Una gerente utilizó tarjetas de empresa para abonar gastos durante jornadas en las que no estaba trabajando y reservó coches de alquiler que pagó su empleadora mientras disfrutaba de vacaciones, unos movimientos que condujeron a su despido disciplinario y posteriormente a un litigio.
La trabajadora, con un salario bruto anual de 40.593,98 euros incluidas las pagas extra, había demandado a la empresa y obtuvo en primera instancia una declaración de improcedencia, que obligaba a elegir entre readmitirla o abonarle una indemnización de 29.666,97 euros.
La compañía recurrió y la Sala modificó los hechos probados a partir de documentos bancarios, el cuadrante de trabajo y los contratos de alquiler, antes de concluir que el uso de la tarjeta para gastos ajenos a la actividad laboral justificaba el cese.
La tarjeta corporativa
La Sentencia número 554/2026, dictada el 5 de junio por la Sección Primera de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, recoge que la gerente prestaba servicios para la empresa desde febrero de 2017 y que fue despedida en febrero de 2025 tras un expediente disciplinario.
La misiva de despido le atribuía pagos personales en tardes libres entre agosto y diciembre de 2024, dietas por encima de los límites internos, desplazamientos en taxi sin justificación laboral y alquileres de vehículos para sus vacaciones, imputaciones que la trabajadora negó al alegar que no podía consultar sus registros después de entregar el ordenador, el móvil y la tarjeta corporativa.
El juzgado estimó que no estaba probado que conociera las reglas de uso de la tarjeta ni cuáles habían sido sus horarios de trabajo y descanso, por lo que declaró el despido improcedente, aunque desestimó su petición principal de nulidad por vulneración de derechos fundamentales. Al resolver el recurso de la empresa, el TSJ añadió a los hechos probados la política de dietas, que fijaba 6,14 euros diarios para desayunar y 17,34 euros por comida o cena, y la obligación de revisar mensualmente los pagos hechos con la tarjeta.
Los documentos del recurso
La Sala también incorporó las fechas de libranza y los cargos de las tarjetas apoyándose en un certificado bancario y en el cuadrante de la empleada, documentos que, según la resolución, no fueron impugnados durante el juicio y permitieron relacionar pagos, incluido un taxi, con días libres, festivos o vacaciones.
Los contratos de alquiler acreditaron además dos reservas vinculadas al periodo navideño de 2024, con un vehículo pagado por la empresa durante 11 días de vacaciones, mientras que los magistrados corrigieron el inicio del periodo de descanso propuesto en el recurso para ajustarlo al cuadrante.
El tribunal admite que la empresa pudo no haber comunicado a la gerente el manual y los límites de gasto, pero señala que la tarjeta se le entregó para dietas y desplazamientos de trabajo y que «hizo uso de ella en días de libranza, festivos y vacaciones» sin ofrecer una justificación.
La sentencia considera acreditada «una falta muy grave de infracción de la buena fe contractual» y revoca la indemnización o readmisión acordada por el juzgado, de modo que desestima la demanda y declara procedente el despido sin imponer las costas del recurso.
La trabajadora obtuvo inicialmente el derecho a una indemnización o a ser readmitida, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid revocó ese fallo tras revisar documentos sobre los pagos y sus días de descanso
Tribunales
La trabajadora obtuvo inicialmente el derecho a una indemnización o a ser readmitida, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid revocó ese fallo tras revisar documentos sobre los pagos y sus días de descanso

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Una gerente utilizó tarjetas de empresa para abonar gastos durante jornadas en las que no estaba trabajando y reservó coches de alquiler que pagó su empleadora mientras disfrutaba de vacaciones, unos movimientos que condujeron a su despido disciplinario y posteriormente a un litigio.
La trabajadora, con un salario bruto anual de 40.593,98 euros incluidas las pagas extra, había demandado a la empresa y obtuvo en primera instancia una declaración de improcedencia, que obligaba a elegir entre readmitirla o abonarle una indemnización de 29.666,97 euros.
La compañía recurrió y la Sala modificó los hechos probados a partir de documentos bancarios, el cuadrante de trabajo y los contratos de alquiler, antes de concluir que el uso de la tarjeta para gastos ajenos a la actividad laboral justificaba el cese.
La tarjeta corporativa
La Sentencia número 554/2026, dictada el 5 de junio por la Sección Primera de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, recoge que la gerente prestaba servicios para la empresa desde febrero de 2017 y que fue despedida en febrero de 2025 tras un expediente disciplinario.
La misiva de despido le atribuía pagos personales en tardes libres entre agosto y diciembre de 2024, dietas por encima de los límites internos, desplazamientos en taxi sin justificación laboral y alquileres de vehículos para sus vacaciones, imputaciones que la trabajadora negó al alegar que no podía consultar sus registros después de entregar el ordenador, el móvil y la tarjeta corporativa.
El juzgado estimó que no estaba probado que conociera las reglas de uso de la tarjeta ni cuáles habían sido sus horarios de trabajo y descanso, por lo que declaró el despido improcedente, aunque desestimó su petición principal de nulidad por vulneración de derechos fundamentales. Al resolver el recurso de la empresa, el TSJ añadió a los hechos probados la política de dietas, que fijaba 6,14 euros diarios para desayunar y 17,34 euros por comida o cena, y la obligación de revisar mensualmente los pagos hechos con la tarjeta.
Los documentos del recurso
La Sala también incorporó las fechas de libranza y los cargos de las tarjetas apoyándose en un certificado bancario y en el cuadrante de la empleada, documentos que, según la resolución, no fueron impugnados durante el juicio y permitieron relacionar pagos, incluido un taxi, con días libres, festivos o vacaciones.
Los contratos de alquiler acreditaron además dos reservas vinculadas al periodo navideño de 2024, con un vehículo pagado por la empresa durante 11 días de vacaciones, mientras que los magistrados corrigieron el inicio del periodo de descanso propuesto en el recurso para ajustarlo al cuadrante.
El tribunal admite que la empresa pudo no haber comunicado a la gerente el manual y los límites de gasto, pero señala que la tarjeta se le entregó para dietas y desplazamientos de trabajo y que «hizo uso de ella en días de libranza, festivos y vacaciones» sin ofrecer una justificación.
La sentencia considera acreditada «una falta muy grave de infracción de la buena fe contractual» y revoca la indemnización o readmisión acordada por el juzgado, de modo que desestima la demanda y declara procedente el despido sin imponer las costas del recurso.
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