La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha confirmado que pagar parte del salario de los empleados sin declarar, conocido popularmente como hacerlo «en negro», constituye una infracción muy grave que puede acarrear multas de hasta 225.018 euros.
Esta práctica, que aún persiste en algunos sectores económicos, sobre todo en la hostelería, no solo perjudica las arcas públicas al evitar el pago de impuestos y cotizaciones, sino que también vulnera gravemente los derechos de los trabajadores al dejarlos en una situación de desprotección.
Las cuantías de las sanciones están tipificadas en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS). De esta forma, cuando la Inspección detecta estas irregularidades, la multa se gradúa en función de la gravedad del fraude.
En casos considerados graves, las penalizaciones oscilan entre los 751 y los 7.500 euros. Sin embargo, cuando la conducta es calificada como muy grave, las multas parten desde los 30.001 euros. En el grado máximo de estas infracciones muy graves, la sanción alcanza un rango que va desde los 120.006 euros hasta el límite de 225.018 euros.
El trabajador también se enfrenta a consecuencias legales
Aunque la responsabilidad principal recae sobre el empresario por ser quien organiza y financia la relación laboral irregular, el empleado que cobra parte de su salario en negro no queda exento de sanciones.
Según la normativa vigente, si el trabajador está percibiendo prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), como una prestación por desempleo, y simultáneamente compatibiliza esta ayuda con un empleo no declarado, se expone a sanciones económicas e incluso a la pérdida de dicha prestación.
En estos casos, se considera que el trabajador participa en un fraude a la Seguridad Social, lo que activa un expediente sancionador específico que puede derivar en la extinción del subsidio y en la obligación de devolver las cantidades indebidamente percibidas.
La lucha contra el dinero negro en el ámbito laboral se ha intensificado con el objetivo de erradicar este tipo de prácticas que generan competencia desleal entre empresas y reducen la recaudación destinada a mantener el estado de bienestar.
Los inspectores cuentan con herramientas tecnológicas avanzadas para cruzar datos y detectar discrepancias entre el nivel de vida de los empleados, sus altas en la Seguridad Social y los ingresos declarados por las compañías.
Las empresas que incurren en esta ilegalidad no solo asumen un riesgo económico considerable, también se exponen a un daño reputacional y a posibles responsabilidades penales por delitos contra la Seguridad Social.
El organismo establece sanciones económicas que varían según la gravedad de la infracción, afectando directamente a las empresas que no declaran la totalidad de las retribuciones de sus trabajadores
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha confirmado que pagar parte del salario de los empleados sin declarar, conocido popularmente como hacerlo «en negro», constituye una infracción muy grave que puede acarrear multas de hasta 225.018 euros.
Esta práctica, que aún persiste en algunos sectores económicos, sobre todo en la hostelería, no solo perjudica las arcas públicas al evitar el pago de impuestos y cotizaciones, sino que también vulnera gravemente los derechos de los trabajadores al dejarlos en una situación de desprotección.
Las cuantías de las sanciones están tipificadas en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS). De esta forma, cuando la Inspección detecta estas irregularidades, la multa se gradúa en función de la gravedad del fraude.
En casos considerados graves, las penalizaciones oscilan entre los 751 y los 7.500 euros. Sin embargo, cuando la conducta es calificada como muy grave, las multas parten desde los 30.001 euros. En el grado máximo de estas infracciones muy graves, la sanción alcanza un rango que va desde los 120.006 euros hasta el límite de 225.018 euros.
Aunque la responsabilidad principal recae sobre el empresario por ser quien organiza y financia la relación laboral irregular, el empleado que cobra parte de su salario en negro no queda exento de sanciones.
Según la normativa vigente, si el trabajador está percibiendo prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), como una prestación por desempleo, y simultáneamente compatibiliza esta ayuda con un empleo no declarado, se expone a sanciones económicas e incluso a la pérdida de dicha prestación.
En estos casos, se considera que el trabajador participa en un fraude a la Seguridad Social, lo que activa un expediente sancionador específico que puede derivar en la extinción del subsidio y en la obligación de devolver las cantidades indebidamente percibidas.
La lucha contra el dinero negro en el ámbito laboral se ha intensificado con el objetivo de erradicar este tipo de prácticas que generan competencia desleal entre empresas y reducen la recaudación destinada a mantener el estado de bienestar.
Los inspectores cuentan con herramientas tecnológicas avanzadas para cruzar datos y detectar discrepancias entre el nivel de vida de los empleados, sus altas en la Seguridad Social y los ingresos declarados por las compañías.
Las empresas que incurren en esta ilegalidad no solo asumen un riesgo económico considerable, también se exponen a un daño reputacional y a posibles responsabilidades penales por delitos contra la Seguridad Social.
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