Bruselas trabaja contrarreloj para amortiguar el impacto de la crisis energética derivada de la guerra en Irán en los hogares y sectores vulnerables. Según ha adelantado El País, el borrador de la propuesta que presentará la semana que viene la Comisión Europea a los Estados miembros recoge la implantación de al menos un día de teletrabajo a la semana, el cierre de edificios públicos cuando no sean imprescindibles y la reducción del precio del transporte público, que incluso podría llegar a ser gratuito para determinados colectivos.
Este miércoles, la vicepresidenta de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, reconoció que el conflicto «puede tener consecuencias malas, peores o malísimas» y que el margen de maniobra es menor que en la crisis energética de 2022 vinculada a Rusia porque ahora «no hay donde diversificar» y se está produciendo «una destrucción neta de la capacidad de producción».
Estas iniciativas siguen la línea de otras recomendaciones internacionales, como las de la Agencia Internacional de la Energía, que abogan por cambios en los hábitos de consumo para disminuir la dependencia de los combustibles fósiles. Entre ellas, se incluyen propuestas como limitar la velocidad en autopistas o fomentar alternativas al transporte aéreo.
Entre las medidas que plantea Bruselas también destacan, enfocadas a hogares vulnerables o con bajos recursos energéticos, la emisión de vales energéticos, la aplicación de precios regulados temporales y la reducción de impuestos especiales sobre la electricidad. También propone prohibir temporalmente los cortes de suministro -en España ya se aplica- y facilitar el acceso a tarifas más económicas mediante herramientas de comparación transparentes.
En paralelo, la Comisión abre la puerta a flexibilizar las ayudas de Estado, permitiendo que sectores especialmente afectados, como el agrícola o el transporte, reciban compensaciones de hasta el 50% del sobrecoste en combustibles y fertilizantes. No obstante, Ribera alejó la posibilidad de que se proponga un impuesto sobre los beneficios extraordinarios a las empresas energéticas y señaló que «afortunadamente no estamos en los umbrales de precios» de petróleo y gas como los que se alcanzaron en 2022.
Más allá del corto plazo, el Ejecutivo comunitario insiste en que la solución estructural pasa por acelerar la transición energética. Según Bruselas, los países con mayor penetración de energías limpias y nuclear registran precios eléctricos más bajos.
La Comisión Europea ultima su paquete de iniciativas para paliar la subida de precios por el conflicto en Oriente Medio
La Unión Europea trabaja contrarreloj para amortiguar el impacto de la crisis energética derivada de la guerra en Irán en los hogares y sectores vulnerables. Según ha adelantado El País, el borrador de la propuesta que presentará la semana que viene la Comisión Europea a los Estados miembros recoge la implantación de al menos un día de teletrabajo a la semana, el cierre de edificios públicos cuando no sean imprescindibles y la reducción del precio del transporte público, que incluso podría llegar a ser gratuito para determinados colectivos.
Este miércoles, la vicepresidenta de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, reconoció que el conflicto «puede tener consecuencias malas, peores o malísimas» y que el margen de maniobra es menor que en la crisis energética de 2022 vinculada a Rusia porque ahora «no hay donde diversificar» y se está «una destrucción neta de la capacidad de producción».
Estas iniciativas siguen la línea de otras recomendaciones internacionales, como las de la Agencia Internacional de la Energía, que abogan por cambios en los hábitos de consumo para disminuir la dependencia de los combustibles fósiles. Entre ellas, se incluyen propuestas como limitar la velocidad en autopistas o fomentar alternativas al transporte aéreo.
Entre las medidas que plantea Bruselas también destacan, enfocadas a hogares vulnerables o con bajos recursos energéticos, la emisión de vales energéticos, la aplicación de precios regulados temporales y la reducción de impuestos especiales sobre la electricidad. También propone prohibir temporalmente los cortes de suministro -en España ya se aplica- y facilitar el acceso a tarifas más económicas mediante herramientas de comparación transparentes.
En paralelo, la Comisión abre la puerta a flexibilizar las ayudas de Estado, permitiendo que sectores especialmente afectados, como el agrícola o el transporte, reciban compensaciones de hasta el 50% del sobrecoste en combustibles y fertilizantes. No obstante, Ribera alejó la posibilidad de que se proponga un impuesto sobre los beneficios extraordinarios a las empresas energéticas y señaló que «afortunadamente no estamos en los umbrales de precios» de petróleo y gas como los que se alcanzaron en 2022.
Más allá del corto plazo, el Ejecutivo comunitario insiste en que la solución estructural pasa por acelerar la transición energética. Según Bruselas, los países con mayor penetración de energías limpias y nuclear registran precios eléctricos más bajos.
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