La morosidad y el retraso en el cobro de facturas siguen siendo dos de las mayores causas de preocupación de las empresas españolas, sobre todo entre las pymes, después de conocerse que el 51,5% de los empresarios españoles afirma haber tenido algún impago en los últimos doce meses, es decir, lo que se traduciría en 1,8 millones de empresas. Así lo confirma el ‘Análisis del comportamiento de pago empresarial’ de Informa D&B, que revela que aunque supone un descenso de casi cuatro puntos porcentuales en un año y más de 12 puntos porcentuales respecto al 64% registrado en 2023, todavía continúa muy por encima de la de 2021, cuando se quedó en el 43%.
El estudio destaca que el importe de estos pagos sin cobrar no alcanza el 5% de la facturación de las empresas en el 87% de los casos, y que las causas principales para esta demora son los problemas financieros, en el 36% de los caso, seguido por los problemas administrativos, en un 32%, y las demoras intencionadas, en un 21%. La demora media española había superado siempre a la europea hasta 2016 para volver a igualarse en 2018 y estar por encima desde entonces, una situación que ha seguido acrecentándose en 3,40 días hasta 2024.
Resulta significativo que el 50% de las microempresas y el 46% de las pequeñas empresas son las que pagaban con mayor puntualidad, por encima de las medianas (29%) y de las grandes (14,5%). Desde el 2023, el periodo medio de retraso sube para todos los tamaños, siendo el más elevado el de las microempresas, con 18,48 días y la demora para las grandes es de 15,40 días, para las medianas de 13,47 días y para las pequeñas de 12,85 días.
Los analistas de D&B han detectado grandes diferencias entre el comportamiento de pago de las empresas del norte con las del sur del país, con una diferencia de 16,7 días entre la comunidad que mejor paga, Navarra, con 9,9 días de demora, y la que peor, Ceuta, con 26,6 días. En concreto, el retraso medio aumenta en la mayor parte de las autonomías. Las excepciones son Asturias, Extremadura y Castilla y León. Tan solo Castilla y León (51,66%) y Navarra (50,36%) pagan más del 50% de sus facturas en plazo al acabar el año, frente a las seis que lo hacían al cierre de 2023. Al contrario, los porcentajes por debajo del 40% son para Madrid, con un 39,64% de cumplimiento, y Canarias, donde se queda en el 32,03%.
El informe destaca que los pagos que se realizan en plazo han sufrido un descenso de dos puntos porcentuales en el último año y se sitúan en el 44% del total a cierre de 2024, mientras que los pagos a más de 60 días suben ligeramente y ya superan el 6%. A su vez, un 56% de las empresas finalizaba 2024 con un riesgo alto o medio alto de pagar a más de 90 días. Además, el 52% de las empresas que tuvieron algún impago en 2024 ya habían registrado retrasos de más de 30 días en 2023 -el 69% de estos superaban los 90 días de demora-. Los datos también reflejan que el número de empresarios que aplica intereses de demora se recorta del 14,5% al 12,3%.
Las Administraciones Públicas acumulan un mayor retraso medio en sus pagos, añadiendo 2,26 días en un año y quedar en 28,78 días. Le siguen transportes, con 21,91 días de demora, y hostelería, con 21,14. Por debajo de la media se encuentran industria (11,97 días), industrias extractivas (14,32 días), comercio (14,39 días), comunicaciones (14,64 días), y construcción y actividades inmobiliarias (14,97 días). Los mayores incrementos desde hace un año son para agricultura y transportes, que suman 3,87 y 3,64 días, respectivamente.
Entre las medidas para ayudar a recortar los plazos de pago, publicar los malos pagadores obtiene un apoyo del 19%, la aplicación de un régimen sancionador alcanza un 18%, premiar a los buenos pagadores un 13% y obligar a las empresas a publicar sus plazos de pago reales un 11%. Otras soluciones recogidas en la encuesta, aunque con menor fuerza, son más prestamos, la formación a empresarios en gestión de cobros, mejorar las ayudas, los códigos de conducta sectoriales y servicios de mediación.
Un 56% de las empresas presenta un riesgo elevado de pagar a más de 90 días. Los problemas financieros son el principal motivo de los retrasos para el 36% de los empresarios. El retraso medio sobre la fecha pactada de pago superaba los 15 días
La morosidad y el retraso en el cobro de facturas siguen siendo dos de las mayores causas de preocupación de las empresas españolas, sobre todo entre las pymes, sobre todo después de conocerse que el 51,5% de los empresarios españoles afirma haber tenido algún impago en los últimos doce meses, es decir, lo que se traduciría en 1,8 millones de empresas. Así lo confirma el ‘Análisis del comportamiento de pago empresarial’ de Informa D&B, que revela que aunque supone un descenso de casi cuatro puntos porcentuales en un año y más de 12 puntos porcentuales respecto al 64% registrado en 2023, todavía continúa muy por encima de la de 2021, cuando se quedó en el 43%.
El estudio destaca que el importe de estos pagos sin cobrar no alcanza el 5% de la facturación de las empresas en el 87% de los casos, cuya causa principal para esta demora tiene son los problemas financieros en el 36% de los caso, seguido por los problemas administrativos en un 32% y las demoras intencionadas, en un 21%. Al cierre de 2024, la demora media española había superado siempre a la europea hasta 2016 para volver a igualarse en 2018 y estar por encima desde entonces y que ha seguido acrecentándose en 3,40 días por encima.
Resulta significativo que el 50% de las microempresas y el 46% de las pequeñas empresas son las que pagaban con mayor puntualidad, por encima de las medianas (29%) y de las grandes (14,5%). Desde el 2023, el periodo medio de retraso sube para todos los tamaños, siendo el más elevado el de las microempresas, con 18,48 días y la demora para las grandes es de 15,40 días, para las medianas de 13,47 días y para las pequeñas de 12,85 días.
Los analistas de D&B han detectado grandes diferencias entre el comportamiento de pago de las empresas del norte con las del sur del país, con una diferencia de 16,7 días entre la comunidad que mejor paga, Navarra, con 9,9 días de demora, y la que peor, Ceuta, con 26,6 días. En concreto, el retraso medio aumenta en la mayor parte de las autonomías. Las excepciones son Asturias, Extremadura y Castilla y León. Tan solo Castilla y León (51,66%) y Navarra (50,36%) pagan más del 50% de sus facturas en plazo al acabar el año, frente a las seis que lo hacían al cierre de 2023. Al contrario, los porcentajes por debajo del 40% son para Madrid, con un 39,64% de cumplimiento, y Canarias, donde se queda en el 32,03%.
El informe destaca que los pagos que se realizan en plazo han sufrido un descenso de dos puntos porcentuales en el último año y se sitúan en el 44% del total a cierre de 2024, mientras que los pagos a más de 60 días suben ligeramente y ya superan el 6%. A su vez, un 56% de las empresas finalizaba 2024 con un riesgo alto o medio alto de pagar a más de 90 días. Además, el 52% de las empresas que tuvieron algún impago en 2024 ya habían registrado retrasos de más de 30 días en 2023 -el 69% de estos superaban los 90 días de demora-. Los datos también reflejan que el número de empresarios que aplica intereses de demora se recorta del 14,5% al 12,3%.
Las Administraciones Públicas acumulan un mayor retraso medio en sus pagos, añadiendo 2,26 días en un año y quedar en 28,78 días. Le siguen transportes, con 21,91 días de demora, y hostelería, con 21,14. Por debajo de la media se encuentran industria (11,97 días), industrias extractivas (14,32 días), comercio (14,39 días), comunicaciones (14,64 días), y construcción y actividades inmobiliarias (14,97 días). Los mayores incrementos desde hace un año son para agricultura y transportes, que suman 3,87 y 3,64 días, respectivamente.
Entre las medidas para ayudar a recortar los plazos de pago, publicar los malos pagadores obtiene un apoyo del 19%, la aplicación de un régimen sancionador alcanza un 18%, premiar a los buenos pagadores un 13% y obligar a las empresas a publicar sus plazos de pago reales un 11%. Otras soluciones recogidas en la encuesta, aunque con menor fuerza, son más prestamos, la formación a empresarios en gestión de cobros, mejorar las ayudas, los códigos de conducta sectoriales y servicios de mediación.
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