El Congreso ha emprendido este miércoles la vía para impedir que se repita un caso como el de Noelia Ramírez, la joven parapléjica que tuvo que esperar 601 días por la eutanasia debido a un recurso judicial de su padre. El pleno de la Cámara ha abierto el proceso para reformar la ley y establecer un plazo máximo de 45 días a fin de que los tribunales se pronuncien ante un eventual recurso de algún allegado a la persona que reclama su derecho a morir dignamente. La proposición de ley fue elevada al Congreso por el Parlament de Cataluña, que decidió promoverla a iniciativa de la asociación Derecho a Morir Dignamente tras el fuerte impacto social del caso de Noelia.
La reforma, impulsada por el Parlament de Cataluña, fijaría un plazo máximo de 45 días para que resuelvan los tribunales
El Congreso ha emprendido este miércoles la vía para impedir que se repita un caso como el de Noelia Ramírez, la joven parapléjica que tuvo que esperar 601 días por la eutanasia debido a un recurso judicial de su padre. El pleno de la Cámara ha abierto el proceso para reformar la ley y establecer un plazo máximo de 45 días a fin de que los tribunales se pronuncien ante un eventual recurso de algún allegado a la persona que reclama su derecho a morir dignamente. La proposición de ley fue elevada al Congreso por el Parlament de Cataluña, que decidió promoverla a iniciativa de la asociación Derecho a Morir Dignamente tras el fuerte impacto social del caso de Noelia.
Tres días después de la sesión solemne del Congreso en la que el papa León XIV reiteró su condena a la eutanasia, la Cámara constató que el apoyo al ejercicio de ese derecho sigue siendo tan mayoritario como cuando se reguló, en 2021. Y de igual modo, la oposición sigue situándose en los dos partidos de la derecha de ámbito estatal —PP y Vox— y los foralistas navarros de UPN. El resto respaldó la iniciativa del Parlament: PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, Podemos, Coalición Canaria, BNG y Compromís.
La propuesta no solo acorta los plazos para evitar que un recurso demore meses la aplicación de la eutanasia. También limita las instancias a las que puede apelar el demandante. Solo podrá ser ante las salas contencioso-administrativas de los tribunales superiores de cada comunidad autónoma. Y una vez que estos se pronuncien en el plazo máximo de 45 días, únicamente cabría recurso ante el Tribunal Constitucional. Después de ser tomada en consideración la propuesta por el Congreso, se abrirá un plazo de presentación de enmiendas y a partir de ahí se podrá abordar la redacción definitiva de la reforma legal.
Desde que el Papa intervino en la Cámara el pasado lunes, el Gobierno no ha dejado de emplear contra la derecha el discurso del pontífice sobre la inmigración, que contradice de modo flagrante el principio de “prioridad nacional” en el acceso a los servicios públicos consagrado en los acuerdos entre PP y Vox. Pero este miércoles, la apelación a las ideas de León XIV circuló en el hemiciclo en sentido contrario. El diputado del PP Antonio Román censuró a los socialistas por usar al Papa como “arma arrojadiza” y aprovechó para recordarles la doctrina vaticana contraria a la eutanasia.
La propuesta había salido del Parlament con un amplio consenso y fue defendida ante el Congreso por los diputados autonómicos Sara Jaurrieta (PSC), Jordi Fàbrega (Junts) y Juli Fernández (ERC). Los promotores evocaron el caso de Noelia y los tres insistieron en que la eutanasia no es una imposición para nadie, sino el reconocimiento de un derecho a quien quiera ejercerlo bajo estrictas garantías médicas y psicológicas. “No supone elegir entre la vida y la muerte, sino entre morir de una manera o de otra”, argumentó Jaurrieta. Fàbrega apuntó que el acortar los plazos no implica eliminar ninguna de las garantías previas para que se acepte una solicitud, mientras el republicano Fernández invocaba el amplio apoyo social al ejercicio de este derecho.
La apertura del proceso de reforma legal en el Congreso llega tres semanas después de que el Tribunal Supremo reconociese legitimidad para que personas con una “vinculación especialmente estrecha” al solicitante de eutanasia puedan impugnar la decisión. El Supremo se pronunció así a propósito de otro caso, que también salió a relucir en el debate parlamentario: el de Francesc Augé, un hombre de 56 años que lleva esperando la eutanasia desde 2024 después de que lo frenase un recurso de su padre. Algunos portavoces de la izquierda cuestionaron que la voluntad de ejercer el derecho a la muerte digna pueda quedar a merced del recurso de otra persona, “por muy padre que sea”, en palabras de Marije Fullaondo, de EH Bildu. “Es un melón que habrá que abrir en algún momento”, convino Pilar Vallugera, de ERC.
Para el PP, este intento de reforma probaría que la ley no es tan garantista como aseguran sus promotores. “La respuesta al sufrimiento no puede ser eliminar a la persona que sufre”, argumentó el diputado popular Román. “No es un derecho quitarse la vida ni pedirles a otros que lo hagan”, abundó María Ruiz Solás, de Vox, que, a diferencia del PP, no invocó el discurso del Papa para reforzar sus tesis. Lo que hizo fue equiparar la eutanasia a una “ejecución” y sostener que quienes la piden es que porque han sido “abandonados a su suerte”.
Ante la insistencia de la derecha en defender los cuidados paliativos como prevención de la eutanasia, la socialista Carmen Andrés trajo a colación el principio de la “prioridad nacional” y preguntó a esos grupos: “¿Van a aplicar un criterio de sangre para los cuidados paliativos? ¿Abandonarán a los que no tengan padres españoles?”.
Una vez abierto el proceso, la tramitación de la ley, en el mejor de los casos, todavía se demorará meses. Su futuro dependerá en buena medida de si la legislatura logra llegar hasta el final.
Feed MRSS-S Noticias
