Sindicatos y compañías advierten de que no se cumplen las condiciones para la prórroga de nueve meses que pretende el Ejecutivo y que sólo está garantizada la asistencia hasta el 31 de enero Leer Sindicatos y compañías advierten de que no se cumplen las condiciones para la prórroga de nueve meses que pretende el Ejecutivo y que sólo está garantizada la asistencia hasta el 31 de enero Leer
Tranquilidad. Quizás es la palabra más repetida por la Administración, tanto por Muface como por el propio ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, desde que el pasado 5 de noviembre la licitación para un nuevo convenio de asistencia sanitaria privada para los más de un millón funcionarios se quedara desierta: SegurCaixa Adeslas, Asisa y DKV dijeron no a las condiciones propuestas.
Sanidad también se muestra tranquila. El informe de transición Muface: del seguro privado al Sistema Nacional de Salud contempla un periodo de nueve meses para hacer la mudanza de forma «paulatina y estratificada» de los pacientes de una cobertura a otra. «El contexto actual hace que, por primera vez en muchos años, la posibilidad de incorporar a la población mutualista a la asistencia sanitaria pública sea una opción tanto viable como razonable», sostiene el documento.
Con la patata caliente entre las manos, la propia mutualidad no se ha cansado de decir que la asistencia a este numeroso colectivo estaba asegurada, más allá del fin del convenio actual y a la espera de una nueva licitación -como anunció el martes el ministro, para antes de final de año- que corra distinta suerte que la primera. Del mismo modo lo ha hecho López y, en ambos casos, no han dicho cómo.
El mantra es que existen «herramientas» en la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) que ofrecen la posibilidad de una prórroga. Sin embargo, desde el sector no lo tienen tan claro; tampoco desde los sindicatos y dudan de que se pueda llevar a cabo esa ampliación automática siguiendo la literalidad de la ley a la que se agarran Muface y el Gobierno.
La norma, en su artículo 29 apartado 4, establece que, «cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado el nuevo que garantice la continuidad de la prestación a realizar por el contratista como consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación producidas en el procedimiento de adjudicación y existan razones de interés público para no interrumpir la prestación, se podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución del nuevo contrato y, en todo caso, por un periodo máximo de nueve meses«.
Pero para que eso sea posible, la norma también fija un requisito que, en el caso del convenio de Muface, es determinante: «Que el anuncio de licitación del nuevo contrato se haya publicado con una antelación mínima detres meses respecto de la fecha de finalización del contrato originario».
Unos plazos que no se dan en la licitación desierta de Muface, ya que el Gobierno la aprobó la licitación el pasado 8 de octubre y la publicación oficial se produjo seis días después en la Plataforma de Contratación, es decir, dos meses y medio antes de que finalice el convenio actual y no tres como marca la ley.
«Existen muchas dudas de que esa prórroga automática se pueda ejecutar porque no se han cumplido los plazos que marca la ley y que son tres meses«, señalan fuentes del sector, que aclaran algo más: «No es cierto que el convenio actual finalice el 31 de enero como se está diciendo; el convenio vigente formalmente finaliza el 31 de diciembre de este año. Lo que acaba el 31 de enero de 2025 es la cobertura que tienen que dar a sus asegurados las compañías que no van a continuar en el concierto».
Solo hay dos casos en los que la cobertura se alargaría y se refieren a las maternidades que vayan a producirse en febrero, cuya asistencia se ampliaría «hasta recibir el alta después de dar a luz» y en casos de hospitalizaciones, «también hasta el alta y con fecha límite hasta el 31 de marzo de 2025».
Las mismas fuentes apuntan que las dudas sobre la prórroga automática y forzosa del actual convenio son generalizadas si bien, reconocen que, «de llegar a ese escenario habría que ver con detalle cuál es la argumentación exacta de la Administración y hacer un análisis para poder tener una respuesta más aquilatada. Pero en lo que estamos ahora mismo -reiteran- es que no está claro que automáticamente se pueda proceder a esa prórroga».
Entre tanto, sector, mutualistas y proveedores de la prestación, los médicos, ya conocen el resultado de la consulta preliminar que Muface lanzó el pasado mes de noviembre y que ha dado por concluida el 4 de diciembre. Esa consulta abierta a todas las compañías, según la Administración, servirá de base para una nueva licitación del convenio asistencial para los empleados públicos.
SegurCaixa Adelas, Asisa y DKV han respondido a ese sondeo con sus condiciones. DKV se ciñe solo al primer año planteado por la mutualidad -que ha añadido un tercero en la consulta (2025, 2026 y 2027)- con un incremento de la prima del 40,60% y para Muface internacional, también para el primer año, un incremento del 30,35%.
Las propuestas de Asisa se centran en los costes para esos tres años que, en ningún caso, supongan pérdidas para la compañía y SegurCaixa Adeslas, que ha respondido a la consulta a través de una carta, expone la necesidad de una financiación adecuada del modelo, analiza las nuevas circunstancias y ofrece datos que sustentan su posición.
Antes de que se lanzara la primera licitación, esta compañía, que acapara al mayor número de asegurados mutualistas, reclamó una subida del 34% de la prima en dos años, un porcentaje con el que seguiría teniendo pérdidas, dijo entonces. La subida reclamada ahora, por tanto se podría colocar alrededor del 40%.
Sin embargo, el informe final de la consulta no ha tenido en cuenta los planteamientos de la compañía a la que ni siquiera cita como presentada en sus conclusiones.
A la espera del as que saque la Administración, bien para ejecutar una prórroga del actual convenio -que probablemente las compañías recurran- o bien para una nueva licitación prevista por el ministro para antes de que concluya el año, lo cierto es que los mutualistas no gozan ahora mismo de la tranquilidad que tratan de transmitir desde Muface y desde Función Pública. Muy al contrario, teniendo en cuenta las quejas que está recibiendo CSIF, según afirma la central, por anulaciones, retrasos y suspensiones de citas médicas. Quejas que el sindicato ya ha llevado ante el Defensor del Pueblo y está previsto que hoy traslade al Congreso de los Diputados.
Todo ello como preludio de la manifestación convocada por esta central para el sábado en Madrid a la que están llamados funcionarios de toda España y que seguirá la convocada para hoy por otras centrales.
Salud // elmundo
