La patronal catalana reclama al Gobierno una revisión «urgente» de la reducción de jornada y bonificaciones fiscales para evitar la desaparición de las empresas más afectadas

El Consejo de Ministros aprobó ayer el anteproyecto de ley para la rebaja de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales, sin pérdida de salario. La reducción se aprobó solo con el apoyo de los sindicatos, sin ayudas para las empresas afectadas como castigo a las patronales por no apoyar la medida y con multas de hasta 10.000 euros por trabajador para las empresas no cumplidoras. Esta falta de apoyo al tejido empresarial español, que es el que deberá asumir el coste de la reducción de jornada, de hasta 24.000 millones de euros, ha empujado a la patronal catalana Foment del Treball a pedir al Gobierno una «revisión urgente» del anteproyecto de ley, el establecimiento de un diálogo real con los representantes de las pymes, las «grandes perjudicadas» por esta medida, y el despliegue de mecanismos de apoyo para las empresas más afectadas, como bonificaciones fiscales, ayudas a la contratación o una aplicación progresiva en algunos sectores.

«Esta medida, impuesta sin un diálogo profundo con los sectores productivos, pone en riesgo la viabilidad de miles de negocios, especialmente en un momento de débil crecimiento económico e incertidumbre en muchos sectores», advierte Foment del Treball. La patronal catalana ha puesto el foco en el impacto que tendrá medida sobre las pymes de Cataluña y de toda España. «A diferencia de las grandes corporaciones, las pequeñas y medianas empresas tienen menos capacidad para absorber los costes adicionales derivados de esta reducción de jornada, lo que puede traducirse en una menor contratación, más dificultades para mantener la competitividad y, en algunos casos, la inviabilidad económica del negocio», señala en este sentido.

Foment también pone de relieve que la medida llega en un contexto en el que las pymes aún arrastran los efectos de la inflación, el incremento de los costes energéticos y una elevada carga fiscal. Por ello, reducir la jornada sin una disminución proporcional de los costes laborales supone «un golpe adicional para la productividad de las empresas, que deberán afrontar un aumento de costes sin un incremento proporcional de la actividad», denuncia. «Esta situación puede obligar a muchas empresas a reducir las horas productivas sin poder compensarlo con más contrataciones, lo que provocará una pérdida de competitividad en sectores clave como el comercio, la industria y la hostelería», añade Foment, que funcionan con estacionalidad, turnos rotativos o servicios de atención al público, lo que requiere una flexibilidad que choca con la norma de reducción de jornada. En última instancia, si el Ejecutivo no revisa el anteproyecto de ley y despliega ayudas para las empresas afectadas lo que en un principio sería una mejora de los derechos de los trabajadores provocará la destrucción de miles de empleos.

Para evitarlo, Foment del Treball reclama al Gobierno una revisión urgente de esta medida y el establecimiento de un diálogo real con los representantes de las pymes para encontrar soluciones viables. Asimismo, propone que se establezcan mecanismos de apoyo para las empresas más afectadas, como bonificaciones fiscales, ayudas a la contratación o una aplicación progresiva para aquellos sectores con más dificultades para asumir esta reducción. «Si realmente se quiere avanzar hacia un modelo laboral sostenible, es necesario hacerlo con consenso y medidas que garanticen la competitividad de nuestro tejido productivo», sentencia la patronal catalana.

 Foment del Treball advierte de que reducir la jornada sin una disminución proporcional de los costes laborales «pone en riesgo la viabilidad de miles de negocios», especialmente de las pymes  

El Consejo de Ministros aprobó ayer el anteproyecto de ley para la rebaja de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales, sin pérdida de salario. La reducción se aprobó solo con el apoyo de los sindicatos, sin ayudas para las empresas afectadas como castigo a las patronales por no apoyar la medida y con multas de hasta 10.000 euros por trabajador para las empresas no cumplidoras. Esta falta de apoyo al tejido empresarial español, que es el que deberá asumir el coste de la reducción de jornada, de hasta 24.000 millones de euros, ha empujado a la patronal catalana Foment del Treball a pedir al Gobierno una «revisión urgente» del anteproyecto de ley, el establecimiento de un diálogo real con los representantes de las pymes, las «grandes perjudicadas» por esta medida, y el despliegue de mecanismos de apoyo para las empresas más afectadas, como bonificaciones fiscales, ayudas a la contratación o una aplicación progresiva en algunos sectores.

«Esta medida, impuesta sin un diálogo profundo con los sectores productivos, pone en riesgo la viabilidad de miles de negocios, especialmente en un momento de débil crecimiento económico e incertidumbre en muchos sectores», advierte Foment del Treball. La patronal catalana ha puesto el foco en el impacto que tendrá medida sobre las pymes de Cataluña y de toda España. «A diferencia de las grandes corporaciones, las pequeñas y medianas empresas tienen menos capacidad para absorber los costes adicionales derivados de esta reducción de jornada, lo que puede traducirse en una menor contratación, más dificultades para mantener la competitividad y, en algunos casos, la inviabilidad económica del negocio», señala en este sentido.

Foment también pone de relieve que la medida llega en un contexto en el que las pymes aún arrastran los efectos de la inflación, el incremento de los costes energéticos y una elevada carga fiscal. Por ello, reducir la jornada sin una disminución proporcional de los costes laborales supone «un golpe adicional para la productividad de las empresas, que deberán afrontar un aumento de costes sin un incremento proporcional de la actividad», denuncia. «Esta situación puede obligar a muchas empresas a reducir las horas productivas sin poder compensarlo con más contrataciones, lo que provocará una pérdida de competitividad en sectores clave como el comercio, la industria y la hostelería», añade Foment, que funcionan con estacionalidad, turnos rotativos o servicios de atención al público, lo que requiere una flexibilidad que choca con la norma de reducción de jornada. En última instancia, si el Ejecutivo no revisa el anteproyecto de ley y despliega ayudas para las empresas afectadas lo que en un principio sería una mejora de los derechos de los trabajadores provocará la destrucción de miles de empleos.

Para evitarlo, Foment del Treball reclama al Gobierno una revisión urgente de esta medida y el establecimiento de un diálogo real con los representantes de las pymes para encontrar soluciones viables. Asimismo, propone que se establezcan mecanismos de apoyo para las empresas más afectadas, como bonificaciones fiscales, ayudas a la contratación o una aplicación progresiva para aquellos sectores con más dificultades para asumir esta reducción. «Si realmente se quiere avanzar hacia un modelo laboral sostenible, es necesario hacerlo con consenso y medidas que garanticen la competitividad de nuestro tejido productivo», sentencia la patronal catalana.

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