Sumar confirma que «no apoyará nunca» una solución para la crisis de vivienda que pase por las bonificaciones fiscales a los caseros, como la que ha anunciado el Gobierno esta misma semana.
Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que ha rechazado este viernes en rueda de prensa la medida anunciada por el Ejecutivo, ha asegurado que los incentivos ya aprobados en la actual Ley de Vivienda hace cuatro años «tienen una función diferente», aunque, ha recalcado, «no es el modelo que él defiende».
Sí lo hace, en cambio, con las prórrogas a los contratos de alquiler propuestas por su formación. Aun así, asegura que Sumar mantendrá una «actitud constructiva» ante las negociaciones con el Partido Socialista.
Así, ha reincidido en la visión de su partido: «Le hemos reiterado al PSOE que no estamos de acuerdo con esto y no hemos visto a otros socios apoyar tampoco esta decisión».
El Ministerio de Consumo ha iniciado este viernes una nueva investigación para perseguir y eliminar anuncios en grandes portales inmobiliarios que estarían ofertando precios más elevados de lo que permite la ley en zonas tensionadas.
«Esta actuación que hemos anunciado hoy es gracias a la entrada en vigor de la ley de Atención a la Clientela, que ha reforzado las obligaciones de transparencia con los consumidores», ha recordado el ministro.
Además, ha asegurado que «siempre que podamos probar la existencia de prácticas desleales actuaremos con todas las consecuencias, ya lo hicimos con aerolíneas low cost, las plataformas de comercio electrónico y sus falsas rebajas y las plataformas de pisos turísticos».
Las multas propuestas para todas las compañías que incumplan esta cuestión van desde los 10.000 a los 100.000 o hasta entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido para infracciones graves y de entre 100.000 y un millón de euros o entre seis y ocho veces el beneficio ilícito obtenido para infracciones muy graves.
El Ministerio comienza esta investigación «para proteger a quien está sufriendo la crisis de vivienda debido a la especulación y la acumulación». «Una minoría rentista, formada por fondos de inversión y grandes tenedores se está lucrando de forma desmedida», ha sentenciado Bustinduy.
Además, ha hecho un llamamiento al Partido Popular para que «aplique la ley de Vivienda» en las autonomías y municipios donde gobierna. «Si no lo están haciendo es porque el señor Feijóo lo avala».
Sumar propone una solución basada en la prórroga de los contratos de alquiler, que el Gobierno califica de «inconstitucional»
Sumar confirma que «no apoyará nunca» una solución para la crisis de vivienda que pase por las bonificaciones fiscales a los caseros, como la que ha anunciado el Gobierno esta misma semana.
Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que ha rechazado este viernes en rueda de prensa la medida anunciada por el Ejecutivo, ha asegurado que los incentivos ya aprobados en la actual Ley de Vivienda hace cuatro años «tienen una función diferente», aunque, ha recalcado, «no es el modelo que él defiende».
Sí lo hace, en cambio, con las prórrogas a los contratos de alquiler propuestas por su formación. Aun así, asegura que Sumar mantendrá una «actitud constructiva» ante las negociaciones con el Partido Socialista.
Así, ha reincidido en la visión de su partido: «Le hemos reiterado al PSOE que no estamos de acuerdo con esto y no hemos visto a otros socios apoyar tampoco esta decisión».
El Ministerio de Consumo ha iniciado este viernes una nueva investigación para perseguir y eliminar anuncios en grandes portales inmobiliarios que estarían ofertando precios más elevados de lo que permite la ley en zonas tensionadas.
«Esta actuación que hemos anunciado hoy es gracias a la entrada en vigor de la ley de Atención a la Clientela, que ha reforzado las obligaciones de transparencia con los consumidores», ha recordado el ministro.
Además, ha asegurado que «siempre que podamos probar la existencia de prácticas desleales actuaremos con todas las consecuencias, ya lo hicimos con aerolíneas low cost, las plataformas de comercio electrónico y sus falsas rebajas y las plataformas de pisos turísticos».
Las multas propuestas para todas las compañías que incumplan esta cuestión van desde los 10.000 a los 100.000 o hasta entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido para infracciones graves y de entre 100.000 y un millón de euros o entre seis y ocho veces el beneficio ilícito obtenido para infracciones muy graves.
El Ministerio comienza esta investigación «para proteger a quien está sufriendo la crisis de vivienda debido a la especulación y la acumulación». «Una minoría rentista, formada por fondos de inversión y grandes tenedores se está lucrando de forma desmedida», ha sentenciado Bustinduy.
Además, ha hecho un llamamiento al Partido Popular para que «aplique la ley de Vivienda» en las autonomías y municipios donde gobierna. «Si no lo están haciendo es porque el señor Feijóo lo avala».
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