El reciente anuncio del gobierno español de condonar 83.252 millones de euros de deuda a las comunidades autónomas no es más que el resultado de las cesiones de Pedro Sánchez a ERC en su pacto de investidura. Para asegurar el apoyo de los independentistas catalanes, Sánchez ha cedido a sus exigencias, y ahora extiende esta medida a todas las autonomías, aunque con una metodología que parece diseñada a medida para beneficiar a Cataluña.
La medida es especialmente injusta para autonomías como Madrid, que ha gestionado sus finanzas con prudencia, evitando endeudarse en exceso gracias a una economía sólida y un control riguroso del gasto. En cambio, comunidades como Cataluña y Valencia, que han acumulado altos niveles de deuda -en parte por mala gestión-, se ven ahora recompensadas. Esta condonación envía un mensaje perverso: el despilfarro será premiado, mientras que la austeridad es castigada. Es una invitación abierta a la irresponsabilidad fiscal de cara al futuro.
[[QUOTE:PULL|||Es una invitación abierta a la irresponsabilidad fiscal de cara al futuro]]
Es verdad que, en el caso concreto de Cataluña y al sufrir un importante déficit fiscal con el resto del Estado, podría llegar a justificarse una condonación semejante de deuda (si bien debería efectuarse dentro de una renegociación más amplia del modelo de financiación autonómico). Sin embargo, Madrid también tiene un importante déficit fiscal y, aun así, sale mal parada en este acuerdo. Mientras Cataluña recibirá 2.284 euros por habitante, Madrid apenas contará con 1.369. Este trato desigual es difícil de justificar económicamente y parece responder más a cálculos políticos que a criterios objetivos.
[[QUOTE:PULL|||Madrid, que ha sido austera y no ha recurrido al endeudamiento masivo, queda excluida las fases adicionales de la quita]]
No en vano, la metodología empleada para calcular la condonación es, cuanto menos, sospechosa. El gobierno ha optado por una fórmula ad hoc que compara el aumento de la deuda autonómica durante la crisis financiera (2010-2013) con el de la pandemia (2020-2023), atribuyendo el exceso de deuda en el primer periodo a la falta de apoyo del Estado. A partir de ahí, el 75% de la condonación se reparte según la población ajustada, un criterio estándar. Pero el 25% restante se distribuye de forma discrecional: una segunda fase premia a las comunidades más endeudadas, como Cataluña y Valencia, y una tercera fase beneficia a las infrafinanciadas y a las que han subido el IRPF. Curiosamente, Madrid, que ha sido austera y no ha recurrido al endeudamiento masivo, queda excluida de estas fases adicionales.
[[QUOTE:PULL||| El gobierno crea incentivos para que las autonomías sigan endeudándose, confiando en futuros rescates]]
Como decíamos, esta condonación no solo es, en su mayor parte, injusta, sino que sienta un precedente peligroso. Al perdonar la deuda sin condiciones, el gobierno socava la disciplina fiscal y crea incentivos para que las autonomías sigan endeudándose, confiando en futuros rescates. Además, agrava las tensiones regionales al favorecer a unas comunidades sobre otras por razones políticas. En lugar de promover la autorresponsabilidad fiscal de los gobiernos autonómicos, Sánchez ha optado por mercadear sus apoyos en el Congreso… trasladándoles la factura a los contribuyentes residentes en las autonomías más fiscalmente diligentes.
La metodología empleada para calcular la condonación a las comunidades es, cuanto menos, sospechosa: Cataluña recibirá 2.284 euros por habitante, mientras que Madrid apenas contará con 1.369 euros
El reciente anuncio del gobierno español de condonar 83.252 millones de euros de deuda a las comunidades autónomas no es más que el resultado de las cesiones de Pedro Sánchez a ERC en su pacto de investidura. Para asegurar el apoyo de los independentistas catalanes, Sánchez ha cedido a sus exigencias, y ahora extiende esta medida a todas las autonomías, aunque con una metodología que parece diseñada a medida para beneficiar a Cataluña.
La medida es especialmente injusta para autonomías como Madrid, que ha gestionado sus finanzas con prudencia, evitando endeudarse en exceso gracias a una economía sólida y un control riguroso del gasto. En cambio, comunidades como Cataluña y Valencia, que han acumulado altos niveles de deuda -en parte por mala gestión-, se ven ahora recompensadas. Esta condonación envía un mensaje perverso: el despilfarro será premiado, mientras que la austeridad es castigada. Es una invitación abierta a la irresponsabilidad fiscal de cara al futuro.
Es una invitación abierta a la irresponsabilidad fiscal de cara al futuro
Es verdad que, en el caso concreto de Cataluña y al sufrir un importante déficit fiscal con el resto del Estado, podría llegar a justificarse una condonación semejante de deuda (si bien debería efectuarse dentro de una renegociación más amplia del modelo de financiación autonómico). Sin embargo, Madrid también tiene un importante déficit fiscal y, aun así, sale mal parada en este acuerdo. Mientras Cataluña recibirá 2.284 euros por habitante, Madrid apenas contará con 1.369. Este trato desigual es difícil de justificar económicamente y parece responder más a cálculos políticos que a criterios objetivos.
Madrid, que ha sido austera y no ha recurrido al endeudamiento masivo, queda excluida las fases adicionales de la quita
No en vano, la metodología empleada para calcular la condonación es, cuanto menos, sospechosa. El gobierno ha optado por una fórmula ad hoc que compara el aumento de la deuda autonómica durante la crisis financiera (2010-2013) con el de la pandemia (2020-2023), atribuyendo el exceso de deuda en el primer periodo a la falta de apoyo del Estado. A partir de ahí, el 75% de la condonación se reparte según la población ajustada, un criterio estándar. Pero el 25% restante se distribuye de forma discrecional: una segunda fase premia a las comunidades más endeudadas, como Cataluña y Valencia, y una tercera fase beneficia a las infrafinanciadas y a las que han subido el IRPF. Curiosamente, Madrid, que ha sido austera y no ha recurrido al endeudamiento masivo, queda excluida de estas fases adicionales.
El gobierno crea incentivos para que las autonomías sigan endeudándose, confiando en futuros rescates
Como decíamos, esta condonación no solo es, en su mayor parte, injusta, sino que sienta un precedente peligroso. Al perdonar la deuda sin condiciones, el gobierno socava la disciplina fiscal y crea incentivos para que las autonomías sigan endeudándose, confiando en futuros rescates. Además, agrava las tensiones regionales al favorecer a unas comunidades sobre otras por razones políticas. En lugar de promover la autorresponsabilidad fiscal de los gobiernos autonómicos, Sánchez ha optado por mercadear sus apoyos en el Congreso… trasladándoles la factura a los contribuyentes residentes en las autonomías más fiscalmente diligentes.
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