Este miércoles se termina el plazo para que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso firme con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades el Programa María Goyri que inyectaría a los asfixiados campus públicos de Madrid 169,8 millones de euros del Estado a través de la contratación de 656 profesores ayudantes doctor durante seis años, pero esto no ocurrirá. Antes tendría que pasar por un consejo de gobierno de la Comunidad y no se ha comunicado al ministerio la intención de firmar y los reproches a este son públicos. A cambio de este desembolso ministerial ―inédito porque las competencias en universidad son autonómicas―, el Ejecutivo madrileño tendría que contratar a otros 435 ayudantes doctor, con una inversión de 112,3 millones durante esos seis años y comprometerse a estabilizar a la totalidad (1.091 científicos) hasta el final de sus carreras profesionales. La ministra Diana Morant ha enviado una carta a Ayuso de tono muy duro y a la que ha accedido este diario: “Le pido encarecidamente que rectifique y con ello se sume a la senda de la colaboración y entendimiento en defensa de las universidades públicas”. Si finalmente se aviniese a suscribir el programa, podrían beneficiarse de la partida desde 2026, pero ya no en 2025 como el resto.
La ministra de Ciencia envía una carta a la presidenta de Madrid en la que sostiene que “perjudica seriamente” a los campus públicos
Este miércoles se termina el plazo para que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso firme con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades el Programa María Goyri que inyectaría a los asfixiados campus públicos de Madrid 169,8 millones de euros del Estado a través de la contratación de 656 profesores ayudantes doctor durante seis años, pero esto no ocurrirá. Antes tendría que pasar por un consejo de gobierno de la Comunidad y no se ha comunicado al ministerio la intención de firmar y los reproches a este son públicos. A cambio de este desembolso ministerial ―inédito porque las competencias en universidad son autonómicas―, el Ejecutivo madrileño tendría que contratar a otros 435 ayudantes doctor, con una inversión de 112,3 millones durante esos seis años y comprometerse a estabilizar a la totalidad (1.091 científicos) hasta el final de sus carreras profesionales. La ministra Diana Morant ha enviado una carta a Ayuso de tono muy duro y a la que ha accedido este diario: “Le pido encarecidamente que rectifique y con ello se sume a la senda de la colaboración y entendimiento en defensa de las universidades públicas”. Si finalmente se aviniese a suscribir el programa, podrían beneficiarse de la partida desde 2026, pero ya no en 2025 como el resto.
Morant sostiene en su misiva que “no es comprensible ni explicable una decisión como esta, ya que perjudica seriamente a las universidades públicas madrileñas al perder la posibilidad de incorporar más de 1.000 profesores” y asegura que su “sorpresa es aún mayor, cuando en este momento hay acuerdo con todas las comunidades autónomas menos con la suya”.
La ministra le recuerda a Ayuso que la temporalidad en las plantillas de profesorado madrileñas alcanza el 47,63%. En su opinión, este rechazo de plano a cofinanciar nóminas impide el “rejuvenecimiento y modernización, para garantizar con ello su capacidad de desarrollar con calidad la docencia y la investigación”. Con la partida que reciben del Gobierno autonómico, los rectores madrileños (Complutense, Autónoma, Politécnica, Alcalá, Rey Juan Carlos y Carlos III) aseguran que no cubren los sueldos (lo consiguen con las tasas de las familias pero no queda apenas dinero para gastos corrientes y actividades varias).
Morant aprovecha su carta para hacer una radiografía del sistema universitario madrileño: “Las transferencias corrientes de su Gobierno para financiar a las universidades públicas en los 15 años que median entre 2009 y 2024, solo han aumentado un 5%, cuando el IPC registra un aumento acumulado del 34,9%”. Una pérdida de capacidad financiera “manifiesta e indiscutible” a ojos de la ministra que remacha: “Las transferencias por estudiante son un 21% más bajas que la media de todas las universidades públicas españolas, y no llegan ni a la mitad del valor medio de las universidades públicas de la Unión Europea”.
Los rectores madrileños han presionado sin éxito a la consejería para que firmase. Esta negativa de Ayuso ahonda su crisis, pues con la partida autonómica congelada desde 2009 a duras penas abren cada día. En un acto organizado por La Uni en la calle el pasado jueves, la vicerrectora de Economía de la Complutense, Begoña García Greciano, se pronunció sobre el tijeretazo: “Se va a notar en la docencia y en la investigación. No vamos a poder reponer el profesorado si no se firma el acuerdo María Goyri, con lo cual, puede que haya aulas masificadas”.
Catorce comunidades ya han suscrito el programa que cuenta con una asignación de 900 millones del Estado a repartir en seis años. Es la primera vez en la historia que de forma indirecta el Gobierno central sufraga sueldos de profesores universitarios “La firma del convenio con Castilla y León tendrá lugar después del 4 de diciembre y, por lo tanto, no podrá acceder a la financiación prevista para este año 2024 [gastarán la partida desde 2026 y hasta 2032]; y en el caso de País Vasco, se gestionará a través de la Comisión Mixta del Concierto Económico”, ha explicado el ministerio en un comunicado de prensa.
En julio el Gobierno de Madrid afirmó que firmarían el acuerdo, como el resto. Con esta medida el Gobierno central pretende rebajar la tasa de temporalidad (asociada a la precariedad) de las plantillas de las universidades públicas españolas, que alcanza casi a la mitad (49%) del profesorado. El compromiso con Bruselas es de rebajar por debajo del 8% la temporalidad en el sector público en España (12,5% de media).
El Gobierno central legisla y las comunidades, que tienen las competencias universitarias transferidas, se ven obligadas a poner el dinero para aplicar sus normas. El exconsejero madrileño Enrique Ossorio lo describía como un “Tú invitas, que yo ya pago la fiesta”. Ello ha llevado a muchas autonomías a quejarse ―incluido el presidente castellano-manchego Emiliano García Page, del PSOE, que aseguró que acudiría a los tribunales―, porque la inversión en salarios (también con las subidas de las nóminas por la inflación o las convocatorias de complementos que premian la producción científica o la transferencia de conocimientos, conocidos como sexenios) descuadra los presupuestos de las universidades y obliga a aumentarlos. Pero a nadie se le escapa que las plantillas, en especial en los peldaños más bajos, no están bien pagadas en España, lo que provoca que haya una fuga de talentos.
Conscientes de ese enfado autonómico, el Gobierno propuso a los consejeros autonómicos el contrato de 1.300 profesores ayudante doctor, pero fue subiendo la cifra hasta 3.400. Los gobiernos del PP se resistieron durante semanas ―pretendían que el ministerio asumiese el 100% del desembolso―, pero claudicaron cuando Morant se plantó.
El consejero de Madrid, Emilio Viciana, plasmó en junio su indignación por el acuerdo en un artículo del portal El Debate, pero luego pasó por el aro días más tarde. “Estamos ante una extorsión que obliga a firmar un manifiesto ideológico de adhesión a las políticas de [el presidente Pedro] Sánchez para poder recibir dinero que el ministerio está obligado a dar; una trampa para la autonomía universitaria”, afirmó. “Una hipoteca inasumible para las arcas autonómicas (600 millones durante los próximos seis años)”. En realidad, el sueldo de 435 ayudantes doctor supondría a Madrid unos 18,7 millones al año ―se prevé una inversión de 43.000 euros por plaza―, unos 112,2 millones en los seis años. En términos muy parecidos a los de Viciana se pronunció el director general de universidades, Nicolás Casas, en la Asamblea de Madrid recientemente.
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