El acuerdo alcanzado esta misma semana por los socios de la coalición de Gobierno, PSOE y Sumar, para poner fin al régimen fiscal especial de las socimi, las sociedades anónimas cotizadas cuya actividad principal es la adquisición, promoción y rehabilitación de activos de naturaleza urbana para su arrendamiento; ha puesto patas arriba al sector inmobiliario. Dos de las socimis más relevantes y que cotizan en el Ibex 35, Merlin Properties y Colonial, han amenazado con trasladar sus sedes fuera de España si se acaba con un régimen que les permite tributar al 1%, si bien sus dividendos, que tienen que alcanzar el 80% de su beneficio, si tributan en un régimen de normalidad. Y una tercera, Castellana Properties, también ha advertido de que tomará las medidas que considere necesarias para proteger su negocio.
Para el sector, no existe justificación alguna para acabar con su régimen fiscal. Y menos, añaden, por los argumentos esgrimidos por PSOE y Sumar para hacerlo. Ambas formaciones han justificado la medida en el hecho de que [[LINK:INTERNO|||Article|||670c3c5f1563b0e443059c03|||a pesar de que estas sociedades «solo tributan al 1% en el impuesto de sociedades», este beneficio fiscal no ha servido para mejorar la oferta de viviendas.]]
Pero el hecho es que, como defienden desde el sector inmobiliario, «matar» a las socimis no va a arreglar el problema de la vivienda porque, sencillamente, no es su vector de negocio principal y, por tanto, no determinan tanto como algunos creen sus precios. En España, argumentan, el grueso de las socimis invierte en activos inmobiliarios no residenciales. Javier Basagoiti, presidente de Asocimi, la patronal que agrupa a las socimis cotizadas en mercados alternativos, ha asegurado esta misma semana que de los 3,6 millones de inmuebles que componen el parque de viviendas de alquiler en España, solo el 8% está en manos de sociedades y un escaso 0,69% es de socimis, que gestionan apenas 25.000 viviendas.
[[QUOTE:PULL|||La patronal de las socimis asegura que sólo un 0,69% de las viviendas en alquiler está en sus manos]]
«El impacto en vivienda [de la hipotética supresión del régimen fiscal de las socimis] va a ser muy limitado porque las viviendas ya tienen su propio régimen de explotación, las Entidades Dedicadas al Arrendamiento de Viviendas [Edav], que son las empresas de alquiler de viviendas, que tienen unas características que hacen más atractivo invertir en viviendas de alquiler a través de esas compañías que a través de socimis», añade en este sentido Antonio de la Fuente, managing director de Corporate Finance y responsable del Negocio Promotor de la consultora inmobiliaria Colliers.
Lo que a decir de De la Fuente y más actores del sector sí tendría una medida así es un efecto devastador sobre la inversión en el resto de sectores inmobiliarios. «Esta medida lo que supone es un drama auténtico para la inversión inmobiliaria de todos los sectores», advierte el directivo. «Lo que va a provocar es que la inversión inmobiliaria baje en todos los segmentos. Esto va a repercutir en menor crecimiento y en pérdida de empleo», añade.
La Asociación Española de Empresas de Consultoría Inmobiliaria (ACI) ha puesto cifras a la amenaza que supone la medida y calcula que aprobarla pondría en riesgo 15.000 millones de euros de operaciones en inversión en el sector en España.
La Asociación de Propietarios de Espacios Comerciales (Apresco) ha advertido también del posible cierre de los centros y parques comerciales que se encuentren en una situación económica complicada si el Gobierno aprueba la supresión del régimen de socimis.
Fuga de capitales
El problema de acabar con el régimen de las socimis es que, como ha avisado igualmente la Comisión Nacional de los Mercados y Valores (CNMV), la fuga de capitales hacia otros mercados es una amenaza real y no teórica. «La socimi no es una figura específica de España, sino que también está presente en otros países europeos de forma similar, donde la cotización y apertura a inversores va asociada a una fiscalidad especial», han destacado fuentes del regulador bursátil. Llevar a cabo cambios en las condiciones fiscales de estas empresas cotizadas puede tener [[LINK:INTERNO|||Article|||6734fe00f017690007ad2c2f|||«efectos significativos en la cotización e incentivar la deslocalización de las mismas a otros mercados europeos»]], según ha advertido el regulador.
«Es una situación dramática y que nos aleja de una situación fiscal análoga a países como Alemania, Francia o Bélgica, que tienen sus Reits. Las socimis son las reits en España», explica De la Fuente.
Otras fuentes añaden que, de producirse una deslocalización generalizada de las socimis, no sólo se perderían inversiones sino también fondos para las arcas públicas. «Si, como ya han anunciado algunas sociedades, trasladan sus sedes fuera de España, la recaudación impositiva por ellas se reduciría a cero. Es una medida desproporcionada y que tendrá efectos indeseados de mucho mayor calado que los supuestos beneficios que traerá», advierten.
Se apruebe finalmente o no la supresión del régimen de las socimis, expertos como De la Fuente creen que el daño ya está hecho al transmitir al inversor extranjero una cierta sensación de inseguridad jurídica. «Aunque no se apruebe, la imagen que se está dando a los miles de accionistas de Colonial o Merlin que han preguntado por esto, es dramática», resume el directivo.
Desde el sector advierten de que su peso en el residencial es mínimo, pero que la medida reducirá la inversión en otros segmentos inmobiliarios e impactará en el crecimiento y el empleo
El acuerdo alcanzado esta misma semana por los socios de la coalición de Gobierno, PSOE y Sumar, para poner fin al régimen fiscal especial de las socimi, las sociedades anónimas cotizadas cuya actividad principal es la adquisición, promoción y rehabilitación de activos de naturaleza urbana para su arrendamiento; ha puesto patas arriba al sector inmobiliario. Dos de las socimis más relevantes y que cotizan en el Ibex 35, Merlin Properties y Colonial, han amenazado con trasladar sus sedes fuera de España si se acaba con un régimen que les permite tributar al 1%, si bien sus dividendos, que tienen que alcanzar el 80% de su beneficio, si tributan en un régimen de normalidad. Y una tercera, Castellana Properties, también ha advertido de que tomará las medidas que considere necesarias para proteger su negocio.
Para el sector, no existe justificación alguna para acabar con su régimen fiscal. Y menos, añaden, por los argumentos esgrimidos por PSOE y Sumar para hacerlo. Ambas formaciones han justificado la medida en el hecho de que a pesar de que estas sociedades «solo tributan al 1% en el impuesto de sociedades», este beneficio fiscal no ha servido para mejorar la oferta de viviendas.
Pero el hecho es que, como defienden desde el sector inmobiliario, «matar» a las socimis no va a arreglar el problema de la vivienda porque, sencillamente, no es su vector de negocio principal y, por tanto, no determinan tanto como algunos creen sus precios. En España, argumentan, el grueso de las socimis invierte en activos inmobiliarios no residenciales. Javier Basagoiti, presidente de Asocimi, la patronal que agrupa a las socimis cotizadas en mercados alternativos, ha asegurado esta misma semana que de los 3,6 millones de inmuebles que componen el parque de viviendas de alquiler en España, solo el 8% está en manos de sociedades y un escaso 0,69% es de socimis, que gestionan apenas 25.000 viviendas.
La patronal de las socimis asegura que sólo un 0,69% de las viviendas en alquiler está en sus manos
«El impacto en vivienda [de la hipotética supresión del régimen fiscal de las socimis] va a ser muy limitado porque las viviendas ya tienen su propio régimen de explotación, las Entidades Dedicadas al Arrendamiento de Viviendas [Edav], que son las empresas de alquiler de viviendas, que tienen unas características que hacen más atractivo invertir en viviendas de alquiler a través de esas compañías que a través de socimis», añade en este sentido Antonio de la Fuente, managing director de Corporate Finance y responsable del Negocio Promotor de la consultora inmobiliaria Colliers.
Lo que a decir de De la Fuente y más actores del sector sí tendría una medida así es un efecto devastador sobre la inversión en el resto de sectores inmobiliarios. «Esta medida lo que supone es un drama auténtico para la inversión inmobiliaria de todos los sectores», advierte el directivo. «Lo que va a provocar es que la inversión inmobiliaria baje en todos los segmentos. Esto va a repercutir en menor crecimiento y en pérdida de empleo», añade.
La Asociación Española de Empresas de Consultoría Inmobiliaria (ACI) ha puesto cifras a la amenaza que supone la medida y calcula que aprobarla pondría en riesgo 15.000 millones de euros de operaciones en inversión en el sector en España.
La Asociación de Propietarios de Espacios Comerciales (Apresco) ha advertido también del posible cierre de los centros y parques comerciales que se encuentren en una situación económica complicada si el Gobierno aprueba la supresión del régimen de socimis.
Fuga de capitales
El problema de acabar con el régimen de las socimis es que, como ha avisado igualmente la Comisión Nacional de los Mercados y Valores (CNMV), la fuga de capitales hacia otros mercados es una amenaza real y no teórica. «La socimi no es una figura específica de España, sino que también está presente en otros países europeos de forma similar, donde la cotización y apertura a inversores va asociada a una fiscalidad especial», han destacado fuentes del regulador bursátil. Llevar a cabo cambios en las condiciones fiscales de estas empresas cotizadas puede tener «efectos significativos en la cotización e incentivar la deslocalización de las mismas a otros mercados europeos», según ha advertido el regulador.
«Es una situación dramática y que nos aleja de una situación fiscal análoga a países como Alemania, Francia o Bélgica, que tienen sus Reits. Las socimis son las reits en España», explica De la Fuente.
Otras fuentes añaden que, de producirse una deslocalización generalizada de las socimis, no sólo se perderían inversiones sino también fondos para las arcas públicas. «Si, como ya han anunciado algunas sociedades, trasladan sus sedes fuera de España, la recaudación impositiva por ellas se reduciría a cero. Es una medida desproporcionada y que tendrá efectos indeseados de mucho mayor calado que los supuestos beneficios que traerá», advierten.
Se apruebe finalmente o no la supresión del régimen de las socimis, expertos como De la Fuente creen que el daño ya está hecho al transmitir al inversor extranjero una cierta sensación de inseguridad jurídica. «Aunque no se apruebe, la imagen que se está dando a los miles de accionistas de Colonial o Merlin que han preguntado por esto, es dramática», resume el directivo.
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