El pánico se ha apoderado de los pequeños propietarios de viviendas turísticas en La Coruña ante la aprobación de una norma que erradicará más del 80% de estos arrendamientos de la ciudad gallega de forma retroactiva y permanente. En plena cruzada del Gobierno contra los pisos turísticos, a los que el Ejecutivo de coalición culpa del galopante encarecimiento de los alquileres, el ayuntamiento del PSOE en La Coruña ha aprobado una ordenanza que conllevará el cese de actividad de prácticamente todos los pisos turísticos de la ciudad, la mayoría en manos de pequeños propietarios que los usan como ingreso extra, y que podría beneficiar directamente a uno de los políticos del Gobierno municipal, el concejal de Economía y Planificación Estratégica y portavoz, José Manuel Lage Tuñas.
El pasado 14 de febrero se publicó la ordenanza municipal que regula las viviendas de uso turístico de La Coruña, una de las más restrictivas de España. La norma establece que solo podrán operar como pisos turísticos los bajos y los primeros pisos si en el bajo no existe una vivienda de uso residencial. La norma tiene carácter retroactivo, por lo tanto, las viviendas turísticas que actualmente operan con la licencia de la Xunta también se verían afectadas. Según la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga), esta ordenanza usa a los pequeños propietarios de pisos turísticos como cabeza de turco de la crisis de vivienda.
Dulcinea Aguín, presidenta de Aviturga, señala en declaraciones a LA RAZÓN que apenas el 1,5% del parque inmobiliario de la ciudad está destinado a vivienda turística, un porcentaje que se ha mantenido estable mientras que la vivienda vacía se ha disparado en los últimos años hasta rondar el 20%. Las estimaciones de Aviturga apuntan a que más del 80% de las viviendas turísticas que actualmente operan en La Coruña tendrán que cesar su actividad por las restricciones de esta normativa, ya que la mayoría de los pequeños propietarios tienen sus pisos ubicados en otras plantas que no son el bajo o el primer piso.
Los únicos beneficiados serán los grandes inversores y promotoras que se harán con edificios completos para dedicarlos a la actividad alojativa y en absoluto favorecerá la llegada al mercado de inmuebles residenciales. Además, la ordenanza es un regalo en bandeja de plata para el concejal Lage Tuñas, ya que le permite destinar a vivienda turística el local comercial que adquirió en una entreplanta (en el bajo se ubica una zapatería) y que convirtió en dos viviendas mediante unas obras ilegales.
Según consta en la web de la Diputación Provincial de La Coruña, a fecha del 17 de julio de 2023, el primer teniente de la alcaldesa adquirió dos viviendas en 2022, coincidiendo con la compra del local comercial ubicado en Avenida del Ejército 96, pero que refleja declaración de bienes pública directamente como viviendas.
El concejal del PSOE solicitó al ayuntamiento en dos ocasiones hacer unas obras menores en el local que no necesitan licencia, sino una comunicación previa, cuando lo que realmente trataba de hacer era transformar el local en las dos viviendas actuales. Las dos veces se lo denegaron porque se trataba de obras de gran envergadura que sí requerían licencia municipal, así como la autorización de la comunidad de vecinos y solicitar el cambio de uso del inmueble.
Las obras se produjeron igualmente lo que llevó a que los vecinos, molestos con el ruido, llamaran a la Policía, que efectivamente constató la realización de las obras, tal y como quedó reflejado en un informe del 27 de enero de 2024. «Se hace saber que desde el exterior del pasillo del inmueble se aprecia como el interior de las viviendas está siendo reformado por completo y los obreros están realizando divisiones con planchas de pladur», recoge el texto elaborado por Patrulla Verde. Apenas unos meses más tarde, el 4 de marzo del 2024, la Inspección de Urbanismo constató que el local había sido convertido en dos pisos mediante obras de segregación que estaban rematadas antes de que se concediese la correspondiente licencia.
El escándalo saltó a la escena política y a Lage Tuñas se le abrió un expediente de reposición y sanción en la Concejalía de Urbanismo que conllevaba la reversión de las obras. Este quedó esperando en un cajón y finalmente fue archivado porque en apenas un mes se le concedió la licencia y el cambio de uso, mientras que el plazo medio suele superar el año. El escándalo fue aún más grave teniendo en cuenta que en aquel entonces Lage Tuñas era responsable de las licencias urbanísticas.
La oposición tiene hasta finales de marzo para presentar alegaciones a la ordenanza. Fuentes conocedoras del proceso estiman que la norma se llevará a pleno en mayo, momento en la norma arrasaría con los actuales pisos turísticos y daría vía libre para que este cargo del PSOE pudiese poner sus polémicas viviendas en régimen de alquiler turístico, en un claro conflicto de intereses.
La Coruña, un mercado del alquiler tensionado, pero no por los pisos turísticos
En los últimos años la oferta de vivienda en La Coruña ha caído notablemente. Según datos del Observatorio del Alquiler, de la Fundación Alquiler Seguro, mientras que en 2019 había 20.062 viviendas en alquiler habitual en la ciudad gallega, en 2024 esta cifra se sitúa en 15.226. Este descenso de la oferta ha provocado un aumento de la presión sobre la demanda, pasando de 7,7 candidatos por anuncio de alquiler cada 10 días en 2019 a 62 interesados en 2024, una cifra que se considera presión alta. El precio medio también se ha disparado desde los 613 euros en 2019 a los 741 euros en 2024.
Sergio Cardona, analista del Observatorio del Alquiler, los motivos de la caída de la oferta de alquiler habitual y el consiguiente incremento de precios tienen que ver con la aprobación de medidas para proteger a la demanda, como la Ley de Vivienda, que han hecho que muchos propietarios hayan optado por el alquiler de temporada, que no se deben confundir con los arrendamientos turísticos, de menor duración (entre uno y dos meses según la región) y regulados por distinta normativa.
La restrictiva norma municipal perjudicará a los pequeños propietarios y abrirá la puerta a que José Manuel Lage Tuñas, implicado en un escándalo urbanístico, salga favorecido
El pánico se ha apoderado de los pequeños propietarios de viviendas turísticas en La Coruña ante la aprobación de una norma que erradicará más del 80% de estos arrendamientos de la ciudad gallega de forma retroactiva y permanente. En plena cruzada del Gobierno contra los pisos turísticos, a los que el Ejecutivo de coalición culpa del galopante encarecimiento de los alquileres, el ayuntamiento del PSOE en La Coruña ha aprobado una ordenanza que conllevará el cese de actividad de prácticamente todos los pisos turísticos de la ciudad, la mayoría en manos de pequeños propietarios que los usan como ingreso extra, y que podría beneficiar directamente a uno de los políticos del Gobierno municipal, el concejal de Economía y Planificación Estratégica y portavoz, José Manuel Lage Tuñas.
El pasado 14 de febrero se publicó la ordenanza municipal que regula las viviendas de uso turístico de La Coruña, una de las más restrictivas de España. La norma establece que solo podrán operar como pisos turísticos los bajos y los primeros pisos si en el bajo no existe una vivienda de uso residencial. La norma tiene carácter retroactivo, por lo tanto, las viviendas turísticas que actualmente operan con la licencia de la Xunta también se verían afectadas. Según la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga), esta ordenanza usa a los pequeños propietarios de pisos turísticos como cabeza de turco de la crisis de vivienda.
Dulcinea Aguín, presidenta de Aviturga, señala en declaraciones a LA RAZÓN que apenas el 1,5% del parque inmobiliario de la ciudad está destinado a vivienda turística, un porcentaje que se ha mantenido estable mientras que la vivienda vacía se ha disparado en los últimos años hasta rondar el 20%. Las estimaciones de Aviturga apuntan a que más del 80% de las viviendas turísticas que actualmente operan en La Coruña tendrán que cesar su actividad por las restricciones de esta normativa, ya que la mayoría de los pequeños propietarios tienen sus pisos ubicados en otras plantas que no son el bajo o el primer piso.
Los únicos beneficiados serán los grandes inversores y promotoras que se harán con edificios completos para dedicarlos a la actividad alojativa y en absoluto favorecerá la llegada al mercado de inmuebles residenciales. Además, la ordenanza es un regalo en bandeja de plata para el concejal Lage Tuñas, ya que le permite destinar a vivienda turística el local comercial que adquirió en una entreplanta (en el bajo se ubica una zapatería) y que convirtió en dos viviendas mediante unas obras ilegales.
Según consta en la web de la Diputación Provincial de La Coruña, a fecha del 17 de julio de 2023, el primer teniente de la alcaldesa adquirió dos viviendas en 2022, coincidiendo con la compra del local comercial ubicado en Avenida del Ejército 96, pero que refleja declaración de bienes pública directamente como viviendas.
El concejal del PSOE solicitó al ayuntamiento en dos ocasiones hacer unas obras menores en el local que no necesitan licencia, sino una comunicación previa, cuando lo que realmente trataba de hacer era transformar el local en las dos viviendas actuales. Las dos veces se lo denegaron porque se trataba de obras de gran envergadura que sí requerían licencia municipal, así como la autorización de la comunidad de vecinos y solicitar el cambio de uso del inmueble.
Las obras se produjeron igualmente lo que llevó a que los vecinos, molestos con el ruido, llamaran a la Policía, que efectivamente constató la realización de las obras, tal y como quedó reflejado en un informe del 27 de enero de 2024. «Se hace saber que desde el exterior del pasillo del inmueble se aprecia como el interior de las viviendas está siendo reformado por completo y los obreros están realizando divisiones con planchas de pladur», recoge el texto elaborado por Patrulla Verde. Apenas unos meses más tarde, el 4 de marzo del 2024, la Inspección de Urbanismo constató que el local había sido convertido en dos pisos mediante obras de segregación que estaban rematadas antes de que se concediese la correspondiente licencia.
El escándalo saltó a la escena política y a Lage Tuñas se le abrió un expediente de reposición y sanción en la Concejalía de Urbanismo que conllevaba la reversión de las obras. Este quedó esperando en un cajón y finalmente fue archivado porque en apenas un mes se le concedió la licencia y el cambio de uso, mientras que el plazo medio suele superar el año. El escándalo fue aún más grave teniendo en cuenta que en aquel entonces Lage Tuñas era responsable de las licencias urbanísticas.
La oposición tiene hasta finales de marzo para presentar alegaciones a la ordenanza. Fuentes conocedoras del proceso estiman que la norma se llevará a pleno en mayo, momento en la norma arrasaría con los actuales pisos turísticos y daría vía libre para que este cargo del PSOE pudiese poner sus polémicas viviendas en régimen de alquiler turístico, en un claro conflicto de intereses.
La Coruña, un mercado del alquiler tensionado, pero no por los pisos turísticos
En los últimos años la oferta de vivienda en La Coruña ha caído notablemente. Según datos del Observatorio del Alquiler, de la Fundación Alquiler Seguro, mientras que en 2019 había 20.062 viviendas en alquiler habitual en la ciudad gallega, en 2024 esta cifra se sitúa en 15.226. Este descenso de la oferta ha provocado un aumento de la presión sobre la demanda, pasando de 7,7 candidatos por anuncio de alquiler cada 10 días en 2019 a 62 interesados en 2024, una cifra que se considera presión alta. El precio medio también se ha disparado desde los 613 euros en 2019 a los 741 euros en 2024.
Sergio Cardona, analista del Observatorio del Alquiler, los motivos de la caída de la oferta de alquiler habitual y el consiguiente incremento de precios tienen que ver con la aprobación de medidas para proteger a la demanda, como la Ley de Vivienda, que han hecho que muchos propietarios hayan optado por el alquiler de temporada, que no se deben confundir con los arrendamientos turísticos, de menor duración (entre uno y dos meses según la región) y regulados por distinta normativa.
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