España sigue siendo uno de los países de la Unión Europea con un marco normativo del comercio minorista más restrictivo. Así lo vuelve a poner de manifiesto la Comisión Europea en el informe semestral de primavera, en el que destaca la necesidad de reducir la carga burocrática, eliminar las barreras en el mercado único, permitir una financiación más eficiente, promover la competencia y el empleo y asegurar una mejor coordinación a nivel de la UE.
El documento de Bruselas recuerda que la puntuación de España en el último indicador del efecto restrictivo sobre el comercio minorista -PRI, por sus siglas en inglés-, 2,92, superó la mediana de la UE de 1,70.
Este entorno restrictivo, añade, fue especialmente pronunciado en el pilar operativo, en el que España obtuvo una puntuación de 2,60 (significativamente superior a la de la UE de 1,20), en parte debido a «la limitada flexibilidad en los horarios de apertura de las tiendas y a la existencia de impuestos específicos para el comercio minorista».
El informe destaca que los obstáculos normativos a la competencia en España «podrían reducirse en la distribución y en la venta minorista en el sector de los medicamentos con el fin de aumentar la competencia y beneficiar a los consumidores».
A este respecto, añade que el Gobierno, las comunidades autónomas y las administraciones locales han aprobado un plan de acción para 2025 (en el marco del «Régimen 20») con el fin de eliminar las barreras burocráticas para las empresas. El plan, un compromiso del plan fiscal-estructural español a medio plazo, incluye medidas para reducir los obstáculos en ámbitos como la autorización para establecer puntos de venta al por menor.
Y es que para la Comisión, existe margen para seguir mejorando el entorno empresarial mediante la reducción de la carga administrativa y las restricciones normativas a las empresas, algo que considera fundamental para atraer inversión e innovación.
Propuesta de la Comisión
Más allá de iniciativas nacionales como las que ha prometido poner en marcha España, la Comisión Europea también se está moviendo para avanzar en un mercado único que dinamice el comercio en el espacio común y beneficie a España.
A finales de mayo, la Comisión presentó su Estrategia de Mercado Único, que incluye, entre otras cuestiones, un nuevo paquete ómnibus de simplificación de barreras; hacer obligatorio los test de Mercado Único para los nuevos proyectos normativos, y desarrollar una Ley de Prevención de Barreras al Mercado Único.
En el caso del comercio, y como destacan desde la patronal La Distribución (antigua Anged), son de enorme calado algunas cuestiones incluidas en la propuesta como la armonizar e impulso del etiquetado digital; reducir la fragmentación en envases y residuos; el cumplimiento del «level playing field» (mismas reglas de juego) en productos; eliminar las restricciones territoriales de suministro entre países o las directrices sobre la proporcionalidad de las normas que se aplican al comercio en los Estados.
Según las estimaciones incluidas en la estrategia presentada por la Comisión Europea, la producción de la economía española (VAB) podría crecer en 9.550 millones de euros suprimiendo solo un 10% de las actuales barreras del comercio minorista.
Como han recordado desde la patronal de compañías como El Corte Inglés, Ikea o Carrefour, el comercio español se ve afectado a nivel interno por una maraña de regulaciones autonómicas que impiden, de facto, que haya un mercado único. Ahora mismo, por ejemplo, existen 390 regulaciones autonómicas y locales para limitar el derecho de atender al público en domingos y festivos.
La Distribución también asegura que en once comunidades autónomas existen restricciones a la venta promocional en tiendas físicas, «mientras las plataformas asiáticas introducen en el mercado europeo más de 4.000 millones de paquetes al año». Y cuatro comunidades autónomas aplican un impuesto discriminatorio sobre las tiendas de más de 2.500 metros cuadrados.
Sobre estas últimas tiendas, asegura que en España es más fácil importar productos desde China que abrir una tienda de más de 2.500 metros cuadrados que, de media, tarda en conseguir su licencia entre cuatro y ocho años si las regulaciones autonómicas lo permiten.
Según datos de la patronal empresarial CEOE, esta ruptura del mercado interior tiene un coste todos los años de 35.000 millones de euros.
Para La Distribución, es fundamental eliminar las trabas que impiden crecer al comercio dado que, según asegura, es un ecosistema industrial estratégico para España: por cada 100 empleos directos crea 59 indirectos en sectores como la energía, industria, agroalimentación, logística, tecnología, seguridad, limpieza o consultoría, entre otros.
España, según la patronal, tiene un gran potencial de crecimiento en el comercio si se impulsa con decisión por parte de las administraciones medidas para sacarlo de la clasificación de países con más restricciones.
La Comisión Europea vuelve a denunciar que es uno de los países con un marco regulatorio más restrictivo
España sigue siendo uno de los países de la Unión Europea con un marco normativo del comercio minorista más restrictivo. Así lo vuelve a poner de manifiesto la Comisión Europea en el informe semestral de primavera, en el que destaca la necesidad de reducir la carga burocrática, eliminar las barreras en el mercado único, permitir una financiación más eficiente, promover la competencia y el empleo y asegurar una mejor coordinación a nivel de la UE.
El documento de Bruselas recuerda que la puntuación de España en el último indicador del efecto restrictivo sobre el comercio minorista -PRI, por sus siglas en inglés-, 2,92, superó la mediana de la UE de 1,70.
Este entorno restrictivo, añade, fue especialmente pronunciado en el pilar operativo, en el que España obtuvo una puntuación de 2,60 (significativamente superior a la de la UE de 1,20), en parte debido a «la limitada flexibilidad en los horarios de apertura de las tiendas y a la existencia de impuestos específicos para el comercio minorista».
El informe destaca que los obstáculos normativos a la competencia en España «podrían reducirse en la distribución y en la venta minorista en el sector de los medicamentos con el fin de aumentar la competencia y beneficiar a los consumidores».
A este respecto, añade que el Gobierno, las comunidades autónomas y las administraciones locales han aprobado un plan de acción para 2025 (en el marco del «Régimen 20») con el fin de eliminar las barreras burocráticas para las empresas. El plan, un compromiso del plan fiscal-estructural español a medio plazo, incluye medidas para reducir los obstáculos en ámbitos como la autorización para establecer puntos de venta al por menor.
Y es que para la Comisión, existe margen para seguir mejorando el entorno empresarial mediante la reducción de la carga administrativa y las restricciones normativas a las empresas, algo que considera fundamental para atraer inversión e innovación.
Propuesta de la Comisión
Más allá de iniciativas nacionales como las que ha prometido poner en marcha España, la Comisión Europea también se está moviendo para avanzar en un mercado único que dinamice el comercio en el espacio común y beneficie a España.
A finales de mayo, la Comisión presentó su Estrategia de Mercado Único, que incluye, entre otras cuestiones, un nuevo paquete ómnibus de simplificación de barreras; hacer obligatorio los test de Mercado Único para los nuevos proyectos normativos, y desarrollar una Ley de Prevención de Barreras al Mercado Único.
En el caso del comercio, y como destacan desde la patronal La Distribución (antigua Anged), son de enorme calado algunas cuestiones incluidas en la propuesta como la armonizar e impulso del etiquetado digital; reducir la fragmentación en envases y residuos; el cumplimiento del «level playing field» (mismas reglas de juego) en productos; eliminar las restricciones territoriales de suministro entre países o las directrices sobre la proporcionalidad de las normas que se aplican al comercio en los Estados.
Según las estimaciones incluidas en la estrategia presentada por la Comisión Europea, la producción de la economía española (VAB) podría crecer en 9.550 millones de euros suprimiendo solo un 10% de las actuales barreras del comercio minorista.
Como han recordado desde la patronal de compañías como El Corte Inglés, Ikea o Carrefour, el comercio español se ve afectado a nivel interno por una maraña de regulaciones autonómicas que impiden, de facto, que haya un mercado único. Ahora mismo, por ejemplo, existen 390 regulaciones autonómicas y locales para limitar el derecho de atender al público en domingos y festivos.
La Distribución también asegura que en once comunidades autónomas existen restricciones a la venta promocional en tiendas físicas, «mientras las plataformas asiáticas introducen en el mercado europeo más de 4.000 millones de paquetes al año». Y cuatro comunidades autónomas aplican un impuesto discriminatorio sobre las tiendas de más de 2.500 metros cuadrados.
Sobre estas últimas tiendas, asegura que en España es más fácil importar productos desde China que abrir una tienda de más de 2.500 metros cuadrados que, de media, tarda en conseguir su licencia entre cuatro y ocho años si las regulaciones autonómicas lo permiten.
Según datos de la patronal empresarial CEOE, esta ruptura del mercado interior tiene un coste todos los años de 35.000 millones de euros.
Para La Distribución, es fundamental eliminar las trabas que impiden crecer al comercio dado que, según asegura, es un ecosistema industrial estratégico para España: por cada 100 empleos directos crea 59 indirectos en sectores como la energía, industria, agroalimentación, logística, tecnología, seguridad, limpieza o consultoría, entre otros.
España, según la patronal, tiene un gran potencial de crecimiento en el comercio si se impulsa con decisión por parte de las administraciones medidas para sacarlo de la clasificación de países con más restricciones.
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