El Consejo de Ministros ha dado luz verde al Proyecto de Ley del «Estatuto del Becario«. Esta normativa, que acaba de iniciar su tramitación parlamentaria, redefine el papel de las prácticas formativas en España al establecer una frontera entre aprendizaje y trabajo. Con este marco legal, el Gobierno pretende impedir que los estudiantes sean utilizados como sustitutos de empleados, garantizar que las prácticas respondan a un objetivo estrictamente formativo y erradicar los usos fraudulentos que encubran verdaderas relaciones laborales. Esta regulación, además de reforzar la protección de los jóvenes en prácticas, aspira a impulsar el empleo juvenil al evitar que puestos de trabajo reales se cubran de manera irregular.
Durante la presentación de la medida, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, subrayó el objetivo principal de la normativa: «Este estatuto lo que hace es delimitar la formación, que tiene que estar destinada a formar y no a sustituir las relaciones laborales. No es un becario, es una relación laboral».
La reforma se articula en torno a dos pilares: regular la relación entre el estudiante en prácticas y la empresa, y evitar el potencial fraude que supone utilizar a estudiantes para cubrir puestos de trabajo estructurales.
Prácticas centradas en la formación
Uno de los principios clave del estatuto es que las personas en prácticas no podrán realizar tareas que sustituyan a trabajadores. Según explicó Díaz, cualquier actividad que se aleje del plan formativo deberá considerarse una relación laboral ordinaria.
«Las prácticas no laborales deberán estar vinculadas a estudios oficiales universitarios, a la Formación Profesional o a las enseñanzas determinadas por los sistemas públicos de empleo. En caso contrario se considerará que hay una relación laboral», según recoge el texto. Asimismo, existirá una relación laboral si la persona en prácticas sustituye la actividad de un trabajador.
El texto establece que las tareas asignadas durante el período de prácticas deberán ajustarse al contenido recogido en el plan de formación individual. De esta forma, se pretende garantizar que la experiencia esté directamente vinculada con la formación académica o profesional del estudiante.
Límites a las prácticas extracurriculares y compensación de gastos
Otro de los aspectos relevantes es la limitación de las prácticas extracurriculares. Estas no podrán superar el 15% de las horas correspondientes a los créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia de Créditos) de la titulación. Además, se establece un máximo absoluto de 480 horas para este tipo de prácticas.
El nuevo estatuto también introduce la obligación de compensar determinados gastos asociados a la realización de las prácticas. Las empresas o entidades deberán cubrir costes como el desplazamiento, el alojamiento o la manutención cuando estos se generen por la actividad formativa. Esta medida pretende reducir la barrera económica que actualmente supone para muchos estudiantes acceder a prácticas.
Régimen sancionador para las empresas
El texto incluye también un régimen sancionador para las empresas que incumplan la normativa. Las sanciones más severas, consideradas muy graves, podrán oscilar entre 7.501 y 225.000 euros. En esta categoría se incluyen conductas como la discriminación por edad o discapacidad, irregularidades en la retribución o vulneraciones relacionadas con la jornada.
Las infracciones de grado medio se sancionarán con multas de entre 30.001 y 120.005 euros, mientras que las de grado mínimo estarán comprendidas entre 7.501 y 30.000 euros.
Derechos y obligaciones de los becarios
El estatuto no solo establece obligaciones para las empresas, sino también para los estudiantes en prácticas. Entre ellas se incluyen cumplir la normativa vigente, respetar el proyecto formativo, ajustarse al horario establecido y mantener la confidencialidad sobre la información de la empresa.
En España hay actualmente alrededor de 1,6 millones de personas realizando algún tipo de prácticas formativas. De ellas, aproximadamente el 66% son mujeres. Además, el fenómeno no se limita únicamente a estudiantes jóvenes: unas 363.000 personas en prácticas superan los 30 años.
Las empresas podrían enfrentarse a sanciones de más de 250.000 euros en caso de vulnerar la normativa
El Consejo de Ministros ha dado luz verde al Proyecto de Ley del «Estatuto del Becario«. Esta normativa, que acaba de iniciar su tramitación parlamentaria, redefine el papel de las prácticas formativas en España al establecer una frontera entre aprendizaje y trabajo. Con este marco legal, el Gobierno pretende impedir que los estudiantes sean utilizados como sustitutos de empleados, garantizar que las prácticas respondan a un objetivo estrictamente formativo y erradicar los usos fraudulentos que encubran verdaderas relaciones laborales. Esta regulación, además de reforzar la protección de los jóvenes en prácticas, aspira a impulsar el empleo juvenil al evitar que puestos de trabajo reales se cubran de manera irregular.
Durante la presentación de la medida, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, subrayó el objetivo principal de la normativa: «Este estatuto lo que hace es delimitar la formación, que tiene que estar destinada a formar y no a sustituir las relaciones laborales. No es un becario, es una relación laboral».
La reforma se articula en torno a dos pilares: regular la relación entre el estudiante en prácticas y la empresa, y evitar el potencial fraude que supone utilizar a estudiantes para cubrir puestos de trabajo estructurales.
Prácticas centradas en la formación
Uno de los principios clave del estatuto es que las personas en prácticas no podrán realizar tareas que sustituyan a trabajadores. Según explicó Díaz, cualquier actividad que se aleje del plan formativo deberá considerarse una relación laboral ordinaria.
«Las prácticas no laborales deberán estar vinculadas a estudios oficiales universitarios, a la Formación Profesional o a las enseñanzas determinadas por los sistemas públicos de empleo. En caso contrario se considerará que hay una relación laboral», según recoge el texto. Asimismo, existirá una relación laboral si la persona en prácticas sustituye la actividad de un trabajador.
El texto establece que las tareas asignadas durante el período de prácticas deberán ajustarse al contenido recogido en el plan de formación individual. De esta forma, se pretende garantizar que la experiencia esté directamente vinculada con la formación académica o profesional del estudiante.
Límites a las prácticas extracurriculares y compensación de gastos
Otro de los aspectos relevantes es la limitación de las prácticas extracurriculares. Estas no podrán superar el 15% de las horas correspondientes a los créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia de Créditos) de la titulación. Además, se establece un máximo absoluto de 480 horas para este tipo de prácticas.
El nuevo estatuto también introduce la obligación de compensar determinados gastos asociados a la realización de las prácticas. Las empresas o entidades deberán cubrir costes como el desplazamiento, el alojamiento o la manutención cuando estos se generen por la actividad formativa. Esta medida pretende reducir la barrera económica que actualmente supone para muchos estudiantes acceder a prácticas.
Régimen sancionador para las empresas
El texto incluye también un régimen sancionador para las empresas que incumplan la normativa. Las sanciones más severas, consideradas muy graves, podrán oscilar entre 7.501 y 225.000 euros. En esta categoría se incluyen conductas como la discriminación por edad o discapacidad, irregularidades en la retribución o vulneraciones relacionadas con la jornada.
Las infracciones de grado medio se sancionarán con multas de entre 30.001 y 120.005 euros, mientras que las de grado mínimo estarán comprendidas entre 7.501 y 30.000 euros.
Derechos y obligaciones de los becarios
El estatuto no solo establece obligaciones para las empresas, sino también para los estudiantes en prácticas. Entre ellas se incluyen cumplir la normativa vigente, respetar el proyecto formativo, ajustarse al horario establecido y mantener la confidencialidad sobre la información de la empresa.
En España hay actualmente alrededor de 1,6 millones de personas realizando algún tipo de prácticas formativas. De ellas, aproximadamente el 66% son mujeres. Además, el fenómeno no se limita únicamente a estudiantes jóvenes: unas 363.000 personas en prácticas superan los 30 años.
Noticias de Economía Nacional e Internacional en La Razón
