La deuda autonómica continuará siendo un pozo sin fondo durante los próximos tres años, en los que sus gobiernos deberán afrontar un pago de intereses que triplicarán los que abonaban hace tan solo dos ejercicios. Así lo advierte la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que ha situado a Cataluña y la Comunidad Valenciana como las dos regiones que experimentarán un mayor incremento de intereses de la deuda hasta 2028, pagando un incremento de más de 1.500 millones de euros. En conjunto, las comunidades autónomas abonarán 11.789 millones de euros en intereses, lo que supone multiplicar por tres el coste que soportaban en 2022, cuando pagaron 3.608 millones por este concepto. El think tank económico atribuye este incremento a dos factores: «El aumento de los tipos de interés al que ya se están enfrentando las haciendas autonómicas, cuyo nivel suponemos que se mantendrá en los próximos años, y el elevado volumen de deuda pública».
El informe de Fedea muestra que Cataluña tendrá una variación de 1.793 millones de euros en el gasto de intereses en términos absolutos, lo que supone un incremento del 174% –bajo el supuesto de que el Gobierno no le condone los 17.000 millones acordados–, mientras que el de la Comunidad Valenciana asciende a 1.565 millones, un 433%. Le siguen en términos absolutos Andalucía (977 millones de euros); Madrid (824 millones); Castilla y León (441 millones); Galicia (408 millones), Castilla-La Mancha (398 millones); Murcia (330 millones), País Vasco (261 millones); Canarias (250 millones); Baleares (237 millones); Aragón (236 millones); Asturias (169 millones); Extremadura (153 millones); Cantabria (56 millones); Navarra (45 millones) y La Rioja (37 millones).
Estas proyecciones, elaboradas por los economistas de la Fundación Manuel Díaz y Carmen Marín, toman como soporte previsiones oficiales del Gobierno de España y de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AiReF) sobre la evolución del PIB y de los saldos presupuestarios autonómicos, además de haber utilizado los últimos datos oficiales disponibles del Tesoro Público y el Banco de España.
La evolución entre 2022-2028 del tipo medio de la deuda pública autonómica –definido como el cociente entre el pago anual de intereses y el stock de deuda pública a cierre del año–, muestra que mientras el tipo medio a pagar fue del 1,1% en 2022, para 2028 ascendería ya hasta el 3,2%. «A la vista de nuestros resultados, las autonomías deben calibrar con mucha prudencia las políticas fiscales expansivas que puedan estar contemplando. Han de ser conscientes de que embarcarse en reducciones significativas de impuestos y/o proyectos de gasto de dudosa rentabilidad social, dañaría claramente la sostenibilidad de las finanzas públicas regionales», apuntan.
Asimismo, Fedea señala que, bajo los supuestos establecidos –con déficits moderados y un crecimiento del PIB superior al 4%–, la ratio de deuda pública sobre PIB se reduciría hasta el 19% en 2028. Sin embargo, los gastos por intereses «más que se triplicarían en tan sólo 6 años. Esta situación obligaría a redirigir recursos crecientes desde otras políticas públicas hacia el pago del servicio de la deuda». Por ello, tanto este think tank como por parte de la AIReF y del Banco de España, «llevamos más de cuatro años sugiriendo que las comunidades autónomas deberían diseñar y poner en marcha una estrategia fiscal a medio plazo que garantice la sostenibilidad de sus cuentas».
Díaz y Marín recuerdan que estas proyecciones se han hecho en base a que su deuda con el Estado o con el mercado privado no sea condonada o pagada por Hacienda, tras la oferta realizada a raíz del acuerdo de financiación singular firmado con Cataluña.
Las autonomías pagarán en 2028 por intereses de deuda 11.789 millones, el triple que en 2022, según advierte Fedea
La deuda autonómica continuará siendo un pozo sin fondos durante los próximos tres años, en los que sus gobiernos deberán afrontar un pago de intereses que triplicarán los que abonaban hace tan solo dos años. Así lo advierte la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que ha situado a Cataluña y la Comunidad Valenciana como las dos regiones que experimentarán un mayor incremento de intereses de la deuda durante hasta 2028, pagando un incremento de más de 1.500 millones de euros. En conjunto, las comunidades autónomas pagarán 11.789 millones de euros en intereses, lo que supone multiplicar por tres el coste que soportaban en 2022, cuando pagaron 3.608 millones por este concepto. El ‘think tank’ económico atribuye este incremento a dos factores: «El aumento de los tipos de interés al que ya se están enfrentando las haciendas autonómicas cuyo nivel suponemos que se mantendrá en los próximos años, y el elevado volumen de deuda pública».
El informe de Fedea que Cataluña tendrá una variación de 1.793 millones de euros en el gasto de intereses en términos absolutos, lo que supone un incremento del 174% –bajo el supuesto de que el Gobierno no le condone los 17.000 millones acordados–, mientras que el de la Comunidad Valenciana asciende a 1.565 millones, un 433%. Le siguen en términos absolutos Andalucía (977 millones de euros); Madrid (824 millones); Castilla y León (441 millones); Galicia (408 millones), Castilla-La Mancha (398 millones); Murcia (330 millones), País Vasco (261 millones); Canarias (250 millones); Baleares (237 millones); Aragón (236 millones); Asturias (169 millones); Extremadura (153 millones); Cantabria (56 millones); Navarra (45 millones) y La Rioja (37 millones).
Estas proyecciones, elaboradas por los economistas de la Fundación Manuel Díaz y Carmen Marín, toman como soporte previsiones oficiales del Gobierno de España y de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AiReF) sobre la evolución del PIB y de los saldos presupuestarios autonómicos, además de haber utilizado los últimos datos oficiales disponibles del Tesoro Público y el Banco de España).
La evolución entre 2022-2028 del tipo medio de la deuda pública autonómica -definido como el cociente entre el pago anual de intereses y el stock de deuda pública a cierre del año-, muestra que mientras el tipo medio a pagar fue del 1,1% en 2022, para 2028 ascendería hasta el 3,2%. «A la vista de nuestros resultados, las autonomías deben calibrar con mucha prudencia las políticas fiscales expansivas que puedan estar contemplando. Han de ser conscientes de que embarcarse en reducciones significativas de impuestos y/o proyectos de gasto de dudosa rentabilidad social, dañaría claramente la sostenibilidad de las finanzas públicas regionales», apuntan.
Asimismo, Fedea señala que, bajo los supuestos establecidos -déficits moderados y un crecimiento del PIB superior al 4%, la ratio de deuda pública sobre PIB se reduciría hasta el 19% en 2028. Sin embargo, los gastos por intereses «más que se triplicarían en tan sólo 6 años. Esta situación obligaría a redirigir recursos crecientes desde otras políticas públicas hacia el pago del servicio de la deuda». Por ello, tanto este think tank como por parte de la AIReF y del Banco de España, «llevamos más de cuatro años sugiriendo que las comunidades autónomas deberían diseñar y poner en marcha una estrategia fiscal a medio plazo que garantice la sostenibilidad de sus cuentas».
Díaz y Marín recuerdan que estas proyecciones se han hecho en base a que su deuda con el Estado o con el mercado privado no sea condonada o pagada por Hacienda, tras la oferta realizada a raíz del acuer5do de financiación singular firmado con Cataluña.
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