La nueva entidad pública promoverá sus primeras 438 viviendas en Valencia. Así lo ha anunciado hoy la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, durante las jornadas «Vivienda, quinto pilar del estado del bienestar» organizadas por su departamento.
La construcción de estas viviendas tendrá lugar con carácter “inmediato” y serán “promocionadas directamente desde la empresa pública para garantizar que serán 100% asequibles”, ha explicado la ministra.
Rodríguez ha anunciado también que la nueva empresa pública de vivienda, cuyo embrión ha sido la empresa pública de suelo Sepes, va a incorporar todo el patrimonio inmobiliario disponible del Estado para convertirlo en hogares asequibles.
La ministra ha insistido en que la empresa pública de vivienda es una herramienta fundamental para blindar de forma permanente la oferta de vivienda pública y asequible en España en el tiempo. Y para ello, considera necesario que la futura empresa pública de vivienda «se encargue, de principio a fin, de todo el ciclo residencial: desde la disposición y urbanización de los suelos; la edificación, movilización o compra de las viviendas; hasta la entrega de llaves y la gestión posterior de los inmuebles».
Viviendas asequibles de por vida
Desde la propia empresa pública del suelo, su directora general, Leire Iglesias, abundando en la cuestión del blindaje de la titularidad de las viviendas que promuevan las instituciones públicas, ha añadido en el mismo foro que la rentabilidad de los inmuebles que promueva la nueva empresa pública de vivienda será «sobre todo social, garantizando la asequibilidad de esas viviendas de por vida» porque, según ha dicho, no van a perder la titularidad de esas viviendas nunca.
Iglesias ha asegurado que la futura empresa pública «no es un monopolio de construcción, es un potenciador de vivienda asequible, para incentivar mucho más la vivienda asequible en nuestro país» del que, ha asegurado, se beneficiará también la iniciativa privada, con la que Vivienda quiere colaborar para acelerar la producción de vivienda asequible.
La desregulación no funciona
Junto a su deseo de intervenir por el lado de la oferta, la ministra de Vivienda ha reiterado la intención del Gobierno de seguir interviniendo en la regulación del sector porque, según ha dicho, «la barra libre y la desregulación no funcionan». «En 2005, en 2006 se concedían en España 570.000 visados de obra nueva y el precio se multiplicó por dos, situándolo muy encima de nuestro valor. Es decir, más oferta sin control no garantiza el acceso a un hogar para la mayoría, sino que nos lleva al ‘boom’ a la burbuja inmobiliaria que tanto daño y sufrimiento causó», ha recordado.
En este sentido, ha asegurado que “la aprobación de la primera ley de vivienda de la democracia nos permite contar con medios para para contener los precios y estabilizar al mercado de vivienda”. A este respecto, y sobre las reticencias de las comunidades del PP a aplicar las zonas tensionadas que recoge, la ministra cree que “es incomprensible que ante precios disparados, y teniendo instrumentos, no se esté utilizando una herramienta que implica una bajada inmediata de precios al tiempo que bonifica al propietario”. “Un alivio para los inquilinos mientras se construye el parque de vivienda público”, según ha argumentado.
La ministra de Vivienda afirma que la barra libre y la desregulación «no funciona»
La nueva entidad pública promoverá sus primeras 438 viviendas en Valencia. Así lo ha anunciado hoy la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, durante las jornadas «Vivienda, quinto pilar del estado del bienestar» organizadas por su departamento.
La construcción de estas viviendas tendrá lugar con carácter “inmediato” y serán “promocionadas directamente desde la empresa pública para garantizar que serán 100% asequibles”, ha explicado la ministra.
Rodríguez ha anunciado también que la nueva empresa pública de vivienda, cuyo embrión ha sido la empresa pública de suelo Sepes, va a incorporar todo el patrimonio inmobiliario disponible del Estado para convertirlo en hogares asequibles.
La ministra ha insistido en que la empresa pública de vivienda es una herramienta fundamental para blindar de forma permanente la oferta de vivienda pública y asequible en España en el tiempo. Y para ello, considera necesario que la futura empresa pública de vivienda «se encargue, de principio a fin, de todo el ciclo residencial: desde la disposición y urbanización de los suelos; la edificación, movilización o compra de las viviendas; hasta la entrega de llaves y la gestión posterior de los inmuebles».
Viviendas asequibles de por vida
Desde la propia empresa pública del suelo, su directora general, Leire Iglesias, abundando en la cuestión del blindaje de la titularidad de las viviendas que promuevan las instituciones públicas, ha añadido en el mismo foro que la rentabilidad de los inmuebles que promueva la nueva empresa pública de vivienda será «sobre todo social, garantizando la asequibilidad de esas viviendas de por vida» porque, según ha dicho, no van a perder la titularidad de esas viviendas nunca.
Iglesias ha asegurado que la futura empresa pública «no es un monopolio de construcción, es un potenciador de vivienda asequible, para incentivar mucho más la vivienda asequible en nuestro país» del que, ha asegurado, se beneficiará también la iniciativa privada, con la que Vivienda quiere colaborar para acelerar la producción de vivienda asequible.
La desregulación no funciona
Junto a su deseo de intervenir por el lado de la oferta, la ministra de Vivienda ha reiterado la intención del Gobierno de seguir interviniendo en la regulación del sector porque, según ha dicho, «la barra libre y la desregulación no funcionan». En este sentido, ha asegurado que “la aprobación de la primera ley de vivienda de la democracia nos permite contar con medios para para contener los precios y estabilizar al mercado de vivienda”. A este respecto, y sobre las reticencias de las comunidades del PP a aplicar las zonas tensionadas que recoge, la ministra cree que “es incomprensible que ante precios disparados, y teniendo instrumentos, no se esté utilizando una herramienta que implica una bajada inmediata de precios al tiempo que bonifica al propietario”. “Un alivio para los inquilinos mientras se construye el parque de vivienda público”, según ha argumentado.
Noticias de Economía Nacional e Internacional en La Razón