Los sindicatos UGT y CC OO salen a la calle hoy con un objetivo claro: calentar a sus menguantes afiliados con vistas a las elecciones generales del 29. El pretexto, la crisis de vivienda, que no logró moverles del asiento ni uno solo de estos ocho años de «sanchismo» en los que, implícitamente, reconocen que nada se hizo.
Después de 14 años sin convocar una huelga general conjunta y tras ocho años de silencio, los sindicatos de clase que no han sido capaces de protestar contra el Gobierno mientras los salarios de convenio perdían un 5,4% de poder adquisitivo entre 2021 y 2025, reclaman a dos semanas de los comicios soluciones para el acceso a la vivienda cuando disfrutan gratis de centenares de inmuebles públicos cuyo aprovechamiento permitiría habilitar, en el caso de los edificios completos de los que disponen, alrededor de 1.850 pisos asequibles, si se cuentan los escasos de la patronal, con un aprovechamiento del 75% y viviendas de 70 metros cuadrados, según las estimaciones del Instituto Juan de Mariana.
En total, según los datos del Ministerio de Trabajo, CC OO disfruta de 305 pisos y locales cedidos y UGT, de 200, muy por delante de USO (37), ELA (33) o CGT (13).
Solo los 68 edificios completos cedidos a sindicatos y, en menor medida, a la patronal suman 173.149 metros cuadrados.
Tres de cada cuatro de ellos los ocupan UGT (32) y CC OO (20). Así, de esos 52 edificios se podrían sacar unas 1.415 viviendas para ponerlas a disposición de los ciudadanos.
Otra ventaja de la que disfrutan respecto a ese patrimonio inmobiliario es que es el Estado, no las centrales, quien paga su IBI: casi 1,6 millones de euros al año.
Aunque Trabajo no publica una valoración de este patrimonio, si se toma el precio medio de la vivienda libre en España en el primer trimestre de 2026, 2.316 euros por metro cuadrado, esos 68 edificios valdrían unos 400 millones de euros. Incluso con un descuento del 40% por antigüedad y uso, su valor superaría los 240 millones.
El Estado no solo los cede gratis: en noviembre de 2021, el Gobierno de Pedro Sánchez autorizó un gasto de 98,2 millones de euros con cargo al Plan de Recuperación para la rehabilitación energética de 42 edificios del patrimonio sindical acumulado, con nuevas carpinterías, climatización e iluminación.
Los fondos europeos han pagado la reforma de las sedes de las mismas centrales que hoy convocan una huelga general, entre otras cosas, por la vivienda.
Y no es la única contradicción que rodea a una convocatoria que llega en un momento de extraordinaria dependencia económica de ambas centrales respecto al dinero de los contribuyentes.
Díaz: un 260% más de ayudas
Según los datos recopilados, las dos mayores centrales de clase y sus organizaciones vinculadas recibieron 106,1 millones de euros en subvenciones durante 2025.
Desde 2022, las concesiones acumuladas ascienden a 511,6 millones, el 86% del total destinado a organizaciones sindicales: 297,1 millones para el entorno de UGT y 214,5 millones para el de CC OO. Más de 200 organizaciones sindicales tuvieron que repartirse las migajas, el 14% restante.
La dependencia no ha dejado de crecer con Yolanda Díaz al frente del Ministerio de Trabajo. La subvención de su departamento distribuida en función de la representatividad sindical pasó de 8,9 millones anuales entre 2016 y 2020 a 32 millones en 2025 y 2026. Un incremento del 260%.
Solo en 2025, CC OO recibió 12,2 millones por esta vía y UGT, otros 11,4. Las centrales perciben actualmente un 70% más que durante la etapa de Mariano Rajoy.
El conjunto de las subvenciones representa ya el 35% de los ingresos de la confederación de CC OO y el 43% de los de UGT. Es decir, una parte sustancial de su sostenimiento depende de las mismas Administraciones frente a las que, al menos en teoría, deberían ejercer su labor reivindicativa.
Además, UGT recibió 20,4 millones para formación digital mediante concesiones directas sin concurrencia competitiva. En enero de 2024, el Supremo anuló el real decreto que articulaba una concesión de 30,6 millones de fondos europeos a UGT y dos organizaciones empresariales al no apreciar circunstancias excepcionales que justificasen prescindir de la convocatoria pública. El Constitucional avaló en abril de 2026 una subvención equivalente de 2020, aunque un voto particular cuestionó que se premiase la disposición a colaborar con el Gobierno.
Pero el coste público de estas organizaciones no termina en las subvenciones y los inmuebles. Porque las horas sindicales hay que pagarlas. Los 320.882 delegados existentes en España equivalen al trabajo de unos 44.000 empleados a tiempo completo. Con un crédito medio de 20 horas mensuales y un coste laboral de 24,88 euros por hora efectiva, el desembolso para empresas y Administraciones rondaría los 1.900 millones anuales. Alrededor de 1.300 millones corresponderían a representantes de UGT y CC OO.
Solo 1 de 10 está sindicado
La dimensión de esta financiación contrasta con la representatividad real de las centrales. Según los datos de la OCDE y AIAS, solo el 12,5% de los asalariados españoles estaba afiliado a un sindicato en 2023. Apenas uno de cada diez trabajadores, mientras las dos grandes organizaciones concentran la mayor parte de las ayudas públicas. La representación institucional, por tanto, está muy por encima de su implantación por afiliación. Aun así, ambas centrales reclaman una financiación estatal más estable y blindada.
Cabe recordar que CC OO y UGT acordaron la huelga el 5 de octubre, el mismo día en que Sánchez anunció el adelanto de las generales y que este paro llega a dos días del arranque oficial de la campaña.
Y es que los sindicatos de clase no han encontrado motivos hasta ahora para protestar contra Pedro Sánchez y su coalición de partidos de derecha ultramontana separatista, republicanos y comunistas a pesar de que el contexto laboral español ofrece motivos de sobra para una movilización.
España ocupa el último puesto de la UE en el Índice de Flexibilidad Laboral: 1,9 puntos sobre diez, frente a una media europea de 5,2. El país cerró 2025 con una tasa de paro del 10,5%, frente al 6% de la UE, a pesar de los cerca de 800.000 desempleados ocultos por la reforma laboral de Yolanda Díaz, el gran apoyo de Sordo y Álvarez.
CC OO disfruta de 305 pisos y locales, y UGT de 200, muchos rehabilitados con fondos europeos. Los sindicatos han recibido 512 millones en ayudas desde 2022
Los sindicatos UGT y CC OO salen a la calle hoy con un objetivo claro: calentar a sus menguantes afiliados con vistas a las elecciones generales del 29. El pretexto, la crisis de vivienda, que no logró moverles del asiento ni uno solo de estos ocho años de «sanchismo» en los que, implícitamente, reconocen que nada se hizo.
Después de 14 años sin convocar una huelga general conjunta y tras ocho años de silencio, los sindicatos de clase que no han sido capaces de protestar contra el Gobierno mientras los salarios de convenio perdían un 5,4% de poder adquisitivo entre 2021 y 2025, reclaman a dos semanas de los comicios soluciones para el acceso a la vivienda cuando disfrutan gratis de centenares de inmuebles públicos cuyo aprovechamiento permitiría habilitar, en el caso de los edificios completos de los que disponen, alrededor de 1.850 pisos asequibles, si se cuentan los escasos de la patronal, con un aprovechamiento del 75% y viviendas de 70 metros cuadrados, según las estimaciones del Instituto Juan de Mariana.
En total, según los datos del Ministerio de Trabajo, CC OO disfruta de 305 pisos y locales cedidos y UGT, de 200, muy por delante de USO (37), ELA (33) o CGT (13).
Solo los 68 edificios completos cedidos a sindicatos y, en menor medida, a la patronal suman 173.149 metros cuadrados.
Tres de cada cuatro de ellos los ocupan UGT (32) y CC OO (20). Así, de esos 52 edificios se podrían sacar unas 1.415 viviendas para ponerlas a disposición de los ciudadanos.
Otra ventaja de la que disfrutan respecto a ese patrimonio inmobiliario es que es el Estado, no las centrales, quien paga su IBI: casi 1,6 millones de euros al año.
Aunque Trabajo no publica una valoración de este patrimonio, si se toma el precio medio de la vivienda libre en España en el primer trimestre de 2026, 2.316 euros por metro cuadrado, esos 68 edificios valdrían unos 400 millones de euros. Incluso con un descuento del 40% por antigüedad y uso, su valor superaría los 240 millones.
El Estado no solo los cede gratis: en noviembre de 2021, el Gobierno de Pedro Sánchez autorizó un gasto de 98,2 millones de euros con cargo al Plan de Recuperación para la rehabilitación energética de 42 edificios del patrimonio sindical acumulado, con nuevas carpinterías, climatización e iluminación.
Los fondos europeos han pagado la reforma de las sedes de las mismas centrales que hoy convocan una huelga general, entre otras cosas, por la vivienda.
Y no es la única contradicción que rodea a una convocatoria que llega en un momento de extraordinaria dependencia económica de ambas centrales respecto al dinero de los contribuyentes.
Díaz: un 260% más de ayudas
Según los datos recopilados, las dos mayores centrales de clase y sus organizaciones vinculadas recibieron 106,1 millones de euros en subvenciones durante 2025.
Desde 2022, las concesiones acumuladas ascienden a 511,6 millones, el 86% del total destinado a organizaciones sindicales: 297,1 millones para el entorno de UGT y 214,5 millones para el de CC OO. Más de 200 organizaciones sindicales tuvieron que repartirse las migajas, el 14% restante.
La dependencia no ha dejado de crecer con Yolanda Díaz al frente del Ministerio de Trabajo. La subvención de su departamento distribuida en función de la representatividad sindical pasó de 8,9 millones anuales entre 2016 y 2020 a 32 millones en 2025 y 2026. Un incremento del 260%.
Solo en 2025, CC OO recibió 12,2 millones por esta vía y UGT, otros 11,4. Las centrales perciben actualmente un 70% más que durante la etapa de Mariano Rajoy.
El conjunto de las subvenciones representa ya el 35% de los ingresos de la confederación de CC OO y el 43% de los de UGT. Es decir, una parte sustancial de su sostenimiento depende de las mismas Administraciones frente a las que, al menos en teoría, deberían ejercer su labor reivindicativa.
Además, UGT recibió 20,4 millones para formación digital mediante concesiones directas sin concurrencia competitiva. En enero de 2024, el Supremo anuló el real decreto que articulaba una concesión de 30,6 millones de fondos europeos a UGT y dos organizaciones empresariales al no apreciar circunstancias excepcionales que justificasen prescindir de la convocatoria pública. El Constitucional avaló en abril de 2026 una subvención equivalente de 2020, aunque un voto particular cuestionó que se premiase la disposición a colaborar con el Gobierno.
Pero el coste público de estas organizaciones no termina en las subvenciones y los inmuebles. Porque las horas sindicales hay que pagarlas. Los 320.882 delegados existentes en España equivalen al trabajo de unos 44.000 empleados a tiempo completo. Con un crédito medio de 20 horas mensuales y un coste laboral de 24,88 euros por hora efectiva, el desembolso para empresas y Administraciones rondaría los 1.900 millones anuales. Alrededor de 1.300 millones corresponderían a representantes de UGT y CC OO.
Solo 1 de 10 está sindicado
La dimensión de esta financiación contrasta con la representatividad real de las centrales. Según los datos de la OCDE y AIAS, solo el 12,5% de los asalariados españoles estaba afiliado a un sindicato en 2023. Apenas uno de cada diez trabajadores, mientras las dos grandes organizaciones concentran la mayor parte de las ayudas públicas. La representación institucional, por tanto, está muy por encima de su implantación por afiliación. Aun así, ambas centrales reclaman una financiación estatal más estable y blindada.
Cabe recordar que CC OO y UGT acordaron la huelga el 5 de octubre, el mismo día en que Sánchez anunció el adelanto de las generales y que este paro llega a dos días del arranque oficial de la campaña.
Y es que los sindicatos de clase no han encontrado motivos hasta ahora para protestar contra Pedro Sánchez y su coalición de partidos de derecha ultramontana separatista, republicanos y comunistas a pesar de que el contexto laboral español ofrece motivos de sobra para una movilización.
España ocupa el último puesto de la UE en el Índice de Flexibilidad Laboral: 1,9 puntos sobre diez, frente a una media europea de 5,2. El país cerró 2025 con una tasa de paro del 10,5%, frente al 6% de la UE, a pesar de los cerca de 800.000 desempleados ocultos por la reforma laboral de Yolanda Díaz, el gran apoyo de Sordo y Álvarez.
Noticias de Economía Nacional e Internacional en La Razón
