El Defensor del Pueblo, que desde hace un año investigaba a las urbes que no han instalado todavía sus zonas de bajas emisiones (ZBE), ha emitido este jueves sus recomendaciones al respecto. La institución, cuyo titular es Ángel Gabilondo, considera “injustificados” los argumentos aportados por los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes que aún no han implantado sus áreas de tráfico restringido. Según la Ley de Cambio Climático y Transición Energética española, las 151 urbes españolas más pobladas deberían contar con una de estas áreas el 1 de enero de 2023. Por ahora, poco más de una veintena las tienen activas, la gran mayoría se encuentran en trámite, e incluso unas pocas se han declarado en rebeldía frente a la ley.
La Ley de Cambio Climático obliga desde enero de 2023 a 151 ciudades a contar con dichas áreas y solo las tiene una veintena. La institución considera “preocupante” la respuesta de varios ayuntamientos, como el de Valencia
El Defensor del Pueblo, que desde hace un año investigaba a las urbes que no han instalado todavía sus zonas de bajas emisiones (ZBE), ha emitido este jueves sus recomendaciones al respecto. La institución, cuyo titular es Ángel Gabilondo, considera “injustificados” los argumentos aportados por los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes que aún no han implantado sus áreas de tráfico restringido. Según la Ley de Cambio Climático y Transición Energética española, las 151 urbes españolas más pobladas deberían contar con una de estas áreas el 1 de enero de 2023. Por ahora, poco más de una veintena las tienen activas, la gran mayoría se encuentran en trámite, e incluso unas pocas se han declarado en rebeldía frente a la ley.
Las zonas de bajas emisiones son áreas, situadas normalmente en el centro de las ciudades, en las que se prohíbe la circulación o el aparcamiento de los vehículos más contaminantes para mejorar la calidad del aire y la salud de los ciudadanos. Durante la pasada legislatura, el Ministerio de Transportes repartió 1.500 millones de euros de los fondos europeos Next Generation a decenas de localidades para ayudar a su implantación y favorecer la movilidad sostenible. Sin embargo, muchas van muy retrasadas en sus planes. Además, algunos ayuntamientos de PP y Vox surgidos de las pasadas elecciones de mayo han declarado la guerra a estas áreas y han apostado por minimizarlas e incluso por dar marcha atrás.
Este jueves, la institución ha enviado 11 recomendaciones a 33 ayuntamientos e insta a todos aquellos municipios obligados a establecer las ZBE, cuyo objetivo es reducir las emisiones de CO₂ causantes del cambio climático y las emisiones de gases contaminantes perjudiciales para la salud, a hacerlo cuanto antes y a evitar más retrasos y dilaciones.
El Defensor del Pueblo solicitó información a 18 municipios que en noviembre de 2023 aún no habían iniciado la tramitación de la ZBE, tal y como había adelantado EL PAÍS: Aranjuez, Arganda del Rey, Arona, Barakaldo, Calviá, Cerdanyola del Vallés, Coslada, Ferrol, Granadilla de Abona, Mijas, Motril, Orihuela, El Puerto de Santa María, San Cristóbal de La Laguna, Sanlúcar de Barrameda, Telde, Tres Cantos y Valdemoro.
Asimismo, se dirigió a siete municipios que habían comenzado la tramitación de la ZBE pero cuya implementación iba con retraso: Alicante, Bilbao, Córdoba Málaga, Murcia, Palma de Mallorca y Las Palmas de Gran Canaria. La institución también requirió explicaciones a ocho municipios en los que se había ralentizado o suspendido la implantación de la ZBE: Badalona, Castellón, Elche, Gijón, Lorca, Majadahonda, Valencia y Valladolid.
El Defensor del Pueblo ha recibido los informes solicitados de todos los ayuntamientos con los que se iniciaron actuaciones en noviembre de 2023, salvo los de Arona, El Puerto de Santa María y Murcia, a pesar de estar obligados por ley a responder los requerimientos de la institución, que tiene la consideración constitucional de alto comisionado de las Cortes Generales.
Según la institución, las razones aportadas para justificar el retraso en la implantación de las ZBE son muy variadas. En síntesis, “los municipios alegan la falta de plazo suficiente para la aprobación de la ZBE, la complejidad técnica de su instalación, la asistencia de personal especializado para acometerla, o la falta de recursos financieros suficientes para llevarla a cabo”. Además, “algunos ayuntamientos argumentan que han apostado por la conveniencia de emprender otras actuaciones en materia de movilidad o contaminación, o han alegado el bajo nivel de contaminación existente en su municipio o la especial geografía urbana de la población”
Sin embargo, “ninguno de los argumentos ofrecidos por los ayuntamientos consultados justifica el retraso en el establecimiento de las ZBE, que resulta obligado de acuerdo con la Ley 7/2021, de Cambio Climático y Transición Energética, y para cuya implantación algunos ya han recibido ayuda económica”. De hecho, el departamento de Gabilondo considera “preocupantes” las respuestas de aquellos ayuntamientos como Valencia, Tres Cantos, Orihuela o Sanlúcar de Barrameda que no han incorporado un calendario de actuaciones para la instalación de la ZBE, ni tampoco la indicación de una fecha estimada para su entrada en funcionamiento.
En su opinión, “no resultan justificados otros argumentos planteados por algunos ayuntamientos como Arganda o Alicante sobre la no necesidad de ejecutar la ZBE por cumplir el municipio los objetivos de calidad del aire fijados normativamente o por considerar preferibles otras medidas movilidad sostenible. Hay que considerar que el objetivo de las ZBE no es solo combatir la contaminación, sino mitigar el cambio climático, y la exigencia legal no permite sustituirlas por otras medidas que persiguen el mismo fin”.
A partir de aquí, el Defensor elabora unas recomendaciones, la principal de las cuales es que los ayuntamientos que no hayan iniciado una ZBE la inicie y aprueben cuanto antes. A los que están en trámites, les exige que la pongan en funcionamiento “a la mayor brevedad”. En cuanto a las áreas, pide que “cumplan con los requerimientos procedimentales” y tengan “los estudios necesarios para evaluar su impacto ambiental, presupuestario, económico, social, de género, y de discapacidad”, sin que ello alargue los plazos.
En cuanto a sus características, pide que abarque una parte significativa del municipio y que afecte a una parte importante del tráfico, así como que incorpore restricciones a la entrada, circulación y estacionamiento de vehículos, en función de su distintivo ambiental, con las mínimas excepciones. Y que incluya “objetivos en materia de calidad del aire, cambio climático, impulso del cambio modal y eficiencia energética en el uso de los medios de transporte, y calidad acústica, de manera cuantificable”. Por último, reclama que aquellos ayuntamientos que ya cuenten con una ZBE en funcionamiento “modifiquen la misma en caso de no ajustarse a las recomendaciones” y “se abstengan de adoptar cualquier medida que suponga una regresión de la zona ya existente”.
Actuación de oficio
El Defensor abrió hace un año una actuación de oficio para investigar el retraso que se está produciendo en la implantación de las zonas de bajas emisiones (ZBE) en una treintena de ciudades. La institución que dirige Ángel Gabilondo requirió información a 33 ayuntamientos: siete que iban muy retrasados en sus proyectos, ocho que ya los tenían aprobados pero decidieron dar marcha atrás, y otros 18 que ni siquiera habían iniciado en ese momento.
Según el último recuento de EL PAÍS, a mediados de 2024 quedaban al menos 13 urbes que ni siquiera habían iniciado los trámites. Son casos como el de Arganda del Rey (Madrid, 60.000 habitantes), cuyo alcalde, Alberto Escribano (PP), explicó a EL PAÍS: “No vamos a implantar una zona de bajas emisiones”. Y ello pese a que el anterior Gobierno municipal ya tenía un estudio que demostró que era viable hacerlo. El Ministerio para la Transición Ecológica ha enviado este mismo año requerimientos de información a las 127 urbes y 11 islas que no cumplen todavía la Ley de Cambio Climático. Mientras, Transportes exigirá a los ayuntamientos tener ZBE en vigor en 2025 si quieren mantener las ayudas estatales al transporte público.
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