España no necesita recaudar más impuestos con una reforma fiscal que penaliza a las empresas y a las altas rentas, sino gestionar mejor su gasto público, advierte el Instituto de Estudios Económicos (IEE). Según el Índice de Competitividad Fiscal de Tax Foundation y el IEE, los contribuyentes españoles soportaron en 2023 un esfuerzo fiscal (presión fiscal ajustada al nivel de renta) un 13,7% superior a la media de la Unión Europea. Mientras, en Suecia, país de referencia en materia económica y con impuestos no precisamente bajos, el esfuerzo fiscal fue un 21,2% inferior a la media. En cuanto a las otras tres grandes economías del euro, Italia registró un esfuerzo fiscal un 10,7% superior a la media de los Veintisiete, Francia se situó un 5,5% por encima, mientras que en Alemania fue un 22,2% inferior.
Estos datos demuestran la continua senda ascendente de la presión fiscal es España, siendo el tercer país de la UE que más ha subido los impuestos en cinco años, sólo por detrás de Chipre y Lituania, con un alza de un 1,8% del PIB en el periodo 2018-2022, que contrasta con una reducción del 1,1% del PIB en la Unión Europea en el mismo periodo. En consecuencia, en 2024 la recaudación fiscal alcanzará los 295.000 millones de euros, 95.000 millones más que antes de la pandemia (+47%) por las subidas de impuestos y el efecto de la inflación. Mientras, entre 2019 y 2023 el déficit se deterioró del 3,1% al 3,6% del PIB, elevando consigo la deuda pública desde el 98,2% hasta el 107,7% del PIB.
Pese a todo ello, para el Gobierno todavía hay margen para subir los impuestos al menos cuatro puntos porcentuales del PIB, la brecha de presión fiscal entre España y la media de la Unión Europea, lo que significaría que entrarían en las arcas públicas 60.000 millones más de contribuyentes y empresas al margen de plan presupuestario. Ante estos planes, el presidente del IEE, Íñigo Fernández de Mesa, avisa de que el sistema fiscal español ya es «muy poco competitivo» y ve un «error» plantear nuevas subidas impositivas.
El IEE advierte de que la reforma fiscal que quiere sacar adelante el Gobierno para recibir el quinto pago de los fondos europeos conseguirá el efecto contrario para el que ha sido diseñada: reducirá la recaudación al impulsar la deslocalización de empresas y la huida de inversión y talento. Asimismo, el IEE avisa de que la subida de impuestos a la banca, multinacionales, socimis, diésel y bienes de lujo, entre otros, va en contra de la reforma fiscal que desearía la UE, más centrada en el control del gasto y el crecimiento potencial, que se ve más favorecido por la bajada de impuestos, señala el presidente del IEE. En este sentido, el Índice de Competitividad Fiscal de la Tax Foundation en España, presentado por el IEE, apunta a que España ocupa una de las peores posiciones, la número 33 sobre 38 países analizados, cayendo 10 puntos frente a 2019, cuando se situaba en el puesto 23.
Aunque la presión fiscal en España era del 38,3% en 2022, según datos de Eurostat, 2,8 puntos por debajo que la media de la UE (41,1%), en 2024 la brecha casi cerrará, ya que España alcanzará una presión fiscal del 39%. Además, en esfuerzo fiscal, adaptado a la renta, España se sitúa por encima de la UE. En esta línea, la presión fiscal normativa -carga del gravamen al margen de la recaudación que obtenga- ya es un 17% superior en España que la media de la UE.
El IEE incide en que la diferencia entre la media de la presión fiscal en la UE y España no se debe, en ningún caso, a una menor presión sobre las empresas. En concreto, la recaudación del Impuesto sobre Sociedades supuso, en España, un 2,7% del PIB, y las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social un 9,5% del PIB, que combinadas suponen un 12,2% del PIB. Por su parte, la media de la UE es de un 3,3% en el Impuesto sobre Sociedades y un 7,1% en cotizaciones sociales a cargo de las empresas, es decir, una suma de un 10,4%. España está 1,8 puntos por encima de la media europea. De hecho, las empresas españolas aportan el 32,4% del total de recaudación frente al 25,8% que en promedio aportan las empresas de la UE. El coste de esta diferencia se traduce en un lastre evidente para la inversión y el crecimiento empresarial en España.
El tipo efectivo medio sobre la inversión que afecta a las empresas españolas es uno de los más elevados de toda la UE con el consiguiente encarecimiento del coste de capital empresarial, lo que frena los procesos de inversión empresarial en nuestro país. En concreto, la tasa impositiva efectiva promedio sobre la inversión empresarial en España fue, en 2020, superior en 9,7 puntos porcentuales a la registrada por el conjunto de los países de la UE. En opinión de Fernández de Mesa, no tiene sentido querer aumentar la inversión con fondos europeos y frenarla con más impuestos. A esto se suma un Impuesto sobre Sociedades con un tipo nominal del 25%, notablemente superior a la media de la UE, que se sitúa en el 21,3%. Además, la presión fiscal normativa es un 24,1% más alta que la media europea, lo que ahonda en la desventaja competitiva.
Si la carga tributaria sobre las empresas resulta preocupante, la situación se agrava en el ámbito de la tributación sobre el patrimonio. España se encuentra en una posición 40% menos favorable que la media de la UE, lo que refuerza su imagen como uno de los entornos fiscales más duros del continente. En cuanto al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el tipo máximo en España puede alcanzar el 54%, frente a una media del 39,6% en la UE. Pero el panorama se vuelve aún más severo cuando se combina este tributo con la imposición patrimonial. El efecto conjunto, especialmente en casos sujetos al Impuesto sobre las Grandes Fortunas, puede disparar el tipo efectivo hasta un confiscatorio 60%.
La fiscalidad sobre los dividendos no escapa a esta tendencia restrictiva. Al sumar la carga del Impuesto sobre Sociedades a los beneficios empresariales y el IRPF aplicado a su distribución, el tipo máximo puede llegar al 46%, superando la media europea, que se sitúa en el 41%. Este diferencial, ya considerable, podría incrementarse aún más de prosperar la reciente propuesta del Gobierno para elevar el tipo máximo sobre la renta del ahorro.
Para el IEE, la reforma fiscal planteada por el Gobierno se está usando como «arma política» en lugar de plantear una recaudación justa y efectiva. Dentro de su reforma, el Gobierno de coalición quiere convertir el gravamen temporal a la banca en un impuesto permanente, aunque no cuenta con los apoyos suficientes para hacer lo mismo con el impuesto a las energéticas. Al PSOE también le falta por consensuar con sus socios otras medidas estrella de su reforma fiscal, que sigue en el aire: quiere establecer un tipo mínimo del 15% sobre los beneficios de las multinacionales y grandes empresas (una trasposición de una directiva europea), elevar dos puntos el IRPF a las rentas del capital de más de 300.000 euros, imponer un IVA del 21% a los apartamentos turísticos, suprimir el régimen fiscal especial de las socimis (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliarios), crear un nuevo impuesto para los bienes de lujo, subir el Impuesto sobre Hidrocarburos que igualaría el tipo general del gasóleo con de la gasolina 95 y eliminar la exención a las primas de seguros privados sanitarios
«Simplemente esta reforma, que se ha anunciado y no se ha aprobado, ha hecho que caiga la cotización de las empresas afectadas un 5% y en el ámbito de las socimis, 1.000 millones de euros«, ha advertido Fernández de Mesa. El IEE considera que la reforma del régimen fiscal de las socimis, que amenazan con trasladar sus sedes sociales fuera de España, «puede generar que haya menos promoción de viviendas y, por tanto, se acabe perjudicando el acceso a la vivienda». Por su parte, el director general del IEE, Gregorio Izquierdo, denuncia que, de las medidas que se pretenden sacar adelante, las peores son los impuestos a las empresas y los peores aún son los selectivos y discriminatorios, con nombres y apellidos, refiriéndose a los impuestos extraordinarios a la banca, las energéticas o las socimis. El IEE apunta a que si España bajase su tasa de paro al nivel medio de la UE, podría aumentar su recaudación en 14.400 millones de euros.
Los contribuyentes españoles soportaron en 2023 un esfuerzo fiscal un 13,7% superior a la media de la UE, según un informe del IEE y Tax Foundation. El IEE considera que el sistema fiscal español es muy poco competitivo y ve un error plantear nuevas subidas impositivas
España no necesita recaudar más impuestos con una reforma fiscal que penaliza a las empresas y a las altas rentas, sino gestionar mejor su gasto público, advierte el Instituto de Estudios Económicos (IEE). Según el Índice de Competitividad Fiscal de Tax Foundation y el IEE, los contribuyentes españoles soportaron en 2023 un esfuerzo fiscal (presión fiscal ajustada al nivel de renta) un 13,7% superior a la media de la Unión Europea. Mientras, en Suecia, país de referencia en materia económica y con impuestos no precisamente bajos, el esfuerzo fiscal fue un 21,2% inferior a la media. En cuanto a las otras tres grandes economías del euro, Italia registró un esfuerzo fiscal un 10,7% superior a la media de los Veintisiete, Francia se situó un 5,5% por encima, mientras que en Alemania fue un 22,2% inferior.
Estos datos demuestran la continua senda ascendente de la presión fiscal es España, siendo el tercer país de la UE que más ha subido los impuestos en cinco años, sólo por detrás de Chipre y Lituania, con un alza de un 1,8% del PIB en el periodo 2018-2022, que contrasta con una reducción del 1,1% del PIB en la Unión Europea en el mismo periodo. En consecuencia, en 2024 la recaudación fiscal alcanzará los 295.000 millones de euros, 95.000 millones más que antes de la pandemia (+47%) por las subidas de impuestos y el efecto de la inflación. Mientras, entre 2019 y 2023 el déficit se deterioró del 3,1% al 3,6% del PIB, elevando consigo la deuda pública desde el 98,2% hasta el 107,7% del PIB.
Pese a todo ello, para el Gobierno todavía hay margen para subir los impuestos al menos cuatro puntos porcentuales del PIB, la brecha de presión fiscal entre España y la media de la Unión Europea, lo que significaría que entrarían en las arcas públicas 60.000 millones más de contribuyentes y empresas al margen de plan presupuestario. Ante estos planes, el presidente del IEE, Íñigo Fernández de Mesa, avisa de que el sistema fiscal español ya es «muy poco competitivo» y ve un «error» plantear nuevas subidas impositivas.
El IEE advierte de que la reforma fiscal que quiere sacar adelante el Gobierno para recibir el quinto pago de los fondos europeos conseguirá el efecto contrario para el que ha sido diseñada: reducirá la recaudación al impulsar la deslocalización de empresas y la huida de inversión y talento. Asimismo, el IEE avisa de que la subida de impuestos a la banca, multinacionales, socimis, diésel y bienes de lujo, entre otros, va en contra de la reforma fiscal que desearía la UE, más centrada en el control del gasto y el crecimiento potencial, que se ve más favorecido por la bajada de impuestos, señala el presidente del IEE. En este sentido, el Índice de Competitividad Fiscal de la Tax Foundation en España, presentado por el IEE, apunta a que España ocupa una de las peores posiciones, la número 33 sobre 38 países analizados, cayendo 10 puntos frente a 2019, cuando se situaba en el puesto 23.
Aunque la presión fiscal en España era del 38,3% en 2022, según datos de Eurostat, 2,8 puntos por debajo que la media de la UE (41,1%), en 2024 la brecha casi cerrará, ya que España alcanzará una presión fiscal del 39%. Además, en esfuerzo fiscal, adaptado a la renta, España se sitúa por encima de la UE. En esta línea, la presión fiscal normativa -carga del gravamen al margen de la recaudación que obtenga- ya es un 17% superior en España que la media de la UE.
El IEE incide en que la diferencia entre la media de la presión fiscal en la UE y España no se debe, en ningún caso, a una menor presión sobre las empresas. En concreto, la recaudación del Impuesto sobre Sociedades supuso, en España, un 2,7% del PIB, y las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social un 9,5% del PIB, que combinadas suponen un 12,2% del PIB. Por su parte, la media de la UE es de un 3,3% en el Impuesto sobre Sociedades y un 7,1% en cotizaciones sociales a cargo de las empresas, es decir, una suma de un 10,4%. España está 1,8 puntos por encima de la media europea. De hecho, las empresas españolas aportan el 32,4% del total de recaudación frente al 25,8% que en promedio aportan las empresas de la UE. El coste de esta diferencia se traduce en un lastre evidente para la inversión y el crecimiento empresarial en España.
El tipo efectivo medio sobre la inversión que afecta a las empresas españolas es uno de los más elevados de toda la UE con el consiguiente encarecimiento del coste de capital empresarial, lo que frena los procesos de inversión empresarial en nuestro país. En concreto, la tasa impositiva efectiva promedio sobre la inversión empresarial en España fue, en 2020, superior en 9,7 puntos porcentuales a la registrada por el conjunto de los países de la UE. En opinión de Fernández de Mesa, no tiene sentido querer aumentar la inversión con fondos europeos y frenarla con más impuestos. A esto se suma un Impuesto sobre Sociedades con un tipo nominal del 25%, notablemente superior a la media de la UE, que se sitúa en el 21,3%. Además, la presión fiscal normativa es un 24,1% más alta que la media europea, lo que ahonda en la desventaja competitiva.
Si la carga tributaria sobre las empresas resulta preocupante, la situación se agrava en el ámbito de la tributación sobre el patrimonio. España se encuentra en una posición 40% menos favorable que la media de la UE, lo que refuerza su imagen como uno de los entornos fiscales más duros del continente. En cuanto al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el tipo máximo en España puede alcanzar el 54%, frente a una media del 39,6% en la UE. Pero el panorama se vuelve aún más severo cuando se combina este tributo con la imposición patrimonial. El efecto conjunto, especialmente en casos sujetos al Impuesto sobre las Grandes Fortunas, puede disparar el tipo efectivo hasta un confiscatorio 60%.
La fiscalidad sobre los dividendos no escapa a esta tendencia restrictiva. Al sumar la carga del Impuesto sobre Sociedades a los beneficios empresariales y el IRPF aplicado a su distribución, el tipo máximo puede llegar al 46%, superando la media europea, que se sitúa en el 41%. Este diferencial, ya considerable, podría incrementarse aún más de prosperar la reciente propuesta del Gobierno para elevar el tipo máximo sobre la renta del ahorro.
Para el IEE, la reforma fiscal planteada por el Gobierno se está usando como «arma política» en lugar de plantear una recaudación justa y efectiva. Dentro de su reforma, el Gobierno de coalición quiere convertir el gravamen temporal a la banca en un impuesto permanente, aunque no cuenta con los apoyos suficientes para hacer lo mismo con el impuesto a las energéticas. Al PSOE también le falta por consensuar con sus socios otras medidas estrella de su reforma fiscal, que sigue en el aire: quiere establecer un tipo mínimo del 15% sobre los beneficios de las multinacionales y grandes empresas (una trasposición de una directiva europea), elevar dos puntos el IRPF a las rentas del capital de más de 300.000 euros, imponer un IVA del 21% a los apartamentos turísticos, suprimir el régimen fiscal especial de las socimis (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliarios), crear un nuevo impuesto para los bienes de lujo, subir el Impuesto sobre Hidrocarburos que igualaría el tipo general del gasóleo con de la gasolina 95 y eliminar la exención a las primas de seguros privados sanitarios
«Simplemente esta reforma, que se ha anunciado y no se ha aprobado, ha hecho que caiga la cotización de las empresas afectadas un 5% y en el ámbito de las socimis, 1.000 millones de euros«, ha advertido Fernández de Mesa. El IEE considera que la reforma del régimen fiscal de las socimis, que amenazan con trasladar sus sedes sociales fuera de España, «puede generar que haya menos promoción de viviendas y, por tanto, se acabe perjudicando el acceso a la vivienda». Por su parte, el director general del IEE, Gregorio Izquierdo, denuncia que, de las medidas que se pretenden sacar adelante, las peores son los impuestos a las empresas y los peores aún son los selectivos y discriminatorios, con nombres y apellidos, refiriéndose a los impuestos extraordinarios a la banca, las energéticas o las socimis. El IEE apunta a que si España bajase su tasa de paro al nivel medio de la UE, podría aumentar su recaudación en 14.400 millones de euros.
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