así como con la Inspección de Servicios, para dibujar el proceso de la prueba FSE y ver cuáles son las partes críticas para mejorarlas», porque recalcó que se trata de una prueba compleja. También el País Vasco quiere asumir la competencia de esta gestión para adaptarlo a sus necesidades territoriales y ha pedido que puntúe el euskera.
Máñez admitió que «los contratos asociados a la FSE salieron tarde, lo que arrastró todo el proceso». Y justificó todos los sucesivos parches: «Se ha intentado agilizar al máximo, reduciendo plazos salvo los legales para reclamaciones». En este apartado han tenido que enfrentarse a la resolución de más de 1.000 recursos.
También hizo hincapié en las trampas 2.0 de los aspirantes. Es crítico con el avance de dispositivos cada vez más discretos, capaces de almacenar datos o conectarse a internet sin levantar sospechas. Por ello, Sanidad está «trabajando en reforzar estas disposiciones para ser aún más estrictos en futuras convocatorias».
Otro de los detalles que asoma en las mejoras administrativas es la posibilidad de reducir el número de veces que hay que recurrir por la baremación. Así lo explicó Máñez: «Se ha observado que en pocos procesos administrativos se tiene dos veces la posibilidad de recurrir el baremo, por lo que se está considerando si es necesario mantener esta opción en la fase de publicación de notas».
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