Cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció su plan legislativo para «garantizar un entorno digital seguro», gran parte de la atención se la llevó su propuesta de prohibir las redes sociales entre los menores de 16 años. Esta drástica medida se suma a la creciente preocupación social por el impacto en la salud mental —tanto de jóvenes como adultos— de espacios quirúrgicamente diseñados para enganchar a los usuarios, maximizar su participación y recopilar más datos personales, la base de su negocio. Cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció su plan legislativo para «garantizar un entorno digital seguro», gran parte de la atención se la llevó su propuesta de prohibir las redes sociales entre los menores de 16 años. Esta drástica medida se suma a la creciente preocupación social por el impacto en la salud mental —tanto de jóvenes como adultos— de espacios quirúrgicamente diseñados para enganchar a los usuarios, maximizar su participación y recopilar más datos personales, la base de su negocio.
Cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció su plan legislativo para «garantizar un entorno digital seguro», gran parte de la atención se la llevó su propuesta de prohibir las redes sociales entre los menores de 16 años. Esta drástica medida se suma a la creciente preocupación social por el impacto en la salud mental —tanto de jóvenes como adultos— de espacios quirúrgicamente diseñados para enganchar a los usuarios, maximizar su participación y recopilar más datos personales, la base de su negocio.
Sin embargo, un amplio número de expertos advierten de que el veto puede ser ineficaz y vulnerar derechos fundamentales de los menores. Como alternativa, indican que ya existen leyes que permiten al Ejecutivo español poner coto a un diseño «engañoso» de las plataformas que se traduce en una presunta adicción a las pantallas. A lo largo de la última década, la Unión Europea ha desplegado una serie de regulaciones que buscan atajar algunas de las derivadas más nocivas del mundo digital. «Europa cuenta con contrapesos que ya establecen sanciones administrativas como multas«, explica Alberto Casaseca, abogado especializado en protección de datos, ciberseguridad, derecho digital e IA.
«A Meta le sale más a cuenta pagar sanciones administrativas que adaptarse a las leyes europeas»
Ninguna cobra más relevancia para combatir los diseños adictivos que perjudican a menores que la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés). Vigente desde febrero de 2024, esta normativa pionera obliga a las grandes plataformas digitales de Internet a ser más transparentes, prohibir la publicidad personalizada dirigida a menores, ofrecer feeds sin recomendaciones del algoritmo —que priorizan lo más incendiario y polarizante— o a limitar su exposición a contenidos inapropiados como la pornografía o las apuestas.
Quizás aún más importante es que la ley también veta los dark patterns o patrones oscuros, estrategias de diseño que explotan los sesgos de los usuarios para manipularles. Piensa en anuncios engañosos («¡Esta es la última plaza de vuelo disponible!») o cómo se dificulta la cancelación de una suscripción.
Con su exigencia de transparencia, Bruselas podría obligar a plataformas como YouTube, Facebook, TikTok, X o Instagram a informar a las autoridades del impacto que tienen los ‘me gusta’ y reducir su presencia, apunta el desarrollador Álvaro Martínez, presidente de la asociación Protecció de la Frontera Electrònica, en un artículo en Crític. Esta métrica, ampliamente extendida en el mundo digital, funciona como una recompensa que lleva al usuario a segregar dopamina —conocida como «hormona de la felicidad»— y a retenerlo durante más tiempo frente a la pantalla.
La UE también cuenta con otras leyes clave en ese aspecto como la Ley de Mercados Digitales (DMA), encargada de frenar los abusos monopolísticos y garantizar la libre competencia, o el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), que vela por la privacidad de los usuarios. Aunque ambas pueden utilizarse para contrarrestar el consumo compulsivo de pantallas, la DSA juega un rol clave.
Esas normas se enfrentan a dos problemas. Por un lado, una aplicación que, en algunos casos, ha sido un «fracaso flagrante», denunció en 2023 la oenegé ICCL. El año pasado, la Comisión Europea llevó a varios países —entre ellos España— ante el Tribunal de Justicia de la UE por su «falta de implementación efectiva» de la DSA. En los últimos meses, Bruselas ha impuesto una multa de 120 millones de euros contra X, de Elon Musk, por su diseño «engañoso» y ha exigido cambios en la interfaz de TikTok para eliminar el componente «adictivo» de funciones como el scroll infinito de contenido.
Bruselas llevó a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por su «falta de implementación efectiva» de la DSA, ley que regula el diseño «engañoso» de las redes sociales
Expertos como el abogado y delegado de protección de datos Jorge Garcia Herrero advierten que sería «mucho más útil» que España apostase por «hacer efectivas» las leyes europeas ya vigentes en lugar de anunciar un paquete de medidas de difícil aplicación y cuya letra pequeña es, por ahora, un misterio. «En lugar de restringir los derechos de la infancia», los gobierno europeos «deben centrarse en abordar el diseño tóxico de las redes sociales, lo que incluye la aplicación efectiva de leyes como la DSA», recalcan desde Amnistía Internacional.
Con eso en mente, el Ejecutivo comunitario de Ursula von der Leyen presentará a finales de 2026 la Ley de Equidad Digital (DFA o Digital Fairness Act, en inglés), que abordará de frente tanto los patrones oscuros como un diseño de las redes sociales que se inspira en las técnicas de los casinos para generar dependencia psicológica. Sin embargo, Bruselas también está apostando por una simplificación o desregulación digital que, según han denunciado más de 125 organizaciones de la sociedad civil, «desmantelará las protecciones más fuertes contra las amenazas digitales».
El segundo problema son las deliberadas infracciones de las tecnológicas. «A Meta le sale más a cuenta pagar sanciones administrativas que adaptarse a las leyes europeas», lamenta Casaseca. Para colosos tecnológicos como el de Mark Zuckerberg, que en 2025 ingresó más de 200.000 millones de dólares, las multas de la UE «son solo un gasto más». El Gobierno español es consciente del reto. Por eso, en su comunicado, la Moncloa hace una referencia explícita a la «impunidad [de las plataformas] ante su incumplimiento con la legalidad».
El 83% de las reuniones privadas que altos cargos de la Comisión Europea mantuvieron con lobbies en 2025 fuesen con representantes de compañías como Meta, Google o TikTok
El temor a que Europa actúe en su contra ha llevado a las grandes corporaciones tecnológicas ha activar su aparato de presión. Hasta el 83% de las reuniones privadas sobre la DFA que altos cargos de la Comisión Europea mantuvieron con lobbies en 2025 fue con representantes de compañías como Meta, Alphabet o TikTok, según denuncia un informe de Corporate Europe Observatory. El gigante dueño de Facebook, Instagram y WhatsApp destina más de 10 millones de euros anuales a tratar de influenciar las decisiones políticas de Bruselas para moldearlas a su antojo. La matriz de Google y YouTube es la segunda que más presión ejerce con un presupuesto de cinco millones.
El Periódico de Aragón – Tecnología
