¿Puede Alemania declarar inconstitucional a AfD? ¿Qué consecuencias tendría la ilegalización del partido de extrema derecha, la mayor fuerza de la oposición en el Bundestag? Son preguntas recurrentes en los últimos años en Alemania, al son del crecimiento electoral de la formación radical. Las próximas elecciones regionales en el este del país, donde las encuestas dan a AfD posibilidades de gobernar por primera vez, han reactivado el debate entre políticos y juristas sobre qué opciones existen para contener a un partido que consideran un peligro para la democracia.
Las campañas electorales regionales reavivan las iniciativas para solicitar la inconstitucionalidad del partido AfD
¿Puede Alemania declarar inconstitucional a AfD? ¿Qué consecuencias tendría la ilegalización del partido de extrema derecha, la mayor fuerza de la oposición en el Bundestag? Son preguntas recurrentes en los últimos años en Alemania, al son del crecimiento electoral de la formación radical. Las próximas elecciones regionales en el este del país, donde las encuestas dan a Alternativas para Alemania (AfD) posibilidades de gobernar por primera vez, han reactivado el debate entre políticos y juristas sobre qué opciones existen para contener a un partido que consideran un peligro para la democracia.
Los socialdemócratas del SPD, formación que gobierna Alemania en coalición con los democristianos de la CDU y la CSU, reabrieron el asunto este agosto en un artículo escrito por su copresidente Lars Klingbeil en el semanario Die Zeit. “Académicos independientes han demostrado que AfD planifica destruir nuestra democracia y el Estado de derecho”, afirmó Klingbeil, “la prohibición del partido no es solo una opción, es una obligación democrática para proteger a nuestro país”.
El líder de los socialdemócratas se refería así a las conclusiones de un informe presentado en junio por ocho juristas de la ONG Sociedad para los Derechos de Libertad (GFF) y que concluye que AfD vulnera este apartado del artículo 21 de la Constitución: “Los partidos que por sus fines o por el comportamiento de sus miembros tiendan a desvirtuar o eliminar el régimen fundamental de libertad y democracia, o a poner en peligro la existencia de la República Federal de Alemania, son inconstitucionales”.
GFF recogió 2.500 pruebas, entre documentos del partido, declaraciones de sus representantes y mensajes en redes sociales, que para la organización demuestran que “es un partido que trabaja premeditadamente para acabar con el orden democrático liberal”. GFF asegura que AfD ha explicitado en múltiples mensajes que, de llegar al poder, perseguirá a opositores políticos, a la población musulmana, a alemanes con raíces extranjeras y al colectivo LGTBIQ.
El momento de que AfD acceda al poder parece cercano. Por lo menos en el Gobierno del Estado de Sajonia-Anhalt, que celebra elecciones este septiembre y en las que, según las encuestas, el partido extremista tiene posibilidades de obtener incluso la mayoría absoluta. También podría ser el vencedor de los comicios en septiembre en el Estado de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, aunque en este caso es improbable que obtenga mayoría suficiente para asumir el Gobierno.
Alemania ve con preocupación la llegada al poder de la extrema derecha y una prueba es un artículo publicado este agosto por Sven Hüber, vicepresidente del Sindicato de la Policía (GdP), en la revista de esta organización. Hüber pide a la policía del Estado de Sajonia-Anhalt que esté preparada para negarse a acatar órdenes de un posible Gobierno de AfD si cree que estas atentan contra los principios democráticos. Hüber recuerda el artículo 91 de la Ley Fundamental de Alemania, que indica que es obligación de la policía, con el apoyo del Gobierno federal, “la defensa contra un peligro que amenace la existencia del régimen fundamental de libertad y democracia de la Federación o de un land”.
El septiembre electoral (también se elige el Ejecutivo de Berlín) ha reactivado el movimiento para que el Gobierno o el Parlamento eleven al Tribunal Constitucional una solicitud de prohibición contra AfD. Es el poder ejecutivo o el legislativo alemán el que tiene la potestad de hacerlo. Si es en el legislativo, solo es necesaria una mayoría simple. El principal obstáculo para ello es que la CDU, el partido conservador del canciller Friedrich Merz, se opone a ello. Y sin la CDU, no hay mayoría para elevar la cuestión al Constitucional.
“Mito de víctima”
La posición de la CDU es que una hipotética prohibición de AfD, además de ser harto difícil, solucionaría poco, más bien al contrario, por lo que es mejor combatir sus ideas políticamente. Una de las personas que ha explicado mejor la argumentación de los democristianos es el diputado Christoph Ploss: “Los obstáculos constitucionales para ilegalizar un partido político son muchos, y un procedimiento de prohibición, especialmente si finalmente resulta infructuoso, reforzaría aún más el mito de la víctima alimentado por AfD, lo que en última instancia podría beneficiarles políticamente”. Son palabras de Ploss en el portal de atención al ciudadano Abgeordnetenwatch.
La Alemania federal solo ha ilegalizado a dos organizaciones políticas en su historia. El Tribunal Constitucional prohibió en 1952 al SRP por ser considerada heredera del NSDAP, el partido nazi; y en 1956 declaró ilegal al Partido Comunista. El último intento de prohibir una formación política fracasó en 2017: el Tribunal Constitucional no ilegalizó al NPD, un partido ultra de origen neonazi. La Corte consideró que el NPD sí tenía planteamientos anticonstitucionales, pero no lo consideró un peligro para la democracia.
Más de un millar de juristas han firmado este julio una carta dirigida al Gobierno y al Bundestag (la Cámara baja) para reclamar que eleven la solicitud de ilegalización de AfD al Constitucional. El documento, encabezado por la Asociación Republicana de Abogados, considera que el informe de la ONG GFF recoge suficientes pruebas para ello.
Los servicios secretos internos alemanes, la Oficina para la Protección de la Constitución, presentaron en 2025 al Bundestag un informe en el que concluían que AfD era un partido “extremista de derechas”. Con esta denominación se garantizaban poder monitorizar las reuniones y los actos de la organización. Pero el pasado febrero un tribunal dictaminó que no podía clasificarse así a AfD. El juez subrayó en su sentencia que, según las pruebas aportadas, “existe una certeza suficiente” de que en AfD se detectan “esfuerzos contra el orden democrático y liberal”, pero no como una estrategia premeditada de la organización, sino de parte de sus miembros.
Tanto la Asociación Republicana de Abogados como la GFF critican por incompleto el informe de la Oficina para la Protección de la Constitución. Según los juristas, los servicios secretos se centraron solo en la islamofobia de AfD y en el uso racista, próximo a la Alemania nazi que el partido hace del concepto Volk, “pueblo”.
GFF propone ampliar las sospechas antidemocráticas de AfD a una supuesta estrategia de persecución de rivales políticos, grupos étnicos y otras minorías. Su estudio recoge numerosos mensajes de la extrema derecha llamando a la encarcelación de la excanciller Angela Merkel por permitir la acogida de refugiados afganos y sirios o a la de miembros del Gobierno del antiguo canciller Olaf Scholz por hipotéticas tramas de fraude o por supuestamente poner el interés público al servicio de las farmacéuticas en la segunda fase de la pandemia del covid.
Criterios poco definidos
Hay opositores políticos a AfD y académicos que advierten que estos mensajes, sin acciones concretas, no son suficiente para ilegalizar al partido. “Los criterios para determinar si un partido es inconstitucional aún no están suficientemente definidos; en concreto, no se establece una distinción clara entre la inconstitucionalidad de las demandas políticas individuales y la inconstitucionalidad del propio partido”, afirman en un ensayo publicado este agosto Elisa Hoven, profesora de Derecho de la Universidad de Leipzig, y Frauke Rotsalki, profesora de la Universidad de Colonia.
“Con mucha frecuencia, las declaraciones [de un político] se limitan a enumerar posturas que, sin duda, pueden ser políticamente reprochables, pero que no cumplen con los elevados requisitos constitucionales para que un partido sea considerado inconstitucional”, añaden las dos juristas. Hoven y Rostalki advierten también de que la prohibición de partidos supone “un peligro especialmente elevado de instrumentalización con fines políticos e ideológicos partidistas”.
La ilegalización de AfD no es la solución, opina en un análisis de este verano de Victoria Gulde,directora de estudios de la Fundación Amadeu Antonio. Esta institución lleva el nombre de un ciudadano angoleño asesinado en 1990 en un ataque racista de la ultraderecha. Gulde muestra simpatía por la prohibición de AfD, pero incluso en este caso, el problema de base proseguirá: “Supongamos que se solicita la ilegalización y, tras varios años, el Tribunal Constitucional Federal dicta sentencia a favor. AfD y sus organizaciones afines son ilegalizadas. Todas las estructuras del partido se disuelven, todos los diputados pierden sus escaños y los bienes del partido son confiscados. Pero esto no hace desaparecer a los políticos ni a los miembros de la AfD. Tampoco hace desaparecer las actitudes contra los derechos humanos y antidemocráticas de millones de votantes”. “AfD no es la causa del problema, es un síntoma”, concluye Gulde.
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