Henry Louis Mencken (1880-1956), también conocido como «El sabio de Baltimore», fue un ensayista, editor, crítico literario y satírico estadounidense. Siempre provocador, escribió que «para cada problema complejo existe una solución conocida, clara, plausible y equivocada». El Gobierno de Pedro Sánchez aplicó ayer esa doctrina al pie de la letra, aunque existen dudas razonables de que alguno de sus miembros conozca al autor norteamericano, con el que también coincide en algo de antisemitismo. Maricarmen Abascal, que ahora puede volver a su piso en una de las mejores zonas de Madrid por un alquiler que querría cualquiera, es posible que pase a la historia del sector de la vivienda español. Muy en caliente, el Consejo de Ministros aprobó ayer dos reales decretos ley que no solo no supondrán soluciones para el problema de la vivienda en España —la primera preocupación de los ciudadanos según el CIS del inefable Tezanos— sino que lo agravarán. Cada vez habrá menos alquileres y más caros, más inasequibles. Aquellos que ahora mismo viven de alquiler en el territorio español, es cierto, están más protegidos, pero también condenados a que en el futuro no puedan acceder a una vivienda mejor o en otro lugar.
Los reales decretos aprobados en un Consejo de Ministros retrasado por el teatro —para llamar la atención— previo de los ministros de Sumar, con Yolanda Díaz a la cabeza, dictan prórroga extraordinaria y obligatoria de dos años para los contratos de alquiler vigentes, prohibición de desahucios —en teoría para vulnerables— hasta 2030, de momento, y abren la puerta a una renovación automática de los contratos, es decir, a las prórrogas indefinidas. Sánchez y los suyos no han inventado nada. Todo empezó en 1920, con el denominado decreto Bugallal, por el ministro de Gracia y Justicia Gabino Bugallal (1861-1932), que fijaba «prórrogas de los contratos de arrendamiento en vigor, y reducción de los precios del alquiler cuando aparecieran fijados por un excesivo afán de lucro y no por justicia del cálculo económico, ordenado y prudente». El Gobierno de la época, que presidía Eduardo Dato (1856-1921), «no consideraba que con este real decreto se iba a solucionar el problema porque la causa principal era la escasez de viviendas. Solamente fomentando su construcción por los grandes medios de la iniciativa privada y con las ayudas públicas y colectividades oficiales podía resolverse», según explican Jordi González Guzmán e Irene Sabaté Muriel, en su informe «Cien años de lucha por la bajada de los alquileres: el decreto de 1920», publicado en el centenario de un decreto que tenía prevista una duración de 18 meses, pero que nunca dejó de estar en vigor. Es decir, se apostaba por el protagonismo de las constructoras, siendo este aspecto el menos «progresista» que hemos encontrado. El decreto tenía prevista una duración de 18 meses, pero nunca dejó de estar en vigor. Fue apuntalado por las leyes franquistas, sobre todo por la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, que imponía la congelación de las llamadas rentas antiguas y obligaba la prórroga indefinida de los contratos. Yolanda Díaz quizá no quiera saberlo y las lideresas del «sindicato de inquilinas», Alicia del Río, Valeria Racu o la abogada Alejandra Jacinto, tampoco, pero lo que defienden es una medida franquista. Dicen representar el sentir popular. Quizá, pero, por ejemplo, Jacinto encabezó la candidatura de Podemos-IU-Alianza Verde a la Asamblea de Madrid en las elecciones autonómicas de 2023 y ni tan siquiera consiguió un solo escaño.
Los reales decretos, que deberán ser convalidados en el Congreso —y todavía no está claro— encajan en lo que el catedrático de la Universidad Pompeu Fabra Benito Arruñada llama «la paradoja de la protección contractual, porque proteger al débil de hoy excluye al débil de mañana». Los propietarios, sean particular o fondos, ante la imposibilidad de desahucios y la facilidad de los inquilinos para no pagar, cada vez alquilarán menos o lo harán en condiciones leoninas, solo al alcance de unos muy pocos privilegiados. Por supuesto, habrá menos viviendas para arrendar y a precios mucho más caros.
El Gobierno, además, ha decidido innovar como presume la ministra de vivienda, Isabel Rodríguez, aunque es dudoso que conozca las repercusiones de lo que dice, al crear la figura «fantasmal» de la «pyme buitre». Es la manera de arremeter contra una empresa, como la propietaria del piso donde vivía Maricarmen, que posee una única vivienda en alquiler. La ministra, por supuesto, quizá nunca ha sabido —ni ha querido saberlo— quiénes son los fondos buitre o no buitre, que son en su mayoría millones de pequeños ahorradores, aunque los puedan dirigir ejecutivos más o menos escrupulosos.
La crisis de la vivienda a raíz del caso Maricarmen, ha vuelto a ser aprovechada con habilidad por Pedro Sánchez, a quien la situación de los inquilinos no le importa lo más mínimo, como lo demuestra que actúa —y para la galería— casi ocho años después de llegar al Gobierno. Para la extrema izquierda, ya sea de Yolanda Díaz o de Irene Montero/Ione Belarra, a quienes tampoco les quitan el sueño los inquilinos en apuros, es la penúltima opción que tienen para recuperar resuello electoral y reavivar sus pulsiones neocomunistas, fracasadas en todas partes. Es su versión siglo XXI digital de la lucha de clases que persigue demonizar y acabar con la propiedad, sobre todo con la ajena. No han calculado, sin embargo, que en ese juego, Sánchez es más hábil, que la vivienda le permite poner sordina a la crisis de Ceuta y también a la inflación galopante, que ya campa en el 4,9%, de las más altas de Europa en la economía que más crece, pero en la que los precios se comen esas ganancias. Francisco Cabrillo, catedrático emérito de Economía de la Complutense, lo explicaba en Expansión de forma lapidaria: «Si no hubiera desahucios no habría alquileres», pero el Gobierno insiste en aplicar para la vivienda soluciones «conocidas, claras, plausibles y equivocadas» al estilo Mencken.
Las medidas aprobadas por el Gobierno complican el problema: habrá menos arrendamientos y más caros
Henry Louis Mencken (1880-1956), también conocido como «El sabio de Baltimore», fue un ensayista, editor, crítico literario y satírico estadounidense. Siempre provocador, escribió que «para cada problema complejo existe una solución conocida, clara, plausible y equivocada». El Gobierno de Pedro Sánchez aplicó ayer esa doctrina al pie de la letra, aunque existen dudas razonables de que alguno de sus miembros conozca al autor norteamericano, con el que también coincide en algo de antisemitismo. Maricarmen Abascal, que ahora puede volver a su piso en una de las mejores zonas de Madrid por un alquiler que querría cualquiera, es posible que pase a la historia del sector de la vivienda español. Muy en caliente, el Consejo de Ministros aprobó ayer dos reales decretos ley que no solo no supondrán soluciones para el problema de la vivienda en España —la primera preocupación de los ciudadanos según el CIS del inefable Tezanos— sino que lo agravarán. Cada vez habrá menos alquileres y más caros, más inasequibles. Aquellos que ahora mismo viven de alquiler en el territorio español, es cierto, están más protegidos, pero también condenados a que en el futuro no puedan acceder a una vivienda mejor o en otro lugar.
Los reales decretos aprobados en un Consejo de Ministros retrasado por el teatro —para llamar la atención— previo de los ministros de Sumar, con Yolanda Díaz a la cabeza, dictan prórroga extraordinaria y obligatoria de dos años para los contratos de alquiler vigentes, prohibición de desahucios —en teoría para vulnerables— hasta 2030, de momento, y abren la puerta a una renovación automática de los contratos, es decir, a las prórrogas indefinidas. Sánchez y los suyos no han inventado nada. Todo empezó en 1920, con el denominado decreto Bugallal, por el ministro de Gracia y Justicia Gabino Bugallal (1861-1932), que fijaba «prórrogas de los contratos de arrendamiento en vigor, y reducción de los precios del alquiler cuando aparecieran fijados por un excesivo afán de lucro y no por justicia del cálculo económico, ordenado y prudente». El Gobierno de la época, que presidía Eduardo Dato (1856-1921), «no consideraba que con este real decreto se iba a solucionar el problema porque la causa principal era la escasez de viviendas. Solamente fomentando su construcción por los grandes medios de la iniciativa privada y con las ayudas públicas y colectividades oficiales podía resolverse», según explican Jordi González Guzmán e Irene Sabaté Muriel, en su informe «Cien años de lucha por la bajada de los alquileres: el decreto de 1920», publicado en el centenario de un decreto que tenía prevista una duración de 18 meses, pero que nunca dejó de estar en vigor. Es decir, se apostaba por el protagonismo de las constructoras, siendo este aspecto el menos «progresista» que hemos encontrado. El decreto tenía prevista una duración de 18 meses, pero nunca dejó de estar en vigor. Fue apuntalado por las leyes franquistas, sobre todo por la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, que imponía la congelación de las llamadas rentas antiguas y obligaba la prórroga indefinida de los contratos. Yolanda Díaz quizá no quiera saberlo y las lideresas del «sindicato de inquilinas», Alicia del Río, Valeria Racu o la abogada Alejandra Jacinto, tampoco, pero lo que defienden es una medida franquista. Dicen representar el sentir popular. Quizá, pero, por ejemplo, Jacinto encabezó la candidatura de Podemos-IU-Alianza Verde a la Asamblea de Madrid en las elecciones autonómicas de 2023 y ni tan siquiera consiguió un solo escaño.
Los reales decretos, que deberán ser convalidados en el Congreso —y todavía no está claro— encajan en lo que el catedrático de la Universidad Pompeu Fabra Benito Arruñada llama «la paradoja de la protección contractual, porque proteger al débil de hoy excluye al débil de mañana». Los propietarios, sean particular o fondos, ante la imposibilidad de desahucios y la facilidad de los inquilinos para no pagar, cada vez alquilarán menos o lo harán en condiciones leoninas, solo al alcance de unos muy pocos privilegiados. Por supuesto, habrá menos viviendas para arrendar y a precios mucho más caros.
El Gobierno, además, ha decidido innovar como presume la ministra de vivienda, Isabel Rodríguez, aunque es dudoso que conozca las repercusiones de lo que dice, al crear la figura «fantasmal» de la «pyme buitre». Es la manera de arremeter contra una empresa, como la propietaria del piso donde vivía Maricarmen, que posee una única vivienda en alquiler. La ministra, por supuesto, quizá nunca ha sabido —ni ha querido saberlo— quiénes son los fondos buitre o no buitre, que son en su mayoría millones de pequeños ahorradores, aunque los puedan dirigir ejecutivos más o menos escrupulosos.
La crisis de la vivienda a raíz del caso Maricarmen, ha vuelto a ser aprovechada con habilidad por Pedro Sánchez, a quien la situación de los inquilinos no le importa lo más mínimo, como lo demuestra que actúa —y para la galería— casi ocho años después de llegar al Gobierno. Para la extrema izquierda, ya sea de Yolanda Díaz o de Irene Montero/Ione Belarra, a quienes tampoco les quitan el sueño los inquilinos en apuros, es la penúltima opción que tienen para recuperar resuello electoral y reavivar sus pulsiones neocomunistas, fracasadas en todas partes. Es su versión siglo XXI digital de la lucha de clases que persigue demonizar y acabar con la propiedad, sobre todo con la ajena. No han calculado, sin embargo, que en ese juego, Sánchez es más hábil, que la vivienda le permite poner sordina a la crisis de Ceuta y también a la inflación galopante, que ya campa en el 4,9%, de las más altas de Europa en la economía que más crece, pero en la que los precios se comen esas ganancias. Francisco Cabrillo, catedrático emérito de Economía de la Complutense, lo explicaba en Expansión de forma lapidaria: «Si no hubiera desahucios no habría alquileres», pero el Gobierno insiste en aplicar para la vivienda soluciones «conocidas, claras, plausibles y equivocadas» al estilo Mencken.
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