El nuevo modelo retributivo propuesto por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para la distribución eléctrica, aun en su segundo trámite de audiencia, sigue alertando al sector al introducir un parámetro clave -el llamado «coeficiente de sostenibilidad K»- que se fija en 232 euros el kilovatio hora, es decir, un 38 % por debajo del coste medio actual de red, estimado en 375 €/kW.
Esta infravaloración, junto a un recorte del 25 % en los costes operativos reconocidos y la no actualización por inflación (13 %), pone en riesgo las inversiones necesarias para la electrificación del país y amenaza la calidad del suministro eléctrico en el medio plazo, según la última actualización del informe de PWC sobre la propuesta de metodología de cálculo de la retribución de distribución eléctrica.
La medida llega en un momento crítico para la transición energética, recuerda el análisis. España necesita movilizar 53.000 millones de euros en inversiones en redes eléctricas si quiere cumplir con los objetivos marcados por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y atender el crecimiento de la demanda eléctrica -impulsada por el coche eléctrico, la descarbonización industrial y la electrificación de la vivienda-. Esta cifra supone «triplicar el ritmo de inversión» actual.
El documento subraya que aunque desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se ha avanzado en esta dirección con un proyecto de Real Decreto que plantea un «incremento excepcional del 62 % en los límites de inversión en redes», enfocado especialmente en inversiones anticipatorias y electrificación de la demanda, la propuesta de la CNMC va en dirección opuesta, generando «inseguridad regulatoria» y debilitando los incentivos necesarios para atraer inversión.
Bloqueo a conexiones clave
El llamado «parámetro K» se convierte en el eje del nuevo modelo retributivo, ya que condiciona la viabilidad económica de nuevas conexiones eléctricas. Bajo la propuesta actual, indica el documento de PWC, solo se reconocerán aquellas inversiones cuyo coste esté por debajo de los 232 €/kW, una cifra alejada de la realidad de los costes actuales, según datos del sector. Esto supone, en la práctica, que muchas inversiones -aunque estén contempladas en la planificación oficial- «quedarán fuera del marco retributivo».
Esto afectará a desarrollos residenciales, infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos, ampliaciones de red en zonas rurales o áreas industriales saturadas, donde los costes por kW superan con frecuencia el umbral propuesto. El resultado: «frenazo en la electrificación», «imposibilidad de conectar nueva demanda» y, en algunos casos, «paralización de proyectos estratégicos».
Menos mantenimiento, peor servicio
Además, el modelo de la CNMC incluye «un recorte del 25% en los costes de operación y mantenimiento» reconocidos para las empresas distribuidoras, al que se suma un «13 % adicional por el no reconocimiento del efecto de la inflación».
En total, «una caída del 38 % en los costes reconocidos», que -según denuncian expertos y operadores del sector- «desincentiva el mantenimiento preventivo de las redes eléctricas», comprometiendo la fiabilidad del suministro a medio y largo plazo.
«El recorte manda una señal muy clara: menos recursos para mantener la red. Y eso inevitablemente impactará en la calidad del servicio al consumidor”, advierte un directivo del sector. “La red eléctrica no es sólo cableado; requiere inversiones constantes para seguir siendo segura, resiliente y capaz de integrar nueva demanda», remarca el enfoque de PWC.
Fractura
La descoordinación entre el regulador (CNMC) y la política energética definida por el Ministerio de Transición Ecológica genera así una «fractura preocupante». Mientras el Ministerio promueve una expansión ambiciosa de la red eléctrica para facilitar la transición energética, el marco retributivo propuesto «condiciona las inversiones a resultados de demanda inmediatos», dificultando aquellas que requieren más tiempo en materializarse, como nuevos desarrollos urbanísticos o polígonos industriales.
Las últimas propuestas de la CNMC, que incluyen un recorte del 25 % en los costes operativos reconocidos y la no actualización por inflación (13 %), pone en riesgo las inversiones y amenaza la calidad del suministro eléctrico, según un informe de PWC
El nuevo modelo retributivo propuesto por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para la distribución eléctrica, aun en su segundo trámite de audiencia, sigue alertando al sector al introducir un parámetro clave -el llamado «coeficiente de sostenibilidad K»- que se fija en 232 euros el kilovatio hora, es decir, un 38 % por debajo del coste medio actual de red, estimado en 375 €/kW.
Esta infravaloración, junto a un recorte del 25 % en los costes operativos reconocidos y la no actualización por inflación (13 %), pone en riesgo las inversiones necesarias para la electrificación del país y amenaza la calidad del suministro eléctrico en el medio plazo, según la última actualización del informe de PWC sobre la propuesta de metodología de cálculo de la retribución de distribución eléctrica.
La medida llega en un momento crítico para la transición energética, recuerda el análisis. España necesita movilizar 53.000 millones de euros en inversiones en redes eléctricas si quiere cumplir con los objetivos marcados por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y atender el crecimiento de la demanda eléctrica -impulsada por el coche eléctrico, la descarbonización industrial y la electrificación de la vivienda-. Esta cifra supone «triplicar el ritmo de inversión» actual.
El documento subraya que aunque desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se ha avanzado en esta dirección con un proyecto de Real Decreto que plantea un «incremento excepcional del 62 % en los límites de inversión en redes», enfocado especialmente en inversiones anticipatorias y electrificación de la demanda, la propuesta de la CNMC va en dirección opuesta, generando «inseguridad regulatoria» y debilitando los incentivos necesarios para atraer inversión.
Bloqueo a conexiones clave
El llamado «parámetro K» se convierte en el eje del nuevo modelo retributivo, ya que condiciona la viabilidad económica de nuevas conexiones eléctricas. Bajo la propuesta actual, indica el documento de PWC, solo se reconocerán aquellas inversiones cuyo coste esté por debajo de los 232 €/kW, una cifra alejada de la realidad de los costes actuales, según datos del sector. Esto supone, en la práctica, que muchas inversiones -aunque estén contempladas en la planificación oficial- «quedarán fuera del marco retributivo».
Esto afectará a desarrollos residenciales, infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos, ampliaciones de red en zonas rurales o áreas industriales saturadas, donde los costes por kW superan con frecuencia el umbral propuesto. El resultado: «frenazo en la electrificación», «imposibilidad de conectar nueva demanda» y, en algunos casos, «paralización de proyectos estratégicos».
Menos mantenimiento, peor servicio
Además, el modelo de la CNMC incluye «un recorte del 25% en los costes de operación y mantenimiento» reconocidos para las empresas distribuidoras, al que se suma un «13 % adicional por el no reconocimiento del efecto de la inflación».
En total, «una caída del 38 % en los costes reconocidos», que -según denuncian expertos y operadores del sector- «desincentiva el mantenimiento preventivo de las redes eléctricas», comprometiendo la fiabilidad del suministro a medio y largo plazo.
«El recorte manda una señal muy clara: menos recursos para mantener la red. Y eso inevitablemente impactará en la calidad del servicio al consumidor”, advierte un directivo del sector. “La red eléctrica no es sólo cableado; requiere inversiones constantes para seguir siendo segura, resiliente y capaz de integrar nueva demanda», remarca el enfoque de PWC.
Fractura
La descoordinación entre el regulador (CNMC) y la política energética definida por el Ministerio de Transición Ecológica genera así una «fractura preocupante». Mientras el Ministerio promueve una expansión ambiciosa de la red eléctrica para facilitar la transición energética, el marco retributivo propuesto «condiciona las inversiones a resultados de demanda inmediatos», dificultando aquellas que requieren más tiempo en materializarse, como nuevos desarrollos urbanísticos o polígonos industriales.
Noticias de Economía Nacional e Internacional en La Razón
