“Responder sin piedad incluso hasta causar la muerte”. Esa orden, que aparece en un documento oficial iraní al que accedió Amnistía Internacional, fue la que la República Islámica de Irán transmitió a las fuerzas de seguridad que en septiembre de 2022 salieron a las calles del país para aplastar unas protestas en las que se coreaba un bello lema de origen kurdo: “Mujer, vida, libertad”. El 16 de ese mes, una joven kurda de 22 años, Yina Mahsa Amini, había muerto en una comisaría por una paliza de la policía de la moralidad. Un castigo motivado, según se cree, por unos mechones de cabello que escapaban del velo que para las iraníes es obligatorio desde los siete años. Esa muerte tan brutal sacó a miles de iraníes a las calles.
La organización documenta la “oleada de atrocidades” cometidas por el régimen iraní durante las manifestaciones en el país por la muerte de la joven Yina Mahsa Amini, de la que se cumplen cuatro años
“Responder sin piedad incluso hasta causar la muerte”. Esa orden, que aparece en un documento oficial iraní al que accedió Amnistía Internacional, fue la que la República Islámica de Irán transmitió a las fuerzas de seguridad que en septiembre de 2022 salieron a las calles del país para aplastar unas protestas en las que se coreaba un bello lema de origen kurdo: “Mujer, vida, libertad”. El 16 de ese mes, una joven kurda de 22 años, Yina Mahsa Amini, había muerto en una comisaría por una paliza de la policía de la moralidad. Un castigo motivado, según se cree, por unos mechones de cabello que escapaban del velo que para las iraníes es obligatorio desde los siete años. Esa muerte tan brutal sacó a miles de iraníes a las calles.
La respuesta del régimen fue derramar de nuevo la sangre de los suyos en unas protestas en las que se cometieron “una oleada de atrocidades”, asegura Amnistía Internacional. Hasta tal punto que se cometieron crímenes contra la humanidad, según denuncia un informe de la organización divulgado este miércoles, cuando se cumplen cuatro años de la muerte de Amini.
Arquitectos de la Atrocidad: la maquinaria estatal orquestó delitos contra la humanidad en el levantamiento ”Mujer, Vida, Libertad” es el elocuente título de un documento de más de 1.000 páginas que acusa a la República Islámica de los crímenes de lesa humanidad de asesinato, tortura, desaparición forzada, encarcelamiento, violación y persecución por motivos políticos, de género, étnicos y religiosos. Todo con el objetivo de aplastar la revuelta a cualquier precio y con el aval de la cúpula del régimen.
La ONG identifica a 87 altos funcionarios que recomienda que sean investigados por los crímenes en esa oleada de represión. Entre ellos, el anterior líder supremo, Ali Jameneí, al que Israel y Estados Unidos mataron el 28 de febrero, en el primero de unos bombardeos contra Irán que Amnistía califica también de “ilegales” y de los que advierte que podrían constituir crímenes de guerra.
Las cifras de personas que murieron en las calles en los tres meses que siguieron a la paliza que mató a Yina Mahsa Amini corresponden a grandes rasgos con las que ya había determinado la Misión de Investigación de Naciones Unidas en 2024. La ONU calculó que alrededor de 551 personas habían perecido por la actuación de las fuerzas de seguridad iraníes. En su informe, Amnistía identifica con nombres y apellidos y, en algunos casos, con fotografías de sus tumbas, a 377 fallecidos, de los que 56 eran menores. La organización precisa, sin embargo, que hay otros al menos 93 muertos probablemente a causa de la represión.
“La situación se asemejaba a un campo de batalla. Nos perseguían agentes uniformados del IRGC [Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica] armados con fusiles de asalto Kaláshnikov (…) disparando sin cesar”, relató a Amnistía una de las más de 300 personas entrevistadas para documentar el informe. Entre ellos hay testigos presenciales, abogados, defensores de los derechos humanos, periodistas, personal sanitario y supervivientes de torturas y violencia sexual. La ONG ha examinado a su vez más de 2.000 vídeos, órdenes de detención y diversos documentos oficiales, públicos y filtrados a la organización.
La mayoría de esas 377 víctimas murieron en las calles por disparos con fuego real, incluso con ametralladoras pesadasde guerra, latas de gas lacrimógeno o perdigones de metal disparados a bocajarro, mientras otros manifestantes que habían sido perseguidos por las fuerzas de seguridad morían ejecutados a sangre fría. Ese fue el caso de Kobra Sheikheh, una manifestante de 59 años que participó en una protesta en Azerbaiyán Occidental (noroeste), el 27 de octubre de 2022. Tras huir con otros manifestantes de los disparos de las fuerzas de seguridad, y cuando ya estaba casi en su casa, uno de los agentes se le acercó y le disparó en el cuello con un fusil de asalto, relata la ONG.
Otras personas, prosigue el informe, fallecieron “bajo custodia, después de ser liberadas o en circunstancias sospechosas que apuntan a responsabilidad estatal”. Muchas de estas víctimas eran jóvenes. Adolescentes de entre 18 y 19 años constituyen el 9% de los muertos, mientras que otro 38% estaban aún en la veintena.
“Los agentes disparaban a cualquiera que tuvieran a la vista, sin importarles si eran mujeres, niños, transeúntes o manifestantes. Rompían las ventanas disparando perdigones de metal contra ellas y luego lanzaban gas lacrimógeno al interior de las casas. Muchas personas resultaron heridas por los perdigones de metal que les impactaron en las piernas, el cuerpo, el pecho y la cara. Algunos resultaron gravemente heridos, con perdigones incrustados en el cráneo o cerca de los ojos”, relató a Amnistía Iman, que participó en las protestas en Teherán. Esas fuerzas “no mostraban piedad hacia nadie”, deploró este hombre.
Algunos manifestantes murieron desangrados en las calles, mientras las fuerzas de seguridad disparaban a quienes trataban de ayudarles o incluso a los sanitarios que pretendían dispensarles primeros auxilios.
“Las víctimas que sobrevivieron a las lesiones quedaron ”con graves traumatismos físicos, entre ellos la pérdida permanente de la visión; heridas en la cabeza, la cara, el cuello y el torso; fracturas de costillas, cráneo, huesos faciales, dientes y extremidades; lesiones traumáticas cerebrales y de la médula espinal; daños en órganos internos (…)“. Decenas de iraníes quedaron ciegos entonces de uno o ambos ojos.
Los cuerpos de seguridad iraníes, especialmente dos, señala el informe —el ejército paralelo e ideológico de la Guardia Revolucionaria y la policía nacional iraní— no solo mataron. También sometieron a miles de personas a “detenciones arbitrarias, reclusión en régimen de incomunicación, desapariciones forzadas y torturas” físicas, psicológicas y sexuales.
Entre los métodos habituales de tortura física que sufrieron los detenidos “figuraban las palizas con porras y cadenas; las bofetadas, las patadas y los puñetazos; los azotes; el aislamiento prolongado; las descargas eléctricas; la exposición a temperaturas extremas; los tirones de pelo; la administración forzada de sustancias químicas; las posturas dolorosas de estrés con los ojos vendados o la cabeza cubierta; la denegación de asistencia médica para las lesiones, y la privación prolongada de comida y agua”. Varios detenidos afirmaron haber sido sometidos a ahogamientos simulados. También que les arrancaron las uñas o los suspendieron en el aire por el cuello o las muñecas.
Ese maltrato físico iba acompañado de simulacros de ejecuciones, la amenaza de ser condenados a muerte —una decena de iraníes fueron ahorcados en relación con estas protestas—, mientras se amenazaba también con matar, violar o secuestrar a familiares cercanos de los detenidos.
Mientras se les obligaba a “escuchar los gritos de otros detenidos que estaban siendo torturados”, esos manifestantes encarcelados eran objeto de insultos —“puta”, “guarra”, les llamaban a las mujeres, recalca el documento—. Las torturas se hacían extensivas a las familias de los fallecidos a quienes se forzó en muchos casos a que “aceptaran versiones falsas sobre las causas y circunstancias de la muerte de sus seres queridos”. Estos allegados ni siquiera pudieron a veces enterrar a su muertos y, cuando lo lograron, fue en medio de “vigilancia y amenazas de muerte, violación y otros daños”.
Casos como el de Nika Shahkarami, de 16 años, es paradigmático de lo que relata el informe. Cuando los familiares de esta joven manifestante recuperaron por fin su cuerpo en septiembre de 2022, después de permanecer diez días desaparecida, solo les dejaron ver su rostro. Tenía los pómulos y la nariz rotos y le faltaban los dientes. La familia descubrió después que el cadáver de la joven había aparecido en un patio de luces de un edificio. Cuando su tía negó ante la BBC en persa la versión oficial de que se había suicidado, fue detenida. En otro caso que cita el informe, cuando los allegados de un manifestante vieron su cadáver, le faltaban los ojos.
Amnistía Internacional ha documentado a su vez los casos de al menos 16 personas violadas, algunas de ellas de forma múltiple, después de ser detenidas en las protestas. Entre ellas había seis mujeres, siete hombres, una niña de 14 años y dos chicos de 16 y 17 años. Cuatro mujeres y dos hombres fueron penetrados. Las mujeres por vía vaginal, anal y oral, mientras que a los hombres los penetraron por vía anal. En ocasiones, con los órganos sexuales o los dedos y, otras veces, con porras de madera y metal, botellas de cristal o mangueras.
Varias decenas de personas denunciaron otras formas de violencia sexual bajo custodia, especialmente de mujeres manifestantes que “consistían habitualmente en que miembros masculinos de las fuerzas de seguridad metieran las manos dentro de su ropa interior; agarrándolas, manoseándolas, golpeándolas, propinándoles puñetazos o patadas en los pechos, los genitales o las nalgas; desnudándolas, incluso delante de detenidos varones; realizándoles registros corporales intrusivos; manteniéndolas desnudas durante horas o días en el centro de detención, incluso delante de cámaras de vídeo y en condiciones de frío extremo; y amenazándolas con violarles a ellas o a sus familiares femeninas”.
“Siguiendo los patrones de negación y encubrimiento existentes desde hace mucho tiempo”, precisa Amnistía, las autoridades iraníes reconocieron las muertes de solo 202 personas en las protestas. También como acostumbran, critica la ONG, “atribuyeron falsamente la mayoría de ellas a ”terroristas armados“. Así fue en uno de los casos que detalla la organización, el del niño de nueve años Kian Pirfalak, que murió en la localidad de Izeh por disparos de las fuerzas de seguridad mientras viajaba en el coche de su familia. Las autoridades iraníes atribuyeron su muerte a un ataque terrorista e incluso condenaron a muerte a un hombre que, según declaró incluso la familia, del niño, no tenía nada que ver con el tiroteo en el que Kian perdió la vida.
Por todo estos crímenes que enmarca en un “ataque sistemático” contra una población civil indefensa, Amnistía recomienda “remitir la situación en Irán a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional”, así como la creación de “un mecanismo de justicia penal internacional destinado a enjuiciar a los principales implicados en crímenes contra la humanidad cometidos en Irán”.
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