Los sectores industriales que mueven España contienen el aliento. Todos aspiran a que la fragmentación política de las últimas legislaturas acabe el próximo 29 de noviembre con un gobierno lo suficientemente robusto para que las inversiones necesarias puedan acelerar tanto en energía como en construcción e industria.
El tapón de las redes eléctricas, que paraliza la implantación de nuevas industrias emergentes para las que las renovables españolas son más que apetecibles y frena la construcción de viviendas por la falta de accesos o la instalación de centros de datos, a los que el «sanchismo» quiere poner freno, son algunos de los asuntos candentes.
Se trata de inversiones millonarias que necesitan un horizonte despejado y cierto a largo plazo en un contexto en el que, por fin, aumenta la demanda.
Después de varios años de evolución plana, los datos de 2026 son esperanzadores. En los nueve primeros meses del año, la demanda eléctrica en España aumentó un 3,2% en términos brutos respecto al mismo período de 2025, según Red Eléctrica. Corregidos los efectos de temperatura y laboralidad, el crecimiento fue del 1,8%.
El apetito es más que evidente. Para ello son necesarias redes eléctricas capaces de integrar simultáneamente nueva generación, almacenamiento y demanda. Un reto mayúsculo para el que la planificación a largo plazo es vital.
La última propuesta con horizonte a 2030, actualizada después de analizar más de 2.500 alegaciones, elevaba la inversión prevista por encima de los 17.000 millones de euros, un 30% más que la propuesta sometida inicialmente a audiencia pública.
La nueva demanda ocupa un lugar especialmente relevante. El 41% de las solicitudes recibidas durante el proceso de planificación estuvieron relacionadas con la demanda, frente al 40% asociado a generación y el 19% a almacenamiento.
Tras el proceso de alegaciones también aumentó el número de posiciones previstas en la red para atender nuevas demandas. La planificación contempla además más subestaciones y líneas y un mayor volumen de repotenciación de infraestructuras existentes.
Al reto de conectar nueva generación renovable se suma ahora el de crear capacidad para nuevas industrias, centros de datos, electrificación de puertos y ferrocarriles, almacenamiento, producción de hidrógeno y otras nuevas demandas. Pero esta planificación necesita ser tramitada en el Congreso de los Diputados, previo informe de la CNMC.
El adelanto electoral paraliza así inversiones por 17.000 millones en redes eléctricas, un 144% superiores a las previstas. Quedan bloqueadas conexiones con industrias y comercios, y no se pueden construir pisos, el detonante de la convocatoria electoral.
Las nuevas Cortes se constituirán el 23 de diciembre, así que la puesta en marcha de la planificación 2025-2030, que ya venía con retraso, queda empantanada unos meses más cuando las inversiones resultan acuciantes como queda patente con el incremento de vertidos de renovables y las paradas obligadas de la industria, que suman una decena en menos de un mes y medio.
Este problema se suma a la lentitud de la planificación eléctrica en España que se hace cada 6 años, frente a los 2 de media en Europa, según destaca ACER en su último informe al respecto publicado el año pasado. ACER, la agencia de la UE encargada de la coordinación de los reguladores energéticos de cada estado miembro, publicó en julio de 2025 su «Opinión sobre la armonización de los planes de desarrollo de la red a nivel nacional y a nivel europeo».
En esta opinión, la agencia energética de la UE identifica varios aspectos de la planificación eléctrica nacional en los que se necesitan prácticas más uniformes para asegurar que el desarrollo de la red está en línea con los objetivos energéticos europeos.
Entre estos aspectos de la planificación que necesitan una mayor coherencia, ACER pone el foco en la falta de alineación de actualizaciones en los ciclos de planificación eléctrica como uno de los factores que perjudican un desarrollo coordinado y eficiente de la red, indicando que pueden causar retrasos, solapamientos o lagunas en las inversiones.
La Opinión de ACER pone a España en el punto de mira, al señalar como únicos estados miembros con actualizaciones en la planificación eléctrica que exceden el ciclo bienal a España (con actualizaciones cada 6 años) y a Bélgica (con actualizaciones cada 4 años).
Ante este desajuste, ACER recomienda que España (y Bélgica) «considere aplicar también una actualización de su planificación eléctrica cada 2 años», en línea con la planificación europea y la nacional de la mayoría de estados miembros. Al respecto, la agencia de la UE justifica en su opinión que la actualización periódica de la planificación de la red y de sus aportaciones es fundamental para abordar eficazmente las necesidades de inversión en la red.
Esta situación alarga la agonía para la construcción. Según el último informe de agosto de BBVA Research, la falta de capacidad eléctrica retrasa la construcción de vivienda. Sin capacidad suficiente, es necesario reforzar o ampliar la infraestructura, lo que puede retrasar la ejecución de promociones y demorar la llegada de vivienda al mercado.
BBVA Research identifica que más de 80.000 viviendas previstas dependen de la construcción de nuevas infraestructuras eléctricas. Y es que, según un análisis sobre suelo de la consultora Atlas Real Estate Analytics, solo un 13% de las viviendas desarrollables cuenta con un acceso rápido a la red energética y menos del 47% se encuentra en una situación positiva.
Solo en Madrid, la asociación de promotores Asprima asegura que la capacidad firme actual es de 900 megavatios (MW) que, una vez aplicados los factores de corrección técnicos, se reduciría a casi la mitad, 500 MW útiles. Frente a esta cifra, el censo de la herramienta LandCam registra 360.000 viviendas en distintas fases de desarrollo, cuya demanda estimada es de 1.750 MW. Es decir, que la potencia actual no cubriría ni un tercio de las necesidades residenciales. El resumen es que la cifra real de acceso eléctrico apenas da para 19.665 viviendas más en Madrid frente a las 360.000 en desarrollo.
El 29N deja también en el congelador la política energética del «sanchismo», que ha derivado en el mayor apagón vivido en España en más de medio siglo y en un clima de inestabilidad e incumplimientos, tanto de los propios planes de Sánchez sobre la nuclear como del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, la «biblia» energética de la izquierda.
Un reciente informe de EY y la Fundación Naturgy concluye que el ritmo actual resulta «insuficiente» para alcanzar la mayor parte de los objetivos del PNIEC. España suspende en 7 de los 9 objetivos principales. Para empezar, no se alcanzan las metas en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, con un aumento del consumo de productos petrolíferos, que ha crecido un 16% entre 2021 y 2025 cuando el plan exige reducirlo un 37% hasta 2030.
También falla la electrificación de la demanda, el desarrollo de redes de transporte y distribución, y el despliegue de tecnologías de almacenamiento.
Las renovables se quedan seis puntos por debajo del hito de 2025, y se estima que para que estas lleguen a suponer el 48% del consumo final de energía, el ritmo de crecimiento anual debería multiplicarse por más de dos.
Se instala la potencia prevista, pero cada gigavatio (GW) renovable produce un 20% menos de lo que esperaba el PNIEC. Así, la dependencia energética de España apenas se ha movido en una década y en 2025 se situó en el 68% frente al 50% previsto por el plan en 2030.
El bloqueo político frena la expansión de la red eléctrica y amenaza el desarrollo de vivienda, la industria y centros de datos, y la electrificación
Los sectores industriales que mueven España contienen el aliento. Todos aspiran a que la fragmentación política de las últimas legislaturas acabe el próximo 29 de noviembre con un gobierno lo suficientemente robusto para que las inversiones necesarias puedan acelerar tanto en energía como en construcción e industria.
El tapón de las redes eléctricas, que paraliza la implantación de nuevas industrias emergentes para las que las renovables españolas son más que apetecibles y frena la construcción de viviendas por la falta de accesos o la instalación de centros de datos, a los que el «sanchismo» quiere poner freno, son algunos de los asuntos candentes.
Se trata de inversiones millonarias que necesitan un horizonte despejado y cierto a largo plazo en un contexto en el que, por fin, aumenta la demanda.
Después de varios años de evolución plana, los datos de 2026 son esperanzadores. En los nueve primeros meses del año, la demanda eléctrica en España aumentó un 3,2% en términos brutos respecto al mismo período de 2025, según Red Eléctrica. Corregidos los efectos de temperatura y laboralidad, el crecimiento fue del 1,8%.
El apetito es más que evidente. Para ello son necesarias redes eléctricas capaces de integrar simultáneamente nueva generación, almacenamiento y demanda. Un reto mayúsculo para el que la planificación a largo plazo es vital.
La última propuesta con horizonte a 2030, actualizada después de analizar más de 2.500 alegaciones, elevaba la inversión prevista por encima de los 17.000 millones de euros, un 30% más que la propuesta sometida inicialmente a audiencia pública.
La nueva demanda ocupa un lugar especialmente relevante. El 41% de las solicitudes recibidas durante el proceso de planificación estuvieron relacionadas con la demanda, frente al 40% asociado a generación y el 19% a almacenamiento.
Tras el proceso de alegaciones también aumentó el número de posiciones previstas en la red para atender nuevas demandas. La planificación contempla además más subestaciones y líneas y un mayor volumen de repotenciación de infraestructuras existentes.
Al reto de conectar nueva generación renovable se suma ahora el de crear capacidad para nuevas industrias, centros de datos, electrificación de puertos y ferrocarriles, almacenamiento, producción de hidrógeno y otras nuevas demandas. Pero esta planificación necesita ser tramitada en el Congreso de los Diputados, previo informe de la CNMC.
El adelanto electoral paraliza así inversiones por 17.000 millones en redes eléctricas, un 144% superiores a las previstas. Quedan bloqueadas conexiones con industrias y comercios, y no se pueden construir pisos, el detonante de la convocatoria electoral.
Las nuevas Cortes se constituirán el 23 de diciembre, así que la puesta en marcha de la planificación 2025-2030, que ya venía con retraso, queda empantanada unos meses más cuando las inversiones resultan acuciantes como queda patente con el incremento de vertidos de renovables y las paradas obligadas de la industria, que suman una decena en menos de un mes y medio.
Este problema se suma a la lentitud de la planificación eléctrica en España que se hace cada 6 años, frente a los 2 de media en Europa, según destaca ACER en su último informe al respecto publicado el año pasado. ACER, la agencia de la UE encargada de la coordinación de los reguladores energéticos de cada estado miembro, publicó en julio de 2025 su «Opinión sobre la armonización de los planes de desarrollo de la red a nivel nacional y a nivel europeo».
En esta opinión, la agencia energética de la UE identifica varios aspectos de la planificación eléctrica nacional en los que se necesitan prácticas más uniformes para asegurar que el desarrollo de la red está en línea con los objetivos energéticos europeos.
Entre estos aspectos de la planificación que necesitan una mayor coherencia, ACER pone el foco en la falta de alineación de actualizaciones en los ciclos de planificación eléctrica como uno de los factores que perjudican un desarrollo coordinado y eficiente de la red, indicando que pueden causar retrasos, solapamientos o lagunas en las inversiones.
La Opinión de ACER pone a España en el punto de mira, al señalar como únicos estados miembros con actualizaciones en la planificación eléctrica que exceden el ciclo bienal a España (con actualizaciones cada 6 años) y a Bélgica (con actualizaciones cada 4 años).
Ante este desajuste, ACER recomienda que España (y Bélgica) «considere aplicar también una actualización de su planificación eléctrica cada 2 años», en línea con la planificación europea y la nacional de la mayoría de estados miembros. Al respecto, la agencia de la UE justifica en su opinión que la actualización periódica de la planificación de la red y de sus aportaciones es fundamental para abordar eficazmente las necesidades de inversión en la red.
Esta situación alarga la agonía para la construcción. Según el último informe de agosto de BBVA Research, la falta de capacidad eléctrica retrasa la construcción de vivienda. Sin capacidad suficiente, es necesario reforzar o ampliar la infraestructura, lo que puede retrasar la ejecución de promociones y demorar la llegada de vivienda al mercado.
BBVA Research identifica que más de 80.000 viviendas previstas dependen de la construcción de nuevas infraestructuras eléctricas. Y es que, según un análisis sobre suelo de la consultora Atlas Real Estate Analytics, solo un 13% de las viviendas desarrollables cuenta con un acceso rápido a la red energética y menos del 47% se encuentra en una situación positiva.
Solo en Madrid, la asociación de promotores Asprima asegura que la capacidad firme actual es de 900 megavatios (MW) que, una vez aplicados los factores de corrección técnicos, se reduciría a casi la mitad, 500 MW útiles. Frente a esta cifra, el censo de la herramienta LandCam registra 360.000 viviendas en distintas fases de desarrollo, cuya demanda estimada es de 1.750 MW. Es decir, que la potencia actual no cubriría ni un tercio de las necesidades residenciales. El resumen es que la cifra real de acceso eléctrico apenas da para 19.665 viviendas más en Madrid frente a las 360.000 en desarrollo.
El 29N deja también en el congelador la política energética del «sanchismo», que ha derivado en el mayor apagón vivido en España en más de medio siglo y en un clima de inestabilidad e incumplimientos, tanto de los propios planes de Sánchez sobre la nuclear como del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, la «biblia» energética de la izquierda.
Un reciente informe de EY y la Fundación Naturgy concluye que el ritmo actual resulta «insuficiente» para alcanzar la mayor parte de los objetivos del PNIEC. España suspende en 7 de los 9 objetivos principales. Para empezar, no se alcanzan las metas en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, con un aumento del consumo de productos petrolíferos, que ha crecido un 16% entre 2021 y 2025 cuando el plan exige reducirlo un 37% hasta 2030.
También falla la electrificación de la demanda, el desarrollo de redes de transporte y distribución, y el despliegue de tecnologías de almacenamiento.
Las renovables se quedan seis puntos por debajo del hito de 2025, y se estima que para que estas lleguen a suponer el 48% del consumo final de energía, el ritmo de crecimiento anual debería multiplicarse por más de dos.
Se instala la potencia prevista, pero cada gigavatio (GW) renovable produce un 20% menos de lo que esperaba el PNIEC. Así, la dependencia energética de España apenas se ha movido en una década y en 2025 se situó en el 68% frente al 50% previsto por el plan en 2030.
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