El Consejo de Ministros ha aprobado este martes remitir al Congreso el proyecto de ley orgánica de integridad pública. Esta norma busca prevenir la corrupción, en la contratación pública, así como establecer mecanismos para detectar esas posibles prácticas y castigarlas con mayor dureza.
En la rueda de prensa de balance del curso político, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recordado que la ley crea una agencia independiente de integridad pública y ha confiado en que los grupos parlamentarios tengan la «altura de miras que exige el momento» y voluntad de diálogo para aprobarla.
En el texto se incluyen un total de 84 medidas y la modificación de hasta 18 leyes, seis de ellas orgánicas para trabajar en materia de corrupción en la contratación pública.
Las tres organizaciones que aglutinará la nueva Agencia de Integridad Pública serán, por un lado, la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI); la Autoridad Independiente de Protección del Informante, que verá reforzado su papel con este movimiento; y el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, que aumentará sus competencias e irá más allá de velar por los intereses financieros de la Unión Europea en España.
Su presidencia, con rango de Secretaría de Estado, será nombrada tras un proceso público y deberá contar con el refrendo del Congreso. El responsable de ésta tendrá un mandato único de seis años no renovable, condiciones similares a las de otras instituciones clave para el sistema democrático.
Este proyecto de ley se integra dentro del plan estatal de lucha contra la corrupción anunciado por Sánchez en julio de 2025, cuando compareció en el pleno de la Cámara Baja para abordar el caso Koldo y tras la entrada en prisión provisional de quien fuera secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.
Según ha explicado el presidente del Gobierno, que ha destacado el asesoramiento de la OCDE para diseñar el texto, tras aprobarse el anteproyecto en febrero se han incorporado a la ley aportaciones de organismos estatales y autonómicos y también de la sociedad civil.
El proyecto creará una agencia independiente de integridad pública para controlar las prácticas irregulares y castigar con más dureza las infracciones
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes remitir al Congreso el proyecto de ley orgánica de integridad pública. Esta norma busca prevenir la corrupción, en la contratación pública, así como establecer mecanismos para detectar esas posibles prácticas y castigarlas con mayor dureza.
En la rueda de prensa de balance del curso político, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recordado que la ley crea una agencia independiente de integridad pública y ha confiado en que los grupos parlamentarios tengan la «altura de miras que exige el momento» y voluntad de diálogo para aprobarla.
En el texto se incluyen un total de 84 medidas y la modificación de hasta 18 leyes, seis de ellas orgánicas para trabajar en materia de corrupción en la contratación pública.
Las tres organizaciones que aglutinará la nueva Agencia de Integridad Pública serán, por un lado, la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI); la Autoridad Independiente de Protección del Informante, que verá reforzado su papel con este movimiento; y el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, que aumentará sus competencias e irá más allá de velar por los intereses financieros de la Unión Europea en España.
Su presidencia, con rango de Secretaría de Estado, será nombrada tras un proceso público y deberá contar con el refrendo del Congreso. El responsable de ésta tendrá un mandato único de seis años no renovable, condiciones similares a las de otras instituciones clave para el sistema democrático.
Este proyecto de ley se integra dentro del plan estatal de lucha contra la corrupción anunciado por Sánchez en julio de 2025, cuando compareció en el pleno de la Cámara Baja para abordar el caso Koldo y tras la entrada en prisión provisional de quien fuera secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.
Según ha explicado el presidente del Gobierno, que ha destacado el asesoramiento de la OCDE para diseñar el texto, tras aprobarse el anteproyecto en febrero se han incorporado a la ley aportaciones de organismos estatales y autonómicos y también de la sociedad civil.
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