Los rectores de las nueve universidades públicas de Andalucía mantienen el pulso por los casi 50 millones de euros acordados con la Junta de Andalucía que no les han sido pagados a poco más de 15 días de que acabe el año. En una comparecencia conjunta, este martes han advertido de que los 21 millones de euros que les ofrece la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía es un pago puntual no consolidable, que está lejos de cumplir con lo pactado, y que no satisface sus “legítimas reivindicaciones”, como ha señalado Francisco Oliva, rector de la Universidad Pablo de Olavide y presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA), que también ha adelantado que estudiarán “todas las vías legales” para obtener lo que se les adeuda.
El Gobierno de Moreno sostiene que se está haciendo un esfuerzo y piden a las universidades que sean solidarias con los centros que lo están pasando mal
Los rectores de las nueve universidades públicas de Andalucía mantienen el pulso por los casi 50 millones de euros acordados con la Junta de Andalucía que no les han sido pagados a poco más de 15 días de que acabe el año. En una comparecencia conjunta, este martes han advertido de que los 21 millones de euros que les ofrece la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía es un pago puntual no consolidable, que está lejos de cumplir con lo pactado, y que no satisface sus “legítimas reivindicaciones”, como ha señalado Francisco Oliva, rector de la Universidad Pablo de Olavide y presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA), que también ha adelantado que estudiarán “todas las vías legales” para obtener lo que se les adeuda.
Oliva ha remarcado, además, que “faltarían más de 24 millones de euros de los casi 50 que se nos adeudan ahora mismo”. Preguntado por si va a haber movilizaciones, ha esgrimido que no se trata de una cuestión rectoral, y que dentro de esas “vías legales”, habrá que llegar a acuerdos con organizaciones sindicales y con “todas las partes”.
En el comunicado conjunto que los rectores han hecho público en el rectorado de la Universidad de Sevilla, se destaca que la Consejería de Universidad les ha respondido después de las “insistentes reclamaciones” tanto de las universidades como de las organizaciones sindicales. Los pagos que reclaman los rectores son dos partidas distintas, cada una de 25 millones de euros. La primera, en concepto de financiación, acordada el pasado mes de mayo en Córdoba y que, de no ejecutarse, provocaría que las universidades cerraran el año con déficit, porque contaban con ese dinero. Y la segunda, sobre el abono de los complementos para el personal docente e investigador y el técnico, de gestión y de administración de servicios, pactado el pasado 26 de junio en el marco de la Mesa General de Negociación de las Universidades Andaluzas.
Los dirigentes de las universidades agradecen que se comience a dialogar sobre el problema, pero matizan que la solución acordada está lejos de cumplir lo pactado. El comunicado solicitan “expresamente al presidente de la Junta de Andalucía su implicación personal para hacer cumplir el modelo de financiación vigente y lo acordado por la Consejería de Universidad con organizaciones sindicales y las universidades públicas“. “No pedimos nada más”, zanjan.
”Reivindicaciones injustas”, para el Gobierno andaluz
La Junta, sin embargo, no comparte las reivindicaciones de los rectores, que su portavoz, Carolina España, ha calificado de “injustas”. Ramón Herrera, secretario general de Universidades, les ha pedido solidaridad con las universidades que lo están pasando mal y anota que desde el Gobierno andaluz se está haciendo un esfuerzo. “Yo creo que las universidades tienen que corresponder con ese esfuerzo”, ha dicho Herrera en un audio distribuido a los medios. La Junta sostiene que respetan la postura de los rectores, pero que no la comparten porque las universidades de Andalucía “son las mejor financiadas de toda España” y van a recibir una cantidad récord con los 21 millones de euros adicionales que han ofrecido a estos centros, según ha señalado la portavoz.
Herrera también acusa a los rectores de “tomar como rehenes” a la comunidad universitaria, “impidiendo el pago de los acuerdos acordados en junio”, porque sería perjudicial para el personal de las universidades y que, de no hacerlo, tendría un cariz bastante grave. Oliva ha comentado específicamente este punto y ha explicado que si optan por pagar esa cantidad de los complementos retributivos, solo podrá hacerse este año, pero no en los sucesivos. “Esa cantidad no se encuentra reconocida en los presupuestos para el año que viene. No es aconsejable pagar un complemento que tiene fecha de caducidad en diciembre de 2024″, ha recalcado el rector de la UPO.
Los rectores son muy claros y advierten de que la situación es crítica y “podría tener consecuencias muy negativas“ para sus cuentas, plantillas y para su política de personal. “A que no estamos dispuestos a aceptar, y menos cuando las universidades públicas de Andalucía aportan a las arcas públicas más de cinco euros por cada euro de inversión que reciben. De consumarse sería un recorte injusto, ineficiente e irracional”, ha indicado Oliva.
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