La mesa de diálogo social vuelve a reunirse esta semana con las mismas pocas perspectivas que las celebradas en el último lustro para determinar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI). El Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz quiere volver a imponer su voluntad y que se firme un acuerdo con patronal y sindicatos para fijar el incremento de 2026. Pero todo apunta que sólo volverá a contar con el apoyo sindical y del que se descolgarán de nuevo los empresarios, si no logran cerrar las contraprestaciones que reclaman desde hace años.
Trabajo ha propuesto a los agentes sociales un incremento del SMI del 3,1%, hasta 1.221 euros brutos –lo que suponen 37 euros más al mes que ahora, todo ello con carácter retroactivo desde este 1 de enero una vez se apruebe y exento de tributación–, muy lejos de lo reclamado por CC OO y UGT, del 7,5%, y del 1,5% ofrecido por la patronal. Díaz sabe que los sindicatos cederán, lo mismo que conoce el no empresarial si no se cumplen al menos dos reclamaciones: una flexibilización de la Ley de Desindexación que permita trasladar ese alza a los contratos públicos, y que se paralice, al menos temporalmente, la reforma de las reglas de absorción y compensación –con las que Díaz pretende impedir que los complementos salariales neutralicen la subida del SMI–, aduciendo que está en la obligación de transponer al ordenamiento jurídico español la directiva europea de salarios mínimos.
Con la primera petición, la última palabra la tiene el Ministerio de Hacienda, con cuya titular, María Jesús Montero, aseguran desde Trabajo que se está negociando, aunque sin demasiado éxito, ya que el propio secretario de Estado, Joaquín Pérez Rey, ha reconocido que se está solo «explorando la posibilidad de relajar las reglas de desindexación», una cuestión que se está trabajando a través de la Directiva Europea de Salarios Mínimos. Al menos comparte con la CEOE que es ilógico que las empresas no puedan trasladar a los precios de licitación de los contratos públicos la subida del SMI, y reconoce que Hacienda sigue enrocada.
En el segundo caso, la intención del Ministerio es aprobar por separado, pero como parte de un acuerdo global, la subida del SMI, por un lado, y la reforma de las reglas de absorción y compensación, que Trabajo y las organizaciones sindicales quieren sacar adelante, pero que CEOE rechaza de plano y que coloca como una línea roja para rubricar la nueva subida del SMI, máxime cuando la intención de Díaz es llevarla al Consejo de Ministros al mismo tiempo en que se apruebe el nuevo importe del SMI, aunque no entre en vigor hasta más tarde por el procedimiento legislativo que debe recorrer.
Los empresarios recuerdan que la indexación de los contratos públicos al SMI, que beneficiaría a miles de empresas y autónomos que emplean a 1,5 millones de trabajadores y que representa el 2,25% del PIB. La principal patronal de de servicios esenciales, alianzAS, explica que para sus empresas el 90% de sus costes son los salarios, por lo que cualquier incremento del SMI tiene «un impacto inmediato y multiplicado» que no puede ser absorbido si no se revisan las condiciones económicas de los contratos, muchos de ellos de larga duración.
Con todo, fuentes de la CEOE han confirmado a LA RAZÓN que mantienen su negativa a la subida propuesta porque «sigue lastrando la rentabilidad de las empresas licitadoras, que son las que asumen las consecuencias de una decisión que no tiene coste alguno para las arcas públicas».
También pone como condición que se retrase la reforma de la reglas de absorción y compensación
La mesa de diálogo social vuelve a reunirse esta semana con las mismas pocas perspectivas que las celebradas en el último lustro para determinar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI). El Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz quiere volver a imponer su voluntad y que se firme un acuerdo con patronal y sindicatos para fijar el incremento de 2026. Pero todo apunta que sólo volverá a contar con el apoyo sindical y del que se descolgarán de nuevo los empresarios, si no logran cerrar las contraprestaciones que reclaman desde hace años.
Trabajo ha propuesto a los agentes sociales un incremento del SMI del 3,1%, hasta 1.221 euros brutos –lo que suponen 37 euros más al mes que ahora, todo ello con carácter retroactivo desde este 1 de enero una vez se apruebe y exento de tributación–, muy lejos de lo reclamado por CC OO y UGT, del 7,5%, y del 1,5% ofrecido por la patronal. Díaz sabe que los sindicatos cederán, lo mismo que conoce el no empresarial si no se cumplen al menos dos reclamaciones: una flexibilización de la Ley de Desindexación que permita trasladar ese alza a los contratos públicos, y que se paralice, al menos temporalmente, la reforma de las reglas de absorción y compensación –con las que Díaz pretende impedir que los complementos salariales neutralicen la subida del SMI–, aduciendo que está en la obligación de transponer al ordenamiento jurídico español la directiva europea de salarios mínimos.
Con la primera petición, la última palabra la tiene el Ministerio de Hacienda, con cuya titular, María Jesús Montero, aseguran desde Trabajo que se está negociando, aunque sin demasiado éxito, ya que el propio secretario de Estado, Joaquín Pérez Rey, ha reconocido que se está solo «explorando la posibilidad de relajar las reglas de desindexación», una cuestión que se está trabajando a través de la Directiva Europea de Salarios Mínimos. Al menos comparte con la CEOE que es ilógico que las empresas no puedan trasladar a los precios de licitación de los contratos públicos la subida del SMI, y reconoce que Hacienda sigue enrocada.
En el segundo caso, la intención del Ministerio es aprobar por separado, pero como parte de un acuerdo global, la subida del SMI, por un lado, y la reforma de las reglas de absorción y compensación, que Trabajo y las organizaciones sindicales quieren sacar adelante, pero que CEOE rechaza de plano y que coloca como una línea roja para rubricar la nueva subida del SMI, máxime cuando la intención de Díaz es llevarla al Consejo de Ministros al mismo tiempo en que se apruebe el nuevo importe del SMI, aunque no entre en vigor hasta más tarde por el procedimiento legislativo que debe recorrer.
Los empresarios recuerdan que la indexación de los contratos públicos al SMI, que beneficiaría a miles de empresas y autónomos que emplean a 1,5 millones de trabajadores y que representa el 2,25% del PIB. La principal patronal de de servicios esenciales, alianzAS, explica que para sus empresas el 90% de sus costes son los salarios, por lo que cualquier incremento del SMI tiene «un impacto inmediato y multiplicado» que no puede ser absorbido si no se revisan las condiciones económicas de los contratos, muchos de ellos de larga duración.
Con todo, fuentes de la CEOE han confirmado a LA RAZÓN que mantienen su negativa a la subida propuesta porque «sigue lastrando la rentabilidad de las empresas licitadoras, que son las que asumen las consecuencias de una decisión que no tiene coste alguno para las arcas públicas».
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