Bruselas ha decidido hacer un acto de contrición, al menos parcial. Aunque la Comisión Europea no reniega del Pacto Verde y de los objetivos de descarbonización de la economía europea, quiere que las empresas de los Veintisiete no sufran competencia desleal frente a otros países con normas más laxas. Tras la publicación del informe elaborado por Mario Draghi en el mes de septiembre, Bruselas es consciente de que el club comunitario está quedando rezagado respecto a Estados Unidos y China en la carrera por la competitividad económica y que es necesario reaccionar.
Por eso, este miércoles ha presentado el denominado paquete ómnibus que busca de eximir de papeleo sobre todo a las pequeñas y medianas empresas europeas que no tienen los mismos medios que las grandes para cumplir con los exigentes requisitos medioambientales europeos. A pesar de esto, la Comisión Europea asegura que las metas continúan, en aras de que los Veintisiete se conviertan en el primer territorio del planeta libre de emisiones contaminantes en el año 2050.
Entre las medidas propuestas, destaca eximir a ciertas importaciones de la denominada tasa al carbono. Este impuesto se empezó a aplicar en 2023 con un periodo transitorio hasta 2026 con el propósito de abarcar a los sectores más contaminantes como cemento, acero, aluminio, fertilizantes y electricidad.
Tan solo quedan exentos de pagar esta tasa aquellos países que demuestren que su sistema para gravar las emisiones es equivalente al europeo. En esta primera fase, del año 2023 al año 2025, los países tan solo se han visto obligados a informar sobre sus exportaciones y los criterios medioambientales, pero no han debido pagar ninguna tasa con el objetivo de que tuvieran el suficiente tiempo para adaptarse a la situación.
Ahora, Bruselas dice haber aprendido de este periodo transitorio y por eso quiere eximir de esta tasa a los importadores ocasionales. Ha establecido un umbral de 50 toneladas por importador para el aluminio, el acero, el hierro, el cemento y los fertilizantes. Esto supone eliminar de esta obligación al 90% de los importadores (unos 182.000), a la vez que se seguirán cubriendo el 99% de las emisiones.
Según los datos de la Comisión Europea en el año 2021, el 36% de las exportaciones de fertilizantes provienen de Moscú, el 13% del acero y del hierro y el 14% del aluminio. En el caso de China, el 14% de las importaciones de acero y de hierro son originarias del gigante asiático y el 9% del aluminio. Turquía es el mayor exportador de cemento con el 37%.
Además, Bruselas tan solo obligará a las grandes empresas a cumplimentar todos los requisitos sobre prácticas medioambientales y también simplificará los procesos. El objetivo es reducir la burocracia en un 35% para las pequeñas y medianas empresas y en un 25% para las grandes.
Bruselas ha presentado el paquete ómnibus que flexibiliza las exigencias ambientales para impulsar la competitividad de la UE frente a EE UU y China
Bruselas ha decidido hacer un acto de contrición, al menos parcial. Aunque la Comisión Europea no reniega del Pacto Verde y de los objetivos de descarbonización de la economía europea, quiere que las empresas de los Veintisiete no sufran competencia desleal frente a otros países con normas más laxas. Tras la publicación del informe elaborado por Mario Draghi en el mes de septiembre, Bruselas es consciente de que el club comunitario está quedando rezagado respecto a Estados Unidos y China en la carrera por la competitividad económica y que es necesario reaccionar.
Por eso, este miércoles ha presentado el denominado paquete ómnibus que busca de eximir de papeleo sobre todo a las pequeñas y medianas empresas europeas que no tienen los mismos medios que las grandes para cumplir con los exigentes requisitos medioambientales europeos. A pesar de esto, la Comisión Europea asegura que las metas continúan, en aras de que los Veintisiete se conviertan en el primer territorio del planeta libre de emisiones contaminantes en el año 2050.
Entre las medidas propuestas, destaca eximir a ciertas importaciones de la denominada tasa al carbono. Este impuesto se empezó a aplicar en 2023 con un periodo transitorio hasta 2026 con el propósito de abarcar a los sectores más contaminantes como cemento, acero, aluminio, fertilizantes y electricidad.
Tan solo quedan exentos de pagar esta tasa aquellos países que demuestren que su sistema para gravar las emisiones es equivalente al europeo. En esta primera fase, del año 2023 al año 2025, los países tan solo se han visto obligados a informar sobre sus exportaciones y los criterios medioambientales, pero no han debido pagar ninguna tasa con el objetivo de que tuvieran el suficiente tiempo para adaptarse a la situación.
Ahora, Bruselas dice haber aprendido de este periodo transitorio y por eso quiere eximir de esta tasa a los importadores ocasionales. Ha establecido un umbral de 50 toneladas por importador para el aluminio, el acero, el hierro, el cemento y los fertilizantes. Esto supone eliminar de esta obligación al 90% de los importadores (unos 182.000), a la vez que se seguirán cubriendo el 99% de las emisiones.
Según los datos de la Comisión Europea en el año 2021, el 36% de las exportaciones de fertilizantes provienen de Moscú, el 13% del acero y del hierro y el 14% del aluminio. En el caso de China, el 14% de las importaciones de acero y de hierro son originarias del gigante asiático y el 9% del aluminio. Turquía es el mayor exportador de cemento con el 37%.
Además, Bruselas tan solo obligará a las grandes empresas a cumplimentar todos los requisitos sobre prácticas medioambientales y también simplificará los procesos. El objetivo es reducir la burocracia en un 35% para las pequeñas y medianas empresas y en un 25% para las grandes.
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