Los acreedores internacionales afectados por los recortes retroactivos a las primas de las
energías renovables aprobados por el Gobierno de España han puesto la diana en la participación de España en el Mundial de fútbol que arranca el próximo 11 de junio en el estadio Azteca de Ciudad de México.
«Cualquier tipo de operación que realice España en el marco de su participación en el Mundial será seguida y susceptible de posible embargo«, indican fuentes próximas a los litigantes, consultadas por LA RAZÓN.
«Cualquier operación de España en el Mundial será susceptible de embargo»
Las nuevas resoluciones favorables en distintas jurisdicciones estadounidenses han rearmado la estrategia legal de los fondos afectados, que ha
entrado ahora en una nueva fase. Los acreedores tienen vía libre para pasar a la ofensiva en Estados Unidos, donde el registro de hasta siete laudos y el reconocimiento de los
mismos como sentencias plenamente ejecutables abre la puerta a mecanismos procesales
destinados a identificar, localizar y embargar, llegado el caso, activos del Estado español.
«Vamos a vigilar al centímetro toda la operativa (en el Mundial) porque son ya siete sentencias pendientes de pago», advierten las mismas fuentes.
España comenzará su participación en la Copa del Mundo que organizan las tres naciones norteamericanas (México, Estados Unidos y Canadá) el 15 de junio. Se da la circunstancia de que los dos primeros encuentros de la Selección en la fase de grupos -contra Cabo Verde y Arabia Saudí- se celebraran en Estados Unidos, en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta (Georgia).
Para esa primera fase, España se concentrará en la ciudad estadounidense de Chattanooga, en Tennessee. Sede del condado de Hamilton, se trata de una localidad tranquila que cuenta con una población de apenas 190.000 habitantes y se sitúa junto al río Tennessee y la mítica montaña Lookout.
El equipo de Luis de la Fuente se alojará en el Embassy Suites by Hilton Chattanooga Downtown y como centro de entrenamiento se utilizarán las instalaciones de Baylor School. Unas instalaciones de alto rendimiento deportivo, catalogadas entre las mejores de Estados Unidos.
El resto de la participación de España -que jugará el tercer partido contra Uruguay en Guadalajara, capital del estado mexicano de Jalisco, dependerá de la posición que alcance, aunque las posibilidades de que siga jugando en Estados Unidos son enormes, ya que esta sede acogerá la inmensa mayoría de los encuentros.
De hecho, si España queda primera de su grupo jugará en Los Ángeles y en Miami, si queda segunda. Si queda tercera del grupo H las opciones están más abiertas.
De pasar como primero o segundo de grupo y superar los dieciseisavos, la Selección jugaría los octavos en Atlanta o Dallas. Kansas City y, de nuevo Los Ángeles, serían las siguientes en caso de llegar a cuartos de final. Las semifinales se celebrarán en Dallas y Atlanta. Y la final se celebrará el 19 de julio en el Estadio Nueva York-Nueva Jersey.
Con estas perspectivas, en la que la Selección jugaría casi todos los partidos en Estados Unidos, las posibilidades de que la amenaza de los acreedores renovables se cumpla se incrementan.
España acumula siete casos en los que las empresas demandantes han obtenido
resoluciones favorables en Estados Unidos: 9REN (44 millones de euros), Cube (40,2 millones), Watkins (79,5
millones), Infrastructure Services/Antin (125,1 millones), RREEF (74 millones), InfraRed
(35 millones), NextEra (290,6 millones).
En total, la deuda con estas compañías asciende a
688,4 millones, una cuantía que crece conforme se acumulan los intereses de demora.
Todos estos
litigios fueron dirimidos por el Tribunal Federal del Distrito de Columbia.
Tras hacer valer su criterio ante la justicia, los acreedores están ya en condiciones de
comunicar que han solicitado autorización judicial para registrar los laudos en otros distritos
federales adicionales, entre ellos el Distrito Sur de Nueva York, donde se considera que
podrían existir activos susceptibles de embargo.
El objetivo es facilitar las medidas de
ejecución destinadas a compensar a las compañías que siguen soportando pérdidas, como
consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones por parte de España.
En el marco de esta nueva fase se han iniciado procedimientos formales de descubrimiento
de activos (discovery orders) y se han emitido requerimientos judiciales (subpoenas) dirigidos a
diversas entidades privadas que prestan servicios al Reino de España, así como a organismos
públicos vinculados al Estado.
Estas actuaciones buscan identificar relaciones contractuales, flujos de pago, cuentas bancarias y otros activos que se encuentren en la jurisdicción estadounidense susceptibles de ser embargados.
Los acreedores avisan de que los requerimientos se han dirigido no solo a instituciones financieras, empresas
participadas por el Estado español, entes públicos del Reino con implantación en Estados
Unidos o incluso sociedades involucradas en la participación en el Mundial.
Las diligencias buscan localizar si existen derechos del Estado español localizados en Estados Unidos que puedan ser objeto de ejecución, unas medidas habituales en procedimientos de ejecución internacional cuando un deudor
continúa ignorando un laudo arbitral que ya ha sido reconocido por tribunales competentes.
La deuda supera los 2.302 millones de euros
A mediados de marzo de 2026, la deuda acumulada del Reino de España con sus
acreedores por todo el mundo superaba ya los 2.302 millones de euros, de los cuales 1.754,7 millones corresponden
a indemnizaciones pendientes de pago y 538,3 millones a sobrecostes judiciales y financieros
asociados a los procedimientos de ejecución.
Ante esta situación, las iniciativas de ejecución se suceden por todos los continentes, desde Europa hasta Asia-Pacífico. En
Bélgica, los tribunales han autorizado varios procedimientos de embargo relacionados con el
impago del laudo en el caso OperaFund, lo que ha provocado el bloqueo de 482 millones de
euros en flujos de pago que el organismo europeo de navegación aérea Eurocontrol debía
transferir a Enaire, su homólogo español.
Por su parte, el Supremo británico emitió hace unas semanas una dura sentencia que rechaza
los últimos argumentos presentados por España y zanja de una vez la disputa del caso
Infrastructure Services (101 millones de euros de indemnización pendiente, a los que se
deben sumar casi 27 millones en concepto de intereses de demora).
Es importante recalcar que, tras la publicación de la sentencia, la
magistratura británica ha fijado un tipo de interés del 8% para el cálculo de los intereses de
demora que se puedan acumular en caso de que persistan los impagos.
Esto puede suponer un sobrecoste anual de 150 millones de euros, si España no logra bloquear las ejecuciones o llega a un acuerdo con los acreedores.
En Asia, el Tribunal Superior de Singapur registró el pasado mes de febrero el laudo
correspondiente al caso NextEra, reconociendo formalmente una deuda de 290 millones de
euros de España con la compañía estadounidense.
Asimismo, en agosto de 2025 el Tribunal Federal de Australia ordenó la ejecución de cuatro
laudos —RREEF, 9REN, Watkins y NextEra— por un valor conjunto de 469 millones de
euros.
Los fondos que litigan contra España por los recortes han recibido luz verde al embargo de bienes en Estados Unidos. En la diana, desde el autobús de la Federación al catering o cualquier tipo de pago o activo necesario para la participación en la Copa del Mundo: «Vamos a vigilar al centímetro»
Los acreedores internacionales afectados por los recortes retroactivos a las primas de las energías renovables aprobados por el Gobierno de España han puesto la diana en la participación de España en el Mundial de fútbol que arranca el próximo 11 de junio en el estadio Azteca de Ciudad de México.
«Cualquier tipo de operación que realice España en el marco de su participación en el Mundial será seguida y susceptible de posible embargo«, indican fuentes próximas a los litigantes, consultadas por LA RAZÓN.
«Cualquier operación de España en el Mundial será susceptible de embargo»
Las nuevas resoluciones favorables en distintas jurisdicciones estadounidenses han rearmado la estrategia legal de los fondos afectados, que ha entrado ahora en una nueva fase. Los acreedores tienen vía libre para pasar a la ofensiva en Estados Unidos, donde el registro de hasta siete laudos y el reconocimiento de los mismos como sentencias plenamente ejecutables abre la puerta a mecanismos procesales destinados a identificar, localizar y embargar, llegado el caso, activos del Estado español.
«Vamos a vigilar al centímetro toda la operativa (en el Mundial) porque son ya siete sentencias pendientes de pago», advierten las mismas fuentes.
España comenzará su participación en la Copa del Mundo que organizan las tres naciones norteamericanas (México, Estados Unidos y Canadá) el 15 de junio. Se da la circunstancia de que los dos primeros encuentros de la Selección en la fase de grupos -contra Cabo Verde y Arabia Saudí- se celebraran en Estados Unidos, en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta (Georgia).
Para esa primera fase, España se concentrará en la ciudad estadounidense de Chattanooga, en Tennessee. Sede del condado de Hamilton, se trata de una localidad tranquila que cuenta con una población de apenas 190.000 habitantes y se sitúa junto al río Tennessee y la mítica montaña Lookout.
El equipo de Luis de la Fuente se alojará en el Embassy Suites by Hilton Chattanooga Downtown y como centro de entrenamiento se utilizarán las instalaciones de Baylor School. Unas instalaciones de alto rendimiento deportivo, catalogadas entre las mejores de Estados Unidos.
El resto de la participación de España -que jugará el tercer partido contra Uruguay en Guadalajara, capital del estado mexicano de Jalisco, dependerá de la posición que alcance, aunque las posibilidades de que siga jugando en Estados Unidos son enormes, ya que esta sede acogerá la inmensa mayoría de los encuentros.
De hecho, si España queda primera de su grupo jugará en Los Ángeles y en Miami, si queda segunda. Si queda tercera del grupo H las opciones están más abiertas.
De pasar como primero o segundo de grupo y superar los dieciseisavos, la Selección jugaría los octavos en Atlanta o Dallas. Kansas City y, de nuevo Los Ángeles, serían las siguientes en caso de llegar a cuartos de final. Las semifinales se celebrarán en Dallas y Atlanta. Y la final se celebrará el 19 de julio en el Estadio Nueva York-Nueva Jersey.
Con estas perspectivas, en la que la Selección jugaría casi todos los partidos en Estados Unidos, las posibilidades de que la amenaza de los acreedores renovables se cumpla se incrementan.
España acumula siete casos en los que las empresas demandantes han obtenido resoluciones favorables en Estados Unidos: 9REN (44 millones de euros), Cube (40,2 millones), Watkins (79,5 millones), Infrastructure Services/Antin (125,1 millones), RREEF (74 millones), InfraRed (35 millones), NextEra (290,6 millones).
En total, la deuda con estas compañías asciende a 688,4 millones, una cuantía que crece conforme se acumulan los intereses de demora.
Todos estos litigios fueron dirimidos por el Tribunal Federal del Distrito de Columbia. Tras hacer valer su criterio ante la justicia, los acreedores están ya en condiciones de comunicar que han solicitado autorización judicial para registrar los laudos en otros distritos federales adicionales, entre ellos el Distrito Sur de Nueva York, donde se considera que podrían existir activos susceptibles de embargo.
El objetivo es facilitar las medidas de ejecución destinadas a compensar a las compañías que siguen soportando pérdidas, como consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones por parte de España.
En el marco de esta nueva fase se han iniciado procedimientos formales de descubrimiento de activos (discovery orders) y se han emitido requerimientos judiciales (subpoenas) dirigidos a diversas entidades privadas que prestan servicios al Reino de España, así como a organismos públicos vinculados al Estado. Estas actuaciones buscan identificar relaciones contractuales, flujos de pago, cuentas bancarias y otros activos que se encuentren en la jurisdicción estadounidense susceptibles de ser embargados.
Los acreedores avisan de que los requerimientos se han dirigido no solo a instituciones financieras, empresas participadas por el Estado español, entes públicos del Reino con implantación en Estados Unidos o incluso sociedades involucradas en la participación en el Mundial.
Las diligencias buscan localizar si existen derechos del Estado español localizados en Estados Unidos que puedan ser objeto de ejecución, unas medidas habituales en procedimientos de ejecución internacional cuando un deudor continúa ignorando un laudo arbitral que ya ha sido reconocido por tribunales competentes.
La deuda supera los 2.302 millones de euros
A mediados de marzo de 2026, la deuda acumulada del Reino de España con sus acreedores por todo el mundo superaba ya los 2.302 millones de euros, de los cuales 1.754,7 millones corresponden a indemnizaciones pendientes de pago y 538,3 millones a sobrecostes judiciales y financieros asociados a los procedimientos de ejecución.
Ante esta situación, las iniciativas de ejecución se suceden por todos los continentes, desde Europa hasta Asia-Pacífico. En Bélgica, los tribunales han autorizado varios procedimientos de embargo relacionados con el impago del laudo en el caso OperaFund, lo que ha provocado el bloqueo de 482 millones de euros en flujos de pago que el organismo europeo de navegación aérea Eurocontrol debía transferir a Enaire, su homólogo español.
Por su parte, el Supremo británico emitió hace unas semanas una dura sentencia que rechaza los últimos argumentos presentados por España y zanja de una vez la disputa del caso Infrastructure Services (101 millones de euros de indemnización pendiente, a los que se deben sumar casi 27 millones en concepto de intereses de demora). Es importante recalcar que, tras la publicación de la sentencia, la magistratura británica ha fijado un tipo de interés del 8% para el cálculo de los intereses de demora que se puedan acumular en caso de que persistan los impagos.
Esto puede suponer un sobrecoste anual de 150 millones de euros, si España no logra bloquear las ejecuciones o llega a un acuerdo con los acreedores.
En Asia, el Tribunal Superior de Singapur registró el pasado mes de febrero el laudo correspondiente al caso NextEra, reconociendo formalmente una deuda de 290 millones de euros de España con la compañía estadounidense.
Asimismo, en agosto de 2025 el Tribunal Federal de Australia ordenó la ejecución de cuatro laudos —RREEF, 9REN, Watkins y NextEra— por un valor conjunto de 469 millones de euros.
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