Sanidad lleva a la justicia a Ayuso por no tener registro de objetores del aborto

La batalla entre la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Sanidad por la ley del aborto ya está en los tribunales. El departamento de la ministra Mónica García registró el jueves un recurso contencioso-administrativo contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por no crear un registro de objetores de conciencia, según la demanda a la que ha tenido acceso EL PAÍS.

El registro es una herramienta que mandata la ley orgánica de 2023 y cuya puesta en marcha está articulada en un protocolo aprobado el 16 de diciembre de 2024 por el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con el voto favorable de todas las consejerías de Sanidad, incluida la madrileña.

A partir de ese momento, las comunidades autónomas fueron creando esos listados. Sanidad hizo un informe para investigar su cumplimiento en septiembre. Entonces todavía eran cuatro las que no contaban con él. Asturias comenzó el trámite inmediatamente después, mientras que Aragón y Baleares lo hicieron tras un requerimiento oficial del ministerio. Madrid fue la única que no movió ficha.

El Gobierno de Ayuso convirtió este trámite administrativo en una batalla ideológica. La presidenta de la Comunidad de Madrid aseguró que el registro es “una lista negra” que “nunca” crearía. En la Asamblea de Madrid llegó a decir: “¡Váyanse a otro lado a abortar!”, en un debate sobre este asunto.

El registro es una herramienta confidencial, que no puede ser consultada por la población, y que tiene fines organizativos en los hospitales, de forma que puedan garantizar la prestación del servicio.

Son muchos los hospitales públicos en los que no se hacen abortos y esta medida tiene el objeto de que esta realidad cambie, pese a que la ley de 2023 estipula que las administraciones tienen que garantizar el derecho, pero de forma indistinta en centros de titularidad pública o concertados.

Existe también un registro de objetores de conciencia de la eutanasia, que tiene parecidas características al del aborto: no es público y sirve para que los servicios de salud sepan con qué profesionales pueden contar para prestar el servicio. Madrid creó este listado sin mayor polémica.

Ante la inacción de varias comunidades, Sanidad dio en octubre tres meses de plazo para la creación del registro mediante un requerimiento oficial, y es ahora cuando formaliza la denuncia ante los tribunales, algo que ya había anunciado García, quien insistió en que utilizaría “todas las herramientas” a su alcance para que se cumpliera la ley.

En declaraciones a EL PAÍS, la ministra subraya que la estrategia de la Comunidad de Madrid forma parte de “una ofensiva contra los derechos de las mujeres que no es casual ni aislada”. “Se expresa en decisiones institucionales que incumplen la ley y también en declaraciones nauseabundas que ponen en duda a las víctimas de agresiones sexuales [en referencia a la denuncia presentada por dos extrabajadoras de Julio Iglesias]. Todo forma parte del mismo clima: cuestionar la palabra de las mujeres, sembrar miedo, estigmatizar y hacer retroceder derechos que costaron décadas conquistar”, agrega.

Frente a esa “ofensiva”, García asegura que estarán donde haga falta, “también en los tribunales, defendiendo la libertad, la salud y la dignidad de las mujeres”. “La Comunidad de Madrid ha tenido tiempo, requerimientos y margen suficiente para cumplir la ley. Ha elegido no hacerlo. Y cuando una administración da la espalda a las mujeres, el Gobierno tiene la obligación de actuar. El registro de objetores es una herramienta imprescindible para asegurar que el derecho al aborto se cumple de manera efectiva y sin obstáculos”, zanja.

Ahora será el TSJM el que tendrá que decidir si obliga a la Comunidad de Madrid a crear el registro.