El anuncio de Marsa Maroc de una alianza estratégica con el Grupo español Boluda para gestionar terminales de contenedores en las Islas Canarias «ha generado una gran controversia en el ámbito político y económico español, especialmente en el archipiélago. Se han intensificado las advertencias sobre las repercusiones del acuerdo en la soberanía económica y la seguridad nacional de España», según medios magrebíes. Tal y como informó LA RAZÓN el pasado mes de diciembre, Marsa Maroc y el grupo español Boluda Corporación Marítima habíam cerrado un acuerdo estratégico para adquirir una participación del 45% en Boluda Maritime Terminals (BMT), la división portuaria de Boluda. La transacción, valorada en 80 millones de euros, fue autorizada por el consejo de administración de Marsa Maroc y está sujeta a la aprobación de las autoridades competentes.
Las preocupaciones económicas –agregan– han encabezado la oposición al acuerdo. Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, expresó su preocupación por los «riesgos reales» de esta alianza, recordando la experiencia del puerto marroquí de Tánger Med, que se convirtió en un fuerte competidor del puerto español de Algeciras tras su desarrollo mediante alianzas estratégicas.
Los opositores al acuerdo argumentan que la cuestión trasciende lo económico y afecta a la esencia misma de la soberanía nacional. Advierten que la presencia de capital estatal extranjero en instalaciones estratégicas podría limitar la independencia de España en la toma de decisiones y afectar a la seguridad marítima en una región geopolíticamente sensible, especialmente dadas las cuestiones pendientes entre Rabat y Madrid, como la migración irregular, el estatus de Ceuta y Melilla y la influencia territorial.
El gobierno español, subrayan, ha guardado silencio hasta el momento, sin ofrecer ninguna aclaración sobre la autorización del acuerdo ni las garantías que lo acompañan. Este silencio ha intensificado los llamamientos a un debate institucional urgente y transparente en Canarias, y muchos afirman que el acuerdo no es meramente una inversión comercial sino que afecta a la seguridad nacional y al equilibrio geoestratégico de la puerta sur de Europa.
Los que se oponen al acuerdo de Boluda con Marsa Maroc argumentan que afecta a la seguridad nacional
El anuncio de Marsa Maroc de una alianza estratégica con el Grupo español Boluda para gestionar terminales de contenedores en las Islas Canarias «ha generado una gran controversia en el ámbito político y económico español, especialmente en el archipiélago. Se han intensificado las advertencias sobre las repercusiones del acuerdo en la soberanía económica y la seguridad nacional de España», según medios magrebíes. Tal y como informó LA RAZÓN el pasado mes de diciembre, Marsa Maroc y el grupo español Boluda Corporación Marítima habíam cerrado un acuerdo estratégico para adquirir una participación del 45% en Boluda Maritime Terminals (BMT), la división portuaria de Boluda. La transacción, valorada en 80 millones de euros, fue autorizada por el consejo de administración de Marsa Maroc y está sujeta a la aprobación de las autoridades competentes.
Las preocupaciones económicas –agregan– han encabezado la oposición al acuerdo. Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, expresó su preocupación por los «riesgos reales» de esta alianza, recordando la experiencia del puerto marroquí de Tánger Med, que se convirtió en un fuerte competidor del puerto español de Algeciras tras su desarrollo mediante alianzas estratégicas.
Los opositores al acuerdo argumentan que la cuestión trasciende lo económico y afecta a la esencia misma de la soberanía nacional. Advierten que la presencia de capital estatal extranjero en instalaciones estratégicas podría limitar la independencia de España en la toma de decisiones y afectar a la seguridad marítima en una región geopolíticamente sensible, especialmente dadas las cuestiones pendientes entre Rabat y Madrid, como la migración irregular, el estatus de Ceuta y Melilla y la influencia territorial.
El gobierno español, subrayan, ha guardado silencio hasta el momento, sin ofrecer ninguna aclaración sobre la autorización del acuerdo ni las garantías que lo acompañan. Este silencio ha intensificado los llamamientos a un debate institucional urgente y transparente en Canarias, y muchos afirman que el acuerdo no es meramente una inversión comercial sino que afecta a la seguridad nacional y al equilibrio geoestratégico de la puerta sur de Europa.
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