Jueves 31 de julio, a las puertas de una nueva ola de calor. En Coria del Río (Sevilla, 31.136 habitantes) el termómetro se estanca en los 40º y el chat que comparten los vecinos afectados por los tóxicos de la barriada Guadalquivir empieza a llenarse con mensajes de sus integrantes en los que se quejan de los problemas para poder respirar de los últimos días. “Ni de noche ni por la mañana, ni dentro ni fuera de casa”, precisa Rogelia Gómez, la presidenta de la asociación que los representa. Las altas temperaturas vuelven aún más asfixiante el ambiente de ese núcleo de 4.000 residentes a las afueras de la localidad sevillana junto al río, donde el aire está impregnado de agentes químicos potencialmente tóxicos derivados de una fuga de hidrocarburos filtrados en el subsuelo ocupado por una gasolinera, una mezcla que se adhiere en la garganta y en las fosas nasales dejando un sabor metálico que dificulta la entrada del oxígeno en los pulmones.
Un juzgado abre diligencias contra la consejera de Salud y su predecesora por supuesta inacción prolongada. “Mientras estemos vivos, vamos a seguir reclamando”, dicen los perjudicados
Jueves 31 de julio, a las puertas de una nueva ola de calor. En Coria del Río (Sevilla, 31.136 habitantes) el termómetro se estanca en los 40º y el chat que comparten los vecinos afectados por los tóxicos de la barriada Guadalquivir empieza a llenarse con mensajes de sus integrantes en los que se quejan de los problemas para poder respirar de los últimos días. “Ni de noche ni por la mañana, ni dentro ni fuera de casa”, precisa Rogelia Gómez, la presidenta de la asociación que los representa. Las altas temperaturas vuelven aún más asfixiante el ambiente de ese núcleo de 4.000 residentes a las afueras de la localidad sevillana junto al río, donde el aire está impregnado de agentes químicos potencialmente tóxicos derivados de una fuga de hidrocarburos filtrados en el subsuelo ocupado por una gasolinera, una mezcla que se adhiere en la garganta y en las fosas nasales dejando un sabor metálico que dificulta la entrada del oxígeno en los pulmones.
Los vecinos llevan desde 2017 tratando de llamar la atención de las autoridades sobre su insoportable situación que se ha traducido en graves problemas de salud. Los residentes están habituados a sufrir mareos y cefaleas constantes y varios han sido diagnosticados con leucemia, tumores y problemas cardiacos. Un reciente informe de la Fiscalía de Medio Ambiente ha confirmado que la presencia de hasta 10 compuestos químicos tóxicos en la barriada, que sus residentes llevan más de una década inhalando, ha producido “un riesgo de daño sustancial para la salud de las personas”, además de afectación al ecosistema del río Guadalquivir. Ellos se sienten abandonados. “Tenemos los informes, pero aquí no pasa nada. Todos se lavan las manos a la hora de asumir su responsabilidad”, se lamenta Gómez, mientras aguarda a ser atendida en el hospital por problemas derivados de su exposición continuada a los gases tóxicos.
En su lucha por revertir la desidia de las autoridades, su asociación ha conseguido elevar el foco hacia los altos cargos de la Junta de Andalucía. En una resolución de finales de junio, un juzgado de Sevilla acordó la apertura de diligencias previas de investigación sobre la consejera de Salud, Rocío Hernández; su predecesora, actual consejera de Medio Ambiente -una consejería directamente involucrada en solucionar el problema de los vertidos-, Catalina García; un ex director general de Salud Pública; el antiguo gerente del Hospital Virgen del Rocío; y la delegada territorial de Salud en Sevilla.
En la querella que presentaron los vecinos afectados a mediados de junio se denuncia la inacción prolongada ante la exposición de la población a agentes químicos potencialmente tóxicos y se considera que puede ser constitutiva de delitos de prevaricación por omisión, omisión del deber de socorro, lesiones imprudentes o dolosas y delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. “No se trata de denunciar un daño consumado, sino de poner fin a una situación de desprotección jurídica y administrativa que no puede prolongarse más”, explicaba entonces su abogada, Sara Domínguez.
“La anterior consejera nos prometió un estudio epidemiológico, que no se ha realizado”, indica Gómez sobre uno de los compromisos que planteó García a los 138 vecinos de la barriada que presentaban afecciones relacionadas con la inhalación de los gases tóxicos y que han conseguido ser atendidos de manera exclusiva por el departamento de Medicina Interna del Virgen del Rocío, cuyo responsable entonces también ha sido denunciado. Ante la inacción de las autoridades, los residentes han realizado su propio estudio de afecciones calle por calle. “No hay ni una sola en la que no se presenten casos de infarto, problemas cardiacos, diagnósticos de cáncer u otras enfermedades compatibles con los compuestos orgánicos volátiles”, indica Gómez, que, además de muertes recientes, llama la atención sobre otro informe médico -que también se incluye en la querella- que acredita que la nefrocalcinosis que padece el hijo de dos años de una vecina, que dio a luz en Canarias pero se quedó embarazada mientras vivía en la barriada de Coria, es debida a la “intoxicación por benceno durante el embarazo”. “La actual consejera de Salud también está al tanto de todo”, advierte Gómez, que recuerda que cuando Hernández era directora gerente del distrito del Aljarafe se reunía con ellos “cada mes y medio, dos meses”. “Sabe perfectamente el problema que tenemos, pero, como el resto, tira balones fuera”, se lamenta.
Falta de transparencia
Esta nueva vía de investigación, que el juzgado ha trasladado a la Fiscalía, se suma al procedimiento penal que todavía sigue en fase de instrucción desde 2018 y a las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que instaron en 2024 al Ayuntamiento de Coria a declarar suelo contaminado el espacio aledaño a la barriada, después de constatarse que las tareas de limpieza abordadas voluntariamente por la gasolinera no fueron efectivas, algo que el consistorio cumplió un año después. Paralelamente, y también más de un año después de que se aprobara, ha echado a andar el grupo de trabajo en el Parlamento andaluz para diagnosticar el problema de la emanación de gases y acompañar a los vecinos en sus problemas de salud. Hasta ahora solo se ha reunido en una ocasión, el pasado mes de marzo, pero la consejera de Medio Ambiente aseguró hace un par de semanas que volverían a reunirse en septiembre. Anunció que su departamento había desplazado en el mes de mayo hasta la barriada del Guadalquivir una unidad móvil para detectar compuestos orgánicos volátiles y mercaptano y poder llevar un control de la calidad del aire en la zona, cuyos resultados también se presentarían a la vuelta de las vacaciones.
“Ese camión ya estuvo hace varios meses y lo tuvieron que quitar porque había que sustituir algunas piezas. Queremos conocer cuáles son los parámetros de la calidad del aire ahora”, indica Gómez, que se muestra muy escéptica sobre esta medida y el equipo de trabajo, en el que están presentes los grupos parlamentarios, las consejerías de Medio Ambiente y Salud, el Ayuntamiento de Coria, las empresas públicas de gestión de agua y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, pero en la que se ha excluido, a petición del PP, a los vecinos afectados. “No entendemos cómo nosotros no podemos estar presentes. Se nos prometió transparencia, pero aún no sabemos nada de lo que se dijo en la primera reunión de marzo”, se lamenta la presidenta de la asociación.
Además de la vía legal, los residentes de la barriada se plantean seriamente impulsar concentraciones para alertar sobre su angustiosa situación. Las pequeñas victorias en los juzgados no les permiten apaciguar su frustración ante el desinterés de todas las administraciones por un problema que sigue enquistado y del que no pueden huir porque el aire que inhalan está permanentemente viciado. “Mientras estemos vivos, aquí vamos a estar”, asegura Gómez. “No es tanto por nosotros, sino por nuestros niños a los que estamos dejando muy envenenados”, advierte.
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