La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha dado hoy un sonoro palo al Gobierno al que acusa de no haber hecho apenas nada en dos años y medio para mejorar la competitividad del sector del transporte de viajeros en autobús. En julio de 2022, Competencia propuso liberalizar las rutas de media y larga distancia, aquellas superiores a los 100 kilómetros, tal como ha sucedido en Italia, Francia, Alemania o Portugal.
El documento también hacía una serie de recomendaciones para mejorar la competitividad del sector. Sin embargo, como ha denunciado hoy Competencia, dos años y medio después «no se han dado pasos hacia la liberalización, el diseño de los pliegos no ha mejorado y muchas concesiones siguen caducadas».
Como detalla la CNMC en su evaluación del seguimiento de sus recomendaciones, el autobús es el medio de transporte regular colectivo más utilizado en España y juega un papel clave en la cohesión territorial y social.
A diferencia de otros países europeos, prosigue, el sector sigue operando bajo un sistema concesional, de modo que las empresas privadas de autobuses prestan el servicio en régimen de monopolio tras la obtención de una concesión administrativa que les otorga la explotación en exclusiva de unas determinadas rutas.
En su estudio de julio de 2022, la CNMC identificó restricciones a la competencia en el diseño de las licitaciones, la gestión de las concesiones y el propio sistema concesional y propuso, entre otros aspectos, liberalizar las rutas de más de 100 kilómetros, revisar los pliegos de licitación para fomentar la competencia, licitar las concesiones caducadas y reducir ineficiencias.
Sin embargo, como detalla la CNMC, en el tiempo que ha pasado desde que se publico el citado análisis, «no se han producido cambios efectivos hacia la liberalización y muchas concesiones siguen caducadas. Además, las nuevas licitaciones siguen con problemas similares a los identificados, como la falta de división en lotes o requisitos excesivos de solvencia técnica y económica».
Competencia asegura que, según la experiencia de otros países europeos, aplicar sus recomendaciones tendría «efectos positivos importantes para los usuarios y las administraciones públicas». Así, asegura que la liberalización de rutas de más de 100 kilómetros conllevaría un aumento de la oferta de rutas y frecuencias y una reducción de costes. Además, añade que la licitación de las concesiones que aún están caducadas o anuladas, y un mejor diseño de los pliegos de licitación, «tendría un efecto relevante sobre la oferta y demanda del servicio y sobre los precios».
A todo ello se suma que, en términos generales, podrían impulsar la economía en general, con efectos positivos en sectores como la fabricación de autobuses, industrias auxiliares, sector de hidrocarburos y de baterías recargables, otros sectores de transporte o sector turístico.
Nuevo mapa concesional
A pesar de las reiteradas reclamaciones de que se liberalice el sector, la política del Gobierno sobre este asunto va por otros derroteros. El Gobierno ha propuesto un nuevo mapa concesional para rutas estatales. El nuevo mapa elimina 456 rutas, un 47,2% del total, con el objetivo, según argumenta el Ministerio de Transportes, de simplificar la estructura estatal de autobuses, de forma que una ruta de largo recorrido no pare en pueblos o ciudades pequeñas para que sea más eficiente y repercuta en un mayor ahorro de tiempo y dinero. Según sus cálculos, las tarifas podrían reducirse hasta en un 20%.
Para responder a la demanda de los usuarios que se suben al autobús en las paradas intermedias de esos pueblos o ciudades pequeñas, el Gobierno pretende que sean las comunidades las que presten los servicios autonómicos necesarios para conectar esas paradas con ciudades más grandes, donde sí pararán las rutas estatales. Para ello, el Estado transferirá 40 millones de euros a las autonomías -25 en compensaciones y otros 15 que estiman de los ingresos una vez empiecen a prestarlos-, pero el PP ha calculado que el gasto real de asumir esas líneas autonómicas será de 110 millones de euros anuales y que lo prometido por el Gobierno será un pago para dos años y, además, temporal.
Desde compañías como FlixBus consideran que, además de la liberalización de las rutas de larga distancia, hay medidas como el cabotaje que permitirían mejorar la competitividad del sector. Esta práctica, que permite el uso limitado de rutas transfronterizas para aprovechar plazas vacías en autobuses internacionales para atender rutas domésticas, no significa liberalizar ni desmantelar el modelo actual, según esta compañía. Sin embargo, añade, «permitiría que los centenares de autobuses internacionales mejoren la conectividad de los ciudadanos, especialmente en zonas cercanas a las fronteras, posibilitando la recogida y bajada de pasajeros entre ciudades españolas».
Esto, añade FlixBus, supondría «una mejora inmediata en el número de frecuencias y rutas y podría ayudar a reducir los precios en ciertas conexiones, aunque sin alcanzar los niveles de una apertura completa del mercado». Países como Bélgica, Países Bajos o Dinamarca tienen modelos concesionales similares al español y permiten desde hace años esto mismo, recuerda la compañía.
El organismo asegura que no se han dado pasos para abrir el mercado, el diseño de los pliegos no ha mejorado y muchas concesiones siguen caducadas
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha dado hoy un sonoro palo al Gobierno al que acusa de no haber hecho apenas nada en dos años y medio para mejorar la competitividad del sector del transporte de viajeros en autobús. En julio de 2022, Competencia propuso liberalizar las rutas de media y larga distancia, aquellas superiores a los 100 kilómetros, tal como ha sucedido en Italia, Francia, Alemania o Portugal.
El documento también hacía una serie de recomendaciones para mejorar la competitividad del sector. Sin embargo, como ha denunciado hoy Competencia, dos años y medio después «no se han dado pasos hacia la liberalización, el diseño de los pliegos no ha mejorado y muchas concesiones siguen caducadas».
Como detalla la CNMC en su evaluación del seguimiento de sus recomendaciones, el autobús es el medio de transporte regular colectivo más utilizado en España y juega un papel clave en la cohesión territorial y social.
A diferencia de otros países europeos, prosigue, el sector sigue operando bajo un sistema concesional, de modo que las empresas privadas de autobuses prestan el servicio en régimen de monopolio tras la obtención de una concesión administrativa que les otorga la explotación en exclusiva de unas determinadas rutas.
En su estudio de julio de 2022, la CNMC identificó restricciones a la competencia en el diseño de las licitaciones, la gestión de las concesiones y el propio sistema concesional y propuso, entre otros aspectos, liberalizar las rutas de más de 100 kilómetros, revisar los pliegos de licitación para fomentar la competencia, licitar las concesiones caducadas y reducir ineficiencias.
Sin embargo, como detalla la CNMC, en el tiempo que ha pasado desde que se publico el citado análisis, «no se han producido cambios efectivos hacia la liberalización y muchas concesiones siguen caducadas. Además, las nuevas licitaciones siguen con problemas similares a los identificados, como la falta de división en lotes o requisitos excesivos de solvencia técnica y económica».
Competencia asegura que, según la experiencia de otros países europeos, aplicar sus recomendaciones tendría «efectos positivos importantes para los usuarios y las administraciones públicas». Así, asegura que la liberalización de rutas de más de 100 kilómetros conllevaría un aumento de la oferta de rutas y frecuencias y una reducción de costes. Además, añade que la licitación de las concesiones que aún están caducadas o anuladas, y un mejor diseño de los pliegos de licitación, «tendría un efecto relevante sobre la oferta y demanda del servicio y sobre los precios».
A todo ello se suma que, en términos generales, podrían impulsar la economía en general, con efectos positivos en sectores como la fabricación de autobuses, industrias auxiliares, sector de hidrocarburos y de baterías recargables, otros sectores de transporte o sector turístico.
Nuevo mapa concesional
A pesar de las reiteradas reclamaciones de que se liberalice el sector, la política del Gobierno sobre este asunto va por otros derroteros. El Gobierno ha propuesto un nuevo mapa concesional para rutas estatales. El nuevo mapa elimina 456 rutas, un 47,2% del total, con el objetivo, según argumenta el Ministerio de Transportes, de simplificar la estructura estatal de autobuses, de forma que una ruta de largo recorrido no pare en pueblos o ciudades pequeñas para que sea más eficiente y repercuta en un mayor ahorro de tiempo y dinero. Según sus cálculos, las tarifas podrían reducirse hasta en un 20%.
Para responder a la demanda de los usuarios que se suben al autobús en las paradas intermedias de esos pueblos o ciudades pequeñas, el Gobierno pretende que sean las comunidades las que presten los servicios autonómicos necesarios para conectar esas paradas con ciudades más grandes, donde sí pararán las rutas estatales. Para ello, el Estado transferirá 40 millones de euros a las autonomías -25 en compensaciones y otros 15 que estiman de los ingresos una vez empiecen a prestarlos-, pero el PP ha calculado que el gasto real de asumir esas líneas autonómicas será de 110 millones de euros anuales y que lo prometido por el Gobierno será un pago para dos años y, además, temporal.
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