España va tarde en la rehabilitación de viviendas

La Unión Europea ha puesto fechas para lograr la descarbonización total del parque de viviendas en 2050. Los países deben presentar sus proyectos el 31 diciembre de 2025 y trasponer la directiva el 29 de mayo de 2026. Tal y como está el panorama político en España estas fechas se antojan imposibles.

España lleva años intentando mejorar la eficiencia energética. Las primeras medidas fueron aprobadas por el Gobierno Aznar en 2003 y se implementaron por el Gobierno Zapatero en 2006 con un proyecto impulsado por el ejecutivo en colaboración de las comunidades autónomas. El proyecto fue impulsado por el entonces ministro José Montilla. Aquellas primeras actuaciones se centraron en la renovación de electrodomésticos aunque también se pretendía avanzar en eficiencia energética de las viviendas e, incluso, algunas CCAA han realizado actuaciones concretas como Andalucía que se centró en las viviendas anteriores a 2007, y muchos ayuntamientos han puesto en marcha diferentes iniciativas como Barcelona para rehabilitación de edificios con su Barcelona Posa’t Guapa.

El resultado ha sido pobre y los objetivos no se consiguieron y tampoco se han logrado los mínimos necesarios para la renovación del parque de vivienda con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que tiene como meta lograr 300.000 viviendas rehabilitadas al año para 2030, continuando con este ritmo hasta 2050. ¿Por qué? Porque tenemos un parque muy antiguo con una edad superior a 43,5 años donde ocho de cada 10 viviendas tienen un certificado F o G, los más bajos de la escala. Tomen nota de este dato. Según el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, en 2023 se rehabilitaron en España solo 37.783 casas, un 10% de este objetivo. Los resultados no pueden ser más claros.

Conclusión, no vamos mal, es que vamos peor y como casi siempre vamos tarde. Ahora el objetivo son los aislamientos, las ventanas y los sistemas de calefacción y refrigeración. Actuaciones importantes, pero actuaciones con costes que requieren un gobierno con un plan de actuación que incluya un paquete de ayudas a los propietarios para adaptarse a las nuevas exigencias comunitarias. El ruido, por tanto, está garantizado porque el Gobierno debe contar con la complicidad de CCAA y ayuntamientos porque las realidades de la vivienda son diferentes en función de los territorios. No es lo mismo lo urbano que lo rural, ni las edades de las viviendas en el conjunto de España.

Para afrontar este desafío, no pequeño, la Administración debe ser ambiciosa en sus políticas y utilizar mecanismos e incentivos que fomenten esta transformación de los edificios. Incentivos y también algunas obligaciones. Países como Francia ya han puesto limitaciones de acceso al mercado del alquiler y la compraventa a aquellas viviendas que no cumplan estándares de eficiencia. Por ejemplo, en España el Gobierno podría conjugar los controles de precios de los alquileres topándolos para aquellas viviendas con certificados F o G, fomentando la urgencia de renovación, lo que sería todo un incentivo para los propietarios puedan alquilar sus viviendas a precios competitivos y no sujetos a restricciones por deficiencias energéticas. Y los consistorios podrían actuar penalizando los IBI y los impuestos locales.

Sin olvidar, incentivos a las comunidades de propietarios para continuar poniendo al día el parque de viviendas, porque sin estos incentivos el coste de la renovación es inasumible para muchas familias. Ciertamente se puede decir que la rehabilitación repercutiría, en todos los casos, positivamente en los inmuebles, logrando una revalorización de su vivienda, un menor consumo energético y un hogar moderno y sostenible, pero para conseguirlo hay que hacer una inversión. Obligatoria para quienes quieran acceder al mercado de alquiler pero también para los que no. Por tanto, se necesita un plan de incentivos que hoy por hoy es inexistente. Los plazos apremian porque hasta ahora los resultados son ridículos. El Gobierno, los gobiernos, tienen la palabra y, de momento, no se les oye. En el cuento de Pedro y el lobo, el lobo ya está ahí.

 Los países de la UE deben presentar sus proyectos de descarbonización del parque de viviendas el 31 diciembre de 2025 y trasponer la directiva el 29 de mayo de 2026. En España, 8 de cada 10 inmuebles tienen un certificado F o G  

La Unión Europea ha puesto fechas para lograr la descarbonización total del parque de viviendas en 2050. Los países deben presentar sus proyectos el 31 diciembre de 2025 y trasponer la directiva el 29 de mayo de 2026. Tal y como está el panorama político en España estas fechas se antojan imposibles.

España lleva años intentando mejorar la eficiencia energética. Las primeras medidas fueron aprobadas por el Gobierno Aznar en 2003 y se implementaron por el Gobierno Zapatero en 2006 con un proyecto impulsado por el ejecutivo en colaboración de las comunidades autónomas. El proyecto fue impulsado por el entonces ministro José Montilla. Aquellas primeras actuaciones se centraron en la renovación de electrodomésticos aunque también se pretendía avanzar en eficiencia energética de las viviendas e, incluso, algunas CCAA han realizado actuaciones concretas como Andalucía que se centró en las viviendas anteriores a 2007, y muchos ayuntamientos han puesto en marcha diferentes iniciativas como Barcelona para rehabilitación de edificios con su Barcelona Posa’t Guapa.

El resultado ha sido pobre y los objetivos no se consiguieron y tampoco se han logrado los mínimos necesarios para la renovación del parque de vivienda con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que tiene como meta lograr 300.000 viviendas rehabilitadas al año para 2030, continuando con este ritmo hasta 2050. ¿Por qué? Porque tenemos un parque muy antiguo con una edad superior a 43,5 años donde ocho de cada 10 viviendas tienen un certificado F o G, los más bajos de la escala. Tomen nota de este dato. Según el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, en 2023 se rehabilitaron en España solo 37.783 casas, un 10% de este objetivo. Los resultados no pueden ser más claros.

Conclusión, no vamos mal, es que vamos peor y como casi siempre vamos tarde. Ahora el objetivo son los aislamientos, las ventanas y los sistemas de calefacción y refrigeración. Actuaciones importantes, pero actuaciones con costes que requieren un gobierno con un plan de actuación que incluya un paquete de ayudas a los propietarios para adaptarse a las nuevas exigencias comunitarias. El ruido, por tanto, está garantizado porque el Gobierno debe contar con la complicidad de CCAA y ayuntamientos porque las realidades de la vivienda son diferentes en función de los territorios. No es lo mismo lo urbano que lo rural, ni las edades de las viviendas en el conjunto de España.

Para afrontar este desafío, no pequeño, la Administración debe ser ambiciosa en sus políticas y utilizar mecanismos e incentivos que fomenten esta transformación de los edificios. Incentivos y también algunas obligaciones. Países como Francia ya han puesto limitaciones de acceso al mercado del alquiler y la compraventa a aquellas viviendas que no cumplan estándares de eficiencia. Por ejemplo, en España el Gobierno podría conjugar los controles de precios de los alquileres topándolos para aquellas viviendas con certificados F o G, fomentando la urgencia de renovación, lo que sería todo un incentivo para los propietarios puedan alquilar sus viviendas a precios competitivos y no sujetos a restricciones por deficiencias energéticas. Y los consistorios podrían actuar penalizando los IBI y los impuestos locales.

Sin olvidar, incentivos a las comunidades de propietarios para continuar poniendo al día el parque de viviendas, porque sin estos incentivos el coste de la renovación es inasumible para muchas familias. Ciertamente se puede decir que la rehabilitación repercutiría, en todos los casos, positivamente en los inmuebles, logrando una revalorización de su vivienda, un menor consumo energético y un hogar moderno y sostenible, pero para conseguirlo hay que hacer una inversión. Obligatoria para quienes quieran acceder al mercado de alquiler pero también para los que no. Por tanto, se necesita un plan de incentivos que hoy por hoy es inexistente. Los plazos apremian porque hasta ahora los resultados son ridículos. El Gobierno, los gobiernos, tienen la palabra y, de momento, no se les oye. En el cuento de Pedro y el lobo, el lobo ya está ahí.

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